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Código Penal peruano [actualizado 2023]

Contiene las últimas modificaciones del Decreto Legislativo 1585 publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de noviembre de 2023.

Por

LP • Pasión por el Derecho

22 noviembre, 2023

388716

Compartimos con ustedes el Código Penal del Perú (Decreto Legislativo 635), promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril del mismo año. Este texto está actualizado al mes de noviembre de 2023 y contiene las últimas modificaciones del Decreto Legislativo 1585 publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de noviembre de 2023.

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Contenido

TÍTULO PRELIMINAR: Principios Generales

LIBRO PRIMERO: Parte General

TÍTULO I: De la Ley Penal (artículo 1 al 10)
Capítulo I: Aplicación espacial (artículo 1 al 5)
Capítulo II: Aplicación temporal (artículo 6 al 9)
Capítulo III: Aplicación personal (artículo 10)

TÍTULO II: Del Hecho Punible (artículo 11 al 27)
Capítulo I: Bases de la punibilidad (artículo 11 al 15)
Capítulo II: Tentativa (artículo 16 al 19)
Capítulo III: Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal (artículo 20 al 22)
Capítulo IV: Autoría y participación (artículo 23 al 27)

TÍTULO III: De las Penas (artículo 28 al 70)
Capítulo I: Clases de pena (artículo 28 al 44)
Capítulo II: Aplicación de la pena (artículo 45 al 51)
Capítulo III: De las conversiones (artículo 52 al 26)
Capítulo IV: Suspensión de la ejecución de la pena (artículo 57 al 61)
Capítulo V: Reserva del fallo condenatorio (artículo 62 al 67)
Capítulo VI: Exención de pena (artículo 68)
Capítulo VII: Rehabilitación (artículo 69 al 70)

TÍTULO IV: De las medidas de seguridad (artículo 71 al 77)

TÍTULO V: Extinción de la acción penal y de la pena (artículo 78 al 91)

TÍTULO VI: De la reparación civil y consecuencias accesorias (artículo 92 al 105)
Capítulo I. Reparación civil (artículo 92 al 101)
Capítulo II. Consecuencias accesorias (artículo 102 al 105)

LIBRO SEGUNDO: Parte Especial – Delitos

TÍTULO I: Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (artículo 106 al 129)
Capítulo I: Homicidio (artículo 106 al 113)
Capítulo II: Aborto (artículo 114 al 120)
Capítulo III: Lesiones (artículo 121 al 124)
Capítulo IV: Exposición a peligro o abandono de personas en peligro (artículo 125 al 129)

TÍTULO I-A: Delitos contra la dignidad humana (artículo 129-A al 129-P)
Capítulo I: Trata de personas (artículo 129-A al 129-B)
Capítulo II: Explotación (artículo 129-C al 129-P)

TÍTULO II: Delitos Contra el Honor (artículo 130 al 138)
Capítulo Único: Injuria, calumnia y difamación (artículo 130 al 138)

TÍTULO III: Delitos Contra la Familia (artículo 139 al 150)
Capítulo I: Matrimonios ilegales (artículo 139 al 142)
Capítulo II: Delitos contra el estado civil (artículo 143 al 146)
Capítulo III: Atentados contra la patria potestad (artículo 147 al 148)
Capítulo IV: Omisión de asistencia familiar (artículo 149 al 150)

TÍTULO IV: Delitos Contra la Libertad (Artículo 151 al 184)
Capítulo I: Violación de la libertad personal (Artículo 151 al 153)
Capítulo II: Violación de la intimidad (Artículo 154 al 158)
Capítulo III: Violación de domicilio (Artículo 159 al 160)
Capítulo IV: Violación del secreto de las comunicaciones (Artículo 161 al 164)
Capítulo V: Violación del secreto profesional (Artículo 165)
Capítulo VI: Violación de la libertad de reunión (Artículo 166 al 167)
Capítulo VII: Violación de la libertad de trabajo (Artículo 168)
Capítulo VIII: Violación de la libertad de expresión (Artículo 169)
Capítulo IX: Violación de la libertad sexual (Artículo 170 al 178)
Capítulo X: Proxenetismo (Artículo 179 al 182)
Capítulo XI: Ofensas al pudor público (Artículo 183 al 183-A)
Capítulo XII: Disposición común (Artículo 184)

TÍTULO V: Delitos Contra el Patrimonio (Artículo 185 al 208)
Capítulo I: Hurto (Artículo 185 al 187)
Capítulo II: Robo (Artículo 188 al 189)
Capítulo II-A: Abigeato (Artículo 189-A al 189-C)
Capítulo III: Apropiación Ilícita (Artículo 190 al 193)
Capítulo IV: Receptación (Artículo 194 al 195)
Capítulo V: Estafa y otras defraudaciones (Artículo 196 al 197)
Capítulo VI: Fraude en la administración de personas jurídicas (Artículo 198 al 199)
Capítulo VII: Extorsión (Artículo 200 al 201)
Capítulo VIII: Usurpación (Artículo 202 al 204)
Capítulo IX: Daños (Artículo 205 al 206)
Capítulo X: Delitos Informáticos (Artículo 207-A al 207-C)
Capítulo XI: Disposición común (Artículo 208)

TÍTULO VI: Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los negocios (Artículo 209 al 215)
Capítulo I: Atentados contra el sistema crediticio (Artículo 209 al 213)
Capítulo II: Usura (Artículo 214)
Capítulo III: Libramiento y cobro indebido (Artículo 215)

TÍTULO VII : Delitos Contra los Derechos Intelectuales (Artículo 216 al 225)
Capítulo I: Delitos contra los derechos de autor y conexos (Artículo 216 al 221)
Capítulo II: Delitos contra la propiedad industrial (Artículo 222 al 225)

TÍTULO VIII: Delitos Contra el Patrimonio Cultural (Artículo 226 al 231)
Capítulo Único: Delitos contra los bienes culturales (Artículo 226 al 231)

TÍTULO IX: Delitos Contra el Orden Económico (Artículo 232 al 243)
Capítulo I: Abuso del poder económico (Artículo 232)
Capítulo II: Acaparamiento, especulación, adulteración (Artículo 233 al 236)
Capítulo III: Venta ilícita de mercaderías (Artículo 237)
Capítulo IV: De otros delitos económicos (Artículo 238 al 243)
Capítulo V: Desempeño de actividades no autorizadas (Artículo 243-B)

TÍTULO X: Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario (Artículo 244 al 261)
Capítulo I: Delitos financieros (Artículo 244 al 251)
Capítulo II: Delitos monetarios (Artículo 252 al 261)

TÍTULO XI: Delitos Tributarios (Artículo 262 al 272)
Capítulo I: Contrabando (Artículos 262 al 264) (Derogado)
Capítulo II: Defraudación Fiscal (Artículos 265 al 267) (Derogado)
Capítulo III: Elaboración y comercio clandestino de productos (Artículo 271 al 272)

TÍTULO XII: Delitos Contra la Seguridad Pública (Artículo 273 al 303-A)
Capítulo I: Delitos de peligro común (Artículo 273 al 279)
Capítulo II: Delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos (Art. 280 al 285)
Capítulo III: Delitos contra la salud pública (Artículo 286 al 303)
Capítulo IV: Delitos contra el orden migratorio (Artículo 303-A)

TÍTULO XIII: Delitos Ambientales (Artículo 304 al 314-D)
Capítulo I: Delitos de Contaminación (Artículo 304 al 307-F)
Capítulo II: Delitos contra los Recursos Naturales (Artículo 308 al 313)
Capítulo III: Responsabilidad Funcional e Información Falsa (Artículo 314 al 314-B)
Capítulo IV: Medidas Cautelares y Exclusión o Reducción de Penas (Artículo 314-C al 314-D)

TÍTULO XIV: Delitos Contra la Tranquilidad Pública (Artículo 315 al 318)
Capítulo I: Delitos contra la paz pública (Artículo 315 al 318)
Capítulo II: Terrorismo (Derogado)

TÍTULO XIV-A: Delitos Contra la Humanidad (Artículo 319 al 324)
Capítulo I: Genocidio (Artículo 319)
Capítulo II: Desaparición forzada (Artículo 320)
Capítulo III: Tortura (Artículo 321 al 322)
Capítulo IV: Discriminación (Artículo 323)
Capítulo V: Manipulación Genética (Artículo 324)

TÍTULO XV: Delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional (Artículo 325 al 345)
Capítulo I: Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria (Artículo 325 al 334)
Capítulo II: Delitos que comprometen las relaciones exteriores del estado (Artículo 335 al 343)
Capítulo III: Delitos contra los símbolos y valores de la patria (Artículo 344 al 345)

TÍTULO XVI: Delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional (Artículo 346 al 353)
Capítulo I: Rebelión, sedición y motín (Artículo 346 al 350)
Capítulo II: Disposiciones comunes (Artículo 351 al 353)

TÍTULO XVII: Delitos Contra la Voluntad Popular (Artículo 354 al 360)
Capítulo I: Delitos contra el derecho de sufragio (Artículo 354 al 360)
Capítulo II: Delitos contra la participación democrática (Artículo 359-A al 359-C)

TÍTULO XVIII: Delitos Contra la Administración Pública (Artículo 361 al 426)
Capítulo I: Delitos cometidos por particulares (Artículo 361 al 375)
Capítulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos (Artículo 376 al 401)
Capítulo III: Delitos contra la administración de justicia (Artículo 402 al 424)
Capítulo IV: Disposiciones comunes (Artículo 425 al 426)

TÍTULO XIX: Delitos Contra la Fe Pública (Artículo 427 al 439)
Capítulo I: Falsificación de documentos en general (Artículo 427 al 433)
Capítulo II: Falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales (Artículo 434 al 437)
Capítulo III: Disposiciones comunes (Artículo 438 al 439)

LIBRO TERCERO : Faltas

TÍTULO I: Disposiciones Fundamentales (Artículo 440)

TÍTULO II: Faltas Contra la Persona (Artículo 441 al 443)

TÍTULO III: Faltas Contra el Patrimonio (Artículo 444 al 448)

TÍTULO IV: Faltas Contra las Buenas Costumbres (Artículo 449 al 450)

TÍTULO V: Faltas Contra la Seguridad Pública (Artículo 451)

TÍTULO VI: Faltas Contra la Tranquilidad Pública (Artículo 452)

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CÓDIGO PENAL
DECRETO LEGISLATIVO 635

Título Preliminar

PRINCIPIOS GENERALES

Finalidad Preventiva

Artículo I.- Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad.

Ver jurisprudencia aquí.

Principio de Legalidad

Artículo II.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella.

Ver jurisprudencia aquí.

Prohibición de la Analogía

Artículo III.- No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde.

Ver jurisprudencia aquí.

Principio de Lesividad

Artículo IV.- La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Garantía Jurisdiccional

Artículo V.- Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Principio de Garantía de Ejecución

Artículo VI.- No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente.

Ver jurisprudencia aquí.

Responsabilidad Penal

Artículo VII.- La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

Ver jurisprudencia aquí.

Proporcionalidad de las sanciones*

Artículo VIII.- La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes.

* Artículo modificado por la Ley 28730, publicado el 13 de mayo de 2006 (link: bit.ly/3qpbK5j)

Ver jurisprudencia aquí.

Fines de la Pena y Medidas de Seguridad

Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

Ver jurisprudencia aquí.

Aplicación Supletoria de la Ley Penal

Artículo X.- Las normas generales de este Código son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales.

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO I: DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I: APLICACIÓN ESPACIAL

Artículo 1.- Principio de Territorialidad

La Ley Penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el Derecho Internacional.
También se aplica a los hechos punibles cometidos en:

1. Las naves o aeronaves nacionales públicas, en donde se encuentren; y,

2. Las naves o aeronaves nacionales privadas, que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 2.- Principio de Extraterritorialidad, Principio Real o de Defensa y Principio de Personalidad Activa y Pasiva*

La Ley Penal peruana se aplica a todo delito cometido en el extranjero, cuando:

1. El agente es funcionario o servidor público en desempeño de su cargo.

2. Atenta contra la seguridad o la tranquilidad pública o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos, siempre que produzcan sus efectos en el territorio de la República.

3. Agravia al Estado y la defensa nacional; a los Poderes del Estado y el orden constitucional o al orden monetario.

4. Es perpetrado contra peruano o por peruano y el delito esté previsto como susceptible de extradición según la Ley peruana, siempre que sea punible también en el Estado en que se cometió y el agente ingresa de cualquier manera al territorio de la República.

5. Se trate del delito de cohecho activo transnacional perpetrado por peruano o representante de una persona jurídica domiciliada en el Perú.

6. El Perú está obligado a reprimir conforme a tratados internacionales.

* Artículo modificado por el DL 982, publicaado el 22 de julio de 2007 (link: bit.ly/3KkLEqP); y por la Ley 31501, publicada el 29 de junio de 2022 (link: bit.ly/45cxP64).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 3.- Principio de Representación

La Ley Penal peruana podrá aplicarse cuando, solicitada la extradición, no se entregue al agente a la autoridad competente de un Estado extranjero.

Artículo 4.- Excepciones al Principio de Extraterritorialidad

Las disposiciones contenidas en el Artículo 2, incisos 2, 3, 4 y 5, no se aplican:

1. Cuando se ha extinguido la acción penal conforme a una u otra legislación;

2. Cuando se trata de delitos políticos o hechos conexos con ellos; y,

3. Cuando el procesado ha sido absuelto en el extranjero o el condenado ha cumplido la pena o ésta se halla prescrita o remitida.

Si el agente no ha cumplido totalmente la pena impuesta, puede renovarse el proceso ante los tribunales de la República, pero se computará la parte de la pena cumplida.

Artículo 5.- Principio de Ubicuidad

El lugar de comisión de un delito es aquél en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar o en el que se producen sus efectos.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO II: APLICACIÓN TEMPORAL

Artículo 6.- Principio de Combinación

La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales.

Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 7.- Retroactividad benigna

Si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 8.- Leyes temporales

Las leyes destinadas a regir sólo durante un tiempo determinado se aplican a todos los hechos cometidos durante su vigencia, aunque ya no estuvieren en vigor, salvo disposición en contrario.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 9.- Momento de comisión del delito

El momento de la comisión de un delito es aquél en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO III: APLICACIÓN PERSONAL

Artículo 10.- Principio de Igualdad

La Ley Penal se aplica con igualdad. Las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales.

Ver jurisprudencia aquí.

TÍTULO II: DEL HECHO PUNIBLE

CAPÍTULO I: BASES DE LA PUNIBILIDAD

Artículo 11.- Delitos y faltas

Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 12.- Delito doloso y delito culposo

Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa.

El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 13.- Omisión impropia

El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado:

1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo.

2. Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer.

La pena del omiso podrá ser atenuada.

*Artículo modificado por la Ley 26682, publicada el 11 de noviembre de 1996 (link: bit.ly/3qiHE3w).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 14.- Error de tipo y error de prohibición

El error sobre un elemento del tipo penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley.

El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 15.- Error de comprensión culturalmente condicionado*

El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena.

Lo dispuesto en el primer párrafo será aplicable siguiendo los lineamientos para procesos penales interculturales señalados por la judicatura para los casos de la comisión de los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo cometidos en perjuicio de menores de catorce años y de mayores de catorce años cuando estos no hayan prestado su libre consentimiento.

* Artículo modificado por la Ley 30838, publicada el 4 de agosto de 2018 (link: bit.ly/3rTMhBE).

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO II: TENTATIVA

Artículo 16.- Tentativa

En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo.

El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 17.- Tentativa impune

No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 18.- Desistimiento voluntario – Arrepentimiento activo

Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado sólo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 19.- Participación de varios agentes en la tentativa

Si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquél que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquél que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO III: CAUSAS QUE EXIMEN O ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 20.- Inimputabilidad*

Está exento de responsabilidad penal:

1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión;

2. El menor de 18 años.

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y

b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro;

5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación.

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica;

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza;

7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor;

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo;

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición.

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

* Artículo modificado por los siguientes dispositivos:

D-L 25564, publicado el 20 de junio de 1992 (link: bit.ly/3KsVnf4)
Ley 26447, publicada el 21 de abril de 1995 (link: bit.ly/3rMVnzR)
Ley 27936, publicada el 12 de febrero de 2003 (link: bit.ly/3rY7333)
DL 982, publicado el 22 de julio de 2007 (link: bit.ly/3KkLEqP)
Ley 30151, publicada el 13 de enero de 2014 (link: bit.ly/3OFRKol)
Ley 31012, publicada el 28 de marzo de 2020 (link: bit.ly/ 3Oo9sLV)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 21.- Responsabilidad restringida

En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 22.- Responsabilidad restringida por la edad*

Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo.

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.

* Artículo modificado por la Ley 27024, publicada el 25 de diciembre de 1998 (link: bit.ly/3qkXEC3); por la Ley 29439, publicada el 19 de noviembre de 109 (link: bit.ly/47jMo9W); por la Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44HMrq); y por el DL 1181, publicado el 27 de julio de 2015 (link: bit.ly/3OFGzMw).

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO IV: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Artículo 23.-Autoría, autoría mediata y coautoría

El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 24.- Instigación

El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 25.- Complicidad primaria y complicidad secundaria*

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena.

El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él.

*Artículo modificado por el DL 1351, publicada el 7 de enero de 2017 (link: bit.ly/3Oi8YGX).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 26.- Incomunicabilidad en las circunstancias de participación

Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores y partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 27.- Actuación en nombre de otro

El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada.

Ver jurisprudencia aquí.

TÍTULO III: DE LAS PENAS

CAPÍTULO I: CLASES DE PENA

Artículo 28.- Clases de Pena

Las penas aplicables de conformidad con este Código son:

– Privativa de libertad;

– Restrictivas de libertad;

– Limitativas de derechos; y

– Multa.

Ver jurisprudencia aquí.

SECCIÓN I: PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad*

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años.

* Artículo modificado por el D-L 25475, publicada el 6 de mayo de 1992 (link: bit.ly/3DTWCA2); por la Ley 26360, publicada el 29 de setiembre de 1994 (link: bit.ly/3DI5wAM); por el DL 895, publicado el 23 de mayo de 1998 (link: bit.ly/47hUWOa); y por el DL 982, publicado el 22 de julio de 2007 (link: bit.ly/3KkLEqP)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 29-A.- Cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal*

La pena de vigilancia electrónica personal se cumple de la siguiente forma:

1. La ejecución se realiza en el domicilio o lugar que señale el condenado, a partir del cual se determina su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito, sujeto a aprobación del Juez.

2. La persona condenada está sujeta a vigilancia electrónica personal, para lo cual el Juez fija las reglas de conducta previstas en la ley, así como todas aquellas que considere necesarias para asegurar la idoneidad del mecanismo de control.

3. El cómputo de la aplicación de la vigilancia electrónica personal es a razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal.

4. No procede imponer la pena de vigilancia electrónica personal a quien haya sido anteriormente condenado por delito doloso, siempre que sea considerado como reincidente o habitual, conforme a lo dispuesto por los artículos 46-B y 46-C del Código Penal.

5. Para imponer la pena de vigilancia electrónica personal, el Juez debe valorar las condiciones, previamente acreditadas, de vida personal, laboral, familiar o social, de la persona condenada; así como, de ser el caso, si estas se encuentran en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los mayores de 65 años.

b) Los que sufran de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal.

c) Los que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento.

d) Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. Igual tratamiento tendrán durante los doce meses siguientes a la fecha del nacimiento.

e) La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo tratamiento.

* Artículo incorporado por la Ley 29499, publicada el 19 de enero de 2010 (link: bit.ly/45eUw9s), y luego modificado por el DL 1514, publicado el 4 de junio de 2020 (link: bit.ly/47iiOkK).

Ver jurisprudencia aquí.

SECCIÓN II: PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

Artículo 30.- Pena restrictiva de la libertad*

La pena restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso.

En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta.

* Artículo modificado por la Ley 29460, publicada el 27 de noviembre de 2009 (link: bit.ly/3rXiVCk); y por la Ley 30219, publicada el 8 de julio de 2014 (link: bit.ly/3KvhykD).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 30-A.- Aplicación de la pena restrictiva de libertad como pena accesoria*

La expulsión regulada en el artículo 30 se aplica como pena accesoria en los delitos tipificados en los siguientes artículos: 106, 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 111, 121, 122, 122-B, 129-A, 129-B,129-C, 129-D, 129-F, 129-G, 129-H, 129-I, 129-J, 129-K, 129-L, 129-M, 129-N, 129-Ñ, 129-O, 152 ,170, 171, 172, 173,174,176-A,176-B,176-C,177,179,180,181, 181-B, 185, 186,188,189,194,195, 196,196-A,200, 279,283, 315 y 317.

* Artículo incorporado por el DL 1573, publicado el 5 de octubre de 2023 (link: bit.ly/45rlsCY).

SECCIÓN III: PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Artículo 31.- Penas limitativas de derechos – Clases

Las penas limitativas de derechos son:

1. Prestación de servicios a la comunidad;

2. Limitación de días libres; e

3. Inhabilitación.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 32. Formas de aplicación*

Las penas limitativas de derechos previstas en los dos primeros numerales del artículo 31 se aplican como autónomas cuando están específicamente señaladas para cada delito y también como sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a criterio del juez no sea superior a cinco años.

* Artículo modificado por la Ley 27186, publicada el 20 de octubre de 1999 (link: bit.ly/3KmyzgH); y por el DL 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023 (link: https://bit.ly/3ST0tpP).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 33.- Duración de las penas limitativas de derechos como penas sustitutas

La duración de las penas de prestación de servicios a la comunidad y limitativa de días libres se fijará, cuando se apliquen como sustitutivas de la pena privativa de libertad, de acuerdo con las equivalencias establecidas en el artículo 52.

Artículo 34.- Prestación de servicios a la comunidad*

34.1. La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos.

34.2. La pena de prestación de servicios a la comunidad también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales.

34.3. Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, entre los días sábados, domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la jornada normal de su trabajo habitual.

34.4. El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días hábiles semanales, computándose la jornada correspondiente.

34.5 Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de servicios semanales, salvo disposición distinta de la ley.

34.6 La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios.

* Artículo modificado por el DL 1191, publicada el 22 de agosto de 2015 (link: bit.ly/3s160iz)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 35.- Limitación de días libres*

35.1. La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados, hasta por un máximo de diez horas semanales, a disposición de una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral o culturales.

35.2. La pena de limitación días libres también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales.

35.3. Esta pena se extiende de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de limitación semanales, salvo disposición distinta de la ley.

35.4. Durante este tiempo, el condenado recibe orientaciones y realiza actividades adecuadas e idóneas para su rehabilitación y formación.

35.5 La ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes establecen los procedimientos de supervisión y cumplimiento de la pena de limitación de días libres.

* Artículo modificado por el DL 1191, publicada el 22 de agosto de 2015 (link: bit.ly/3s160iz)

Artículo 36. Inhabilitación*

La inhabilitación produce, según disponga la sentencia:

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular;

2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;

3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia;

4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia;

5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela;

6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas.

7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo;

8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito;

9. Incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica, centros de educación técnico- productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, Direcciones o Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y, en general, en toda institución u organismo educativo, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollan actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivo, artístico y cultural; así como, para ejercer actividad, profesión, ocupación u oficio que implique la enseñanza, el cuidado, vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes o del alumnado de educación superior tanto técnica como universitaria; respecto de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, incluido el grado de tentativa, por cualquiera de los siguientes delitos:

a) Delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley N° 25475 y delito de apología del terrorismo tipificado en el artículo 316-A del Código Penal.

b) Delitos de violación de la libertad sexual tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

c) Delitos de proxenetismo tipificados en el Capítulo X del Título IV del Libro Segundo del Código Penal.

d) Delito de pornografía infantil tipificado en el artículo 183 A del Código Penal.

e) Delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos tipificado en el artículo 5 de la Ley N° 30096.

f) Delito de trata de personas y sus formas agravadas, tipificados en los artículos 153 y 153-A del Código Penal.

g) Delito de explotación sexual y sus formas agravadas tipificados en el artículo 153-B del Código Penal.

h) Delito de esclavitud y otras formas de explotación y sus formas agravadas, tipificados en el artículo 153-C del Código Penal.

i) Delitos de tráfico ilícito de drogas de la Sección Segunda del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal.

j) Delitos de homicidio simple y calificado tipificados en los artículos 106, 108 y 108-A del Código Penal.

k) Delito de parricidio tipificado en el artículo 107 del Código Penal.

l) Delito de feminicidio y sus formas agravadas tipificados en el artículo 108-B del Código Penal.

m) Delito de sicariato y sus formas agravadas tipificados en el artículo 108-C del Código Penal.

n) Delito de secuestro y sus formas agravadas tipificados en el artículo 152 del Código Penal.

o) Delito de secuestro extorsivo y sus formas agravadas tipificados en el artículo 200 del Código Penal.

p) Delitos contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura) tipificados en los capítulos I, II y III del Título XIV-A del Libro Segundo del Código Penal.

q) Delito de violación de la intimidad, por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, y sus formas agravadas, tipificado en el artículo 154-B del Código Penal.

10. Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos;

11. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez; o,

12. Prohibición de comunicarse con internos o visitar establecimientos penitenciarios.

13. Incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales.

*Artículo modificado por los siguientes dispositivos:

Ley 29106, publicada el 18 de octubre de 2007 (link: bit.ly/44TI8xc)
Ley 29439, publicada el 19 de noviembre de 2009 (link: bit.ly/47jMo9w)
Ley 29988, publicada el 18 de enero de 2013 (link: bit.ly/3OGItwt)
Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq)
Ley 30407, publicada el 8 de enero de 2016 (link: bit.ly/3Yh5kBX)
Ley 30901, publicada el 29 de diciembre de 2018 (link: bit.ly/3KpuatA)
DU 019-2019, publicado el 2 de diciembre de 2019 (link: bit.ly/3DCMqfp)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 37.- Inhabilitación principal o accesoria

La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal*

La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 y los supuestos del artículo 426 del Código Penal; en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1106.

La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401. En estos supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias.

La inhabilitación principal también se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, así como los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297 del Código Penal.

En los supuestos del párrafo anterior, la inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quinientas unidades impositivas tributarias. En el caso de los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, la inhabilitación también será perpetua cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.

*Artículo modificado por los siguientes dispositivos:

Ley 29106, publicada el 18 de octubre de 2007 (link: bit.ly/44TI8xc)
Ley 29988, publicada el 18 de enero de 2013 (link: bit.ly/3OGItwt)
Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq)
DL 1243, publicado el 22 de octubre de 2016 (link: bit.ly/43TBLY8)
DL 1367, publicado el 29 de julio de 2018 (link: bit.ly/3qdwfBW)
Ley 31178, publicada el 28 de abril de 2021 (link: bit.ly/44T2tBs)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 39.- Inhabilitación accesoria

La inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela, o actividad regulada por ley. Se extiende por igual tiempo que la pena principal.

Artículo 40.- Inhabilitación accesoria en los delitos culposos de tránsito

La pena de inhabilitación prevista en el artículo 36 inciso 7, de este Código podrá aplicarse como accesoria en los delitos culposos de tránsito.

SECCIÓN IV: PENA DE MULTA

Artículo 41.- Concepto

La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días-multa.

El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 42.- Extensión de la pena de multa

La pena de multa se extenderá de un mínimo de diez días-multa a un máximo de trescientos sesenticinco días-multa, salvo disposición distinta de la ley.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 43.- Importe del día-multa

El importe del día-multa no podrá ser menor del veinticinco por ciento ni mayor del cincuenta por ciento del ingreso diario del condenado cuando viva exclusivamente de su trabajo.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 44.- Plazo del pago de multa

La multa deberá ser pagada dentro de los diez días de pronunciada la sentencia. A pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el Juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales.

El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado cuando se aplica aisladamente o cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos o fuere concedida la suspensión condicional de la pena, conforme a los límites previstos en el artículo 42.

El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el sustento del condenado y su familia.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO II: APLICACIÓN DE LA PENA

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena*

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad.

b. Su cultura y sus costumbres.

c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad.

*Artículo modificado por la Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq); y por la Ley 30364, publicada el 23 de noviembre de 2015 (link: bit.ly/45f4SXg)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 45-A. Individualización de la pena*

Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas de delito o modificatorias de la responsabilidad.
El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:

1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes.

2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior.

b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.

c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior.

3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior;

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito.

*Artículo modificado por la Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación*

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) La carencia de antecedentes penales;

b) El obrar por móviles nobles o altruistas;

c) El obrar en estado de emoción o de temor excusables;

d) La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible;

e) Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias;

f) Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado;

g) Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad;

h) La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible.

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes:

a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;

b) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos;

c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria;

d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole.

e) Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común;

f) Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe;

g) Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias para consumar el delito;

h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función;

i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito;

j) Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable;

k) Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional;

l) Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales;

m) Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia destructiva.

n) Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial.

*Artículo modificado por la Ley 28726, publicada el 9 de mayo de 2006 (link: bit.ly/44SEhzn); por la Ley 30076, publicada el 19 de agosto 2013 (link: bit.ly/44KHMrq); por el DL 1237, publicado el 26 de setiembre de 2015 (link: bit.ly/3Qo6bPb); y por el DL 1323, publicado el 6 de enero de 2017 (link: bit.ly/2OnqmKu).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 46-A. Circunstancia agravante por condición del sujeto activo

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público.

En estos casos el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado los cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para cometer el hecho punible.

Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo, desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad, comete en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro.

De igual modo, constituye circunstancia agravante cuando el sujeto activo, en su desempeño como prestador de servicio de transporte público de personas, ya sea como conductor, copiloto, cobrador o ayudante, cualquiera sea su naturaleza o modalidad; o de servicio de transporte especial de usuarios en vehículos menores motorizados; o simulando ser conductor, copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de dichos servicios, cometa delitos contra la libertad sexual, homicidio, asesinato, sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje.

En tal caso, el Juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante esté prevista al sancionar el tipo penal o cuando ésta sea elemento constitutivo del hecho punible.

*Artículo incorporado por la Ley 26758, publicada el 14 de marzo de 1997 (link: bit.ly/45dDJnj). Luego fue modificado por el DL 982, publicado el 22 de julio de 2007 (link: bit.ly/3KkLEqP); por la Ley 30054, publicada el 30 de junio de 2013 (link: bit.ly/44QOFYn); y por la Ley 30875, publicada el 29 de noviembre de 2018 (link: bit.ly/45gjTIj).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 46-B. Reincidencia*

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años.

La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.

El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo y en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C; 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. Tampoco se aplica el plazo fijado para la reincidencia si el agente previamente beneficiado por una gracia presidencial o por una norma especial de liberación, incurre en nuevo delito doloso; en estos casos el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.

En los supuestos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieren ser cancelados, salvo en los delitos señalados en el tercer párrafo del presente artículo.

*Artículo incorporado por la Ley 28726, publicada el 9 de mayo de 2006 (link: bit.ly/44SEhzn). Posteriormente, fue modificado por los siguientes dispositivos:

Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 (link: bit.ly/3OfqVGe)
Ley 29570, publicada el 25 de agosto de 2010 (link: bit.ly/43ZRR2p)
Ley 29604, publicada el 22 de octubre de 2010 (link: bit.ly/43QFEx3)
Ley 30068, publicada el 18 de julio de 2013 (link: bit.ly/44QpEg3)
Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq)
DL 1181, publicado el 27 de julio de 2015 (link: bit.ly/3OFGzMw)
Ley 30838, publicada el 4 de agosto de 2018 (link: bit.ly/3rTMhBE)
DL 1513, publicado el 4 de junio de 2020 (link: bit.ly/44T5thg).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 46-C. Habitualidad

Si el agente comete un nuevo delito doloso es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo y en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C; 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete de tres a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de tres años.

La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada agravante. El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los párrafos anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional. En los supuestos de habitualidad no se computan los antecedentes cancelados o que debieren estar cancelados, salvo en los delitos antes señalados.

*Artículo incorporado por la Ley 28726, publicada el 9 de mayo de 2006 (link: bit.ly/44SEhzn). Posteriormente, fue modificado por los siguientes dispositivos:

Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 (link: bit.ly/3OfqVGe)
Ley 29570, publicada el 25 de agosto de 2010 (link: bit.ly/43ZRR2p)
Ley 29604, publicada el 22 de octubre de 2010 (link: bit.ly/43QFEx3)
Ley 30068, publicada el 18 de julio de 2013 (link: bit.ly/44QpEg3)
Ley 30076, publicada el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq)
DL 1181, publicado el 27 de julio de 2015 (link: bit.ly/3OFGzMw)
Ley 30838, publicada el 4 de agosto de 2018 (link: bit.ly/3rTMhBE)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 46-D. Uso de menores en la comisión de delito*

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si el sujeto activo utiliza, bajo cualquier modalidad, a un menor de dieciocho años o a una persona que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión para la comisión de un delito, en cuyo caso el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado en el tipo penal.

En caso de que el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre el menor o le impulse a depositar en él su confianza, el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Si el agente ejerce la patria potestad sobre el menor, el juez suspende su ejercicio, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia.

Si durante la comisión del delito o como consecuencia de este el menor sufre lesiones graves, incapacidad permanente o muere, y el agente pudo prever el resultado, el juez puede imponer una pena de hasta el doble del máximo legal fijado para el tipo penal.

En ningún caso la pena concreta puede exceder de treinta y cinco años de pena privativa de la libertad. No es aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando la circunstancia agravante se encuentre prevista al sancionar el tipo penal.

*Artículo incorporado por la Ley 30030, publicada el 4 de junio de 2013 (link: bit.ly/3OFay7o)

Artículo 46-E. Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco*

La pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. En este caso, la pena privativa de libertad no puede exceder los treinta y cinco años, salvo que el delito se encuentre reprimido con pena privativa de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica esta última.

La agravante prevista en el primer párrafo es inaplicable cuando esté establecida como tal en la ley penal.

*Artículo incorporado por la Ley 30364, publicada el 23 de noviembre de 2015 (link: bit.ly/45f4SXg)

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 47.- Cómputo de la detención sufrida*

El tiempo de detención que haya sufrido el procesado se abonará para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención.

Si la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención.”

*Artículo modificado por la Ley 28568, publicada el 3 de julio de 2005 (link: bit.ly/3OFMEaL), la misma que fue derogada por la Ley 28577, publicada el 9 de julio de 2005 (link: bit.ly/45Da3Ck), restituyéndose el texto original del Código Penal.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 48.- Concurso ideal de delitos

Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse ésta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta y cinco años.”

*Artículo modificado por la Ley 28726, publicada el 9 de mayo de 2006 (link: bit.ly/44SEhzn).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 49.- Delito continuado

Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.

La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluída cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos.”

*Artículo modificado por la Ley 26683, publicada el 11 de noviembre de 1996 (link: bit.ly/3KqluC0)

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Artículo 50.- Concurso real de delitos

Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta.”

*Artículo modificado por la Ley 28730, publicada el 13 de mayo de 2006 (link: bit.ly/3qpbK5j).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 50-A.- Concurso real de faltas*

Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban considerarse como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este, teniendo en cuenta el perjuicio total causado.

*Artículo modificado por la Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 (link: bit.ly/3OfqVGe).

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Artículo 51.- Concurso real retrospectivo*

Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se sumará a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente ésta, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito.”

*Artículo modificado por la Ley 26832, publicada el 3 de julio de 1997 (link: bit.ly/3DKaiO9); y por la Ley 28730, publicada el 13 de mayo de 2006 (link: bit.ly/3qpbK5j).

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CAPÍTULO III: DE LAS CONVERSIONES

SECCIÓN I: CONVERSIONES DE LA PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD

Artículo 52.- Conversión de la pena privativa de libertad*

En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cinco años en otra de prestación de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.

El juez también podrá convertir la pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor a diez años por expulsión inmediata del país conforme lo establecido en el artículo 30 del Código Penal, siempre que haya cumplido los dos tercios de la condena.

No se podrá convertir la pena privativa de libertad a la pena de expulsión a los sentenciados por los delitos tipificados en los artículos: 129-A, 129-B,129-C, 129-D, 129-F, 129-G, 129-H, 129-I, 129-J, 129-K, 129-L, 129-M, 129-N, 129-Ñ, 129-O, 186, 188, 189, 296, 297, 303-A, 303-C y 317.

*Artículo modificado por la Ley 26890, publicada el 11 de diciembre de 1997 (link: bit.ly/3qmp5eD); por la Ley 27186, publicada el 20 de octubre de 1999 (link: bit.ly/3KmyzgH); por la Ley 29499, publicada el 19 de enero de 2010 (link: bit.ly/45eUw9s); por el DL 1514, publicado el 4 de junio de 2020 (link: bit.ly/47iiOkK); por el DL 1573, publicado el 5 de octubre de 2023 (link: bit.ly/45rlsCY); y por el DL 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023 (link: bit.ly/3ST0tpP).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 52-A.- Conversión de la pena privativa de libertad en ejecución*

El Juez competente puede convertir la pena privativa de libertad en ejecución de condena, por una pena limitativa de derechos, a razón de siete (7) días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres, según corresponda y siempre que se cumplan los supuestos de procedencia y requisitos establecidos en la ley de la materia.”

*Artículo incorporado por el DL 1300, publicado el 30 diciembre de 2016 (link: bit.ly/44R076l).

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Artículo 52-B.- Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal.*

1. El juez, de oficio o a pedido de parte, puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal en aquellos casos en que:

a. La pena impuesta es no mayor de diez (10) años.

b. La pena impuesta es no menor de diez (10) años ni mayor a doce (12) años. En este supuesto, de manera conjunta a la pena de vigilancia electrónica personal, se impone la pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

2. Cuando la pena privativa de la libertad se encuentra en ejecución, el juez, a pedido de parte, puede convertirla por la pena de vigilancia electrónica personal, si:

a. La pena en ejecución es no mayor de diez (10) años.

b. La pena en ejecución es no menor de diez (10) años ni mayor de doce (12) años. En este supuesto, de manera conjunta a la pena de vigilancia electrónica personal, se impone la pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

3. En todos los delitos culposos previstos en el Código Penal, el Juez impone preferentemente la pena de vigilancia electrónica personal por la de privación de libertad efectiva, cuando corresponda ésta última.

Si la pena privativa de libertad impuesta para el delito culposo es no mayor a seis (6) años, el Juez, de oficio o a pedido de parte, convierte la pena privativa de libertad a una de vigilancia electrónica personal.

4. En todos los supuestos previstos, el cómputo de la conversión de pena privativa de libertad por la pena de vigilancia electrónica personal es a razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal, en concordancia con el inciso 3 del artículo 29-A del presente Código.

*Artículo incorporado por el DL 1514, publicado el 4 de junio de 2020 (link: bit.ly/47iiOkK); y por el DL 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023 (link: bit.ly/3ST0tpP).

Artículo 53.- Revocación de la conversión

Si el condenado no cumple, injustificadamente, con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, previo apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia.

Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes:

Un día de multa por cada día de privación de libertad; o

2. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 54.- Revocación de la conversión por la comisión de delito doloso

Cuando el condenado cometa, dentro del plazo de ejecución de la pena convertida según el artículo 52, un delito doloso sancionado en la ley con pena privativa de libertad no menor de tres años, la conversión quedará revocada automáticamente y así será declarada en la nueva sentencia condenatoria. Efectuando el descuento correspondiente a la parte de pena convertida que hubiese sido ejecutada antes de la revocatoria, conforme a las equivalencias indicadas en el artículo 53, el condenado cumplirá la pena privativa de libertad que resta de la primera sentencia y la que le fuere impuesta por el nuevo delito.

SECCIÓN II: CONVERSIÓN DE LA PENA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y LIMITATIVA DE DÍAS LIBRES

Artículo 55.- Conversión de las penas limitativas de derechos a privativa de libertad*

Si el condenado no cumple, injustificadamente, con la prestación de servicios o con la jornada de limitación de días-libres aplicadas como penas autónomas, impuestas en caso de delito o falta, dichas sanciones se convertirán en privativas de libertad, previo apercibimiento judicial, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada jornada incumplida de prestación de servicios a la comunidad o jornada de limitación de días-libres.

*Artículo modificado por la Ley 28726, publicada el 9 de mayo de 2006 (link: bit.ly/44SEhzn).

SECCIÓN III: CONVERSIÓN DE LA PENA DE MULTA

Artículo 56.- Conversión de la pena de multa

Si el condenado solvente no paga la multa o frustra su cumplimiento, la pena podrá ser ejecutada en sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, con la equivalencia de un día de pena privativa de libertad por cada día-multa no pagado.

Si el condenado deviene insolvente por causas ajenas a su voluntad, la pena de multa se convierte en una limitativa de derechos o de prestación de servicios a la comunidad con la equivalencia de una jornada por cada siete días-multa impagos.

El condenado puede pagar la multa en cualquier momento descontándose el equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios comunitarios cumplidos a la fecha.
Cuando se impone conjuntamente pena privativa de libertad y multa, se adiciona a la primera la que corresponde a la multa convertida.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO IV: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 57.- Requisitos*

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cinco años.

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación.

3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.

Excepcionalmente, puede aplicarse lo establecido en el presente artículo cuando la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de ocho años y el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. Para este supuesto es aplicable lo previsto en el numeral 2 del párrafo anterior, exigiéndose una motivación reforzada.

El plazo de suspensión es de uno a cuatro años. En caso de la excepción prevista en el párrafo anterior el plazo de suspensión puede extenderse hasta siete (7) años.

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código, así como para las personas condenadas por el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122.

*Artículo modificado por los siguientes dispositivos:

DL 982, publicado el 22 de julio de 2007 (link: bit.ly/3KkLEqP).
Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 (link: bit.ly/3OfqVGe).
Ley 30076, publicado el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq).
Ley 30304, publicada el 28 de febrero de 2015 (link: bit.ly/3rXQPad).
DL 1351, publicado el 7 de enero de 2017 (link: bit.ly/3Oi8YGX).
Ley 30710, publicada el 29 de diciembre de 2017 (link: bit.ly/47eSZCj).
DL 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023 (link: https://bit.ly/3ST0tpP).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 58. Reglas de conducta*

Al suspender la ejecución de la pena, el juez impone las siguientes reglas de conducta que sean aplicables al caso:

Prohibición de frecuentar determinados lugares;

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez;

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol;

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente; o,

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado.

9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.

*Artículo modificado por la Ley 30076, publicado el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq); y por el DL 1351, publicado el 7 de enero de 2017 (link: bit.ly/3Oi8YGX).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 59.- Efectos del incumplimiento

Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos:

Amonestar al infractor;

2. Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. En ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años; o

3. Revocar la suspensión de la pena.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 60.- Revocación de la suspensión de la pena

La suspensión será revocada si dentro del plazo de prueba el agente es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años; en cuyo caso se ejecutará la pena suspendida condicionalmente y la que corresponda por el segundo hecho punible.

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 61.- Condena no pronunciada

La condena se considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, ni infrinja de manera persistente y obstinada las reglas de conducta establecidas en la sentencia.

Ver jurisprudencia aquí.

CAPÍTULO V: RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO

Artículo 62. Reserva del fallo condenatorio. Circunstancias y requisitos*

El juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio siempre que de las circunstancias individuales, verificables al momento de la expedición de la sentencia, pueda colegir que el agente no cometerá nuevo delito. Los pronósticos favorables sobre la conducta futura del sentenciado que formule la autoridad judicial requieren de debida motivación.

La reserva está dispuesta en los siguientes casos:

1. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años o con multa;

2. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres;

3. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación.

Excepcionalmente, puede aplicarse lo establecido en el presente artículo cuando la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de siete años y el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. Para este supuesto es aplicable lo previsto en el primer párrafo, exigiéndose una motivación reforzada.

El plazo de reserva del fallo condenatorio es de uno a tres años, contado desde que la decisión adquiere calidad de cosa juzgada. En caso de la excepción prevista en el párrafo anterior el plazo de suspensión puede extenderse hasta seis (6) años.

*Artículo modificado por la Ley 29407, publicada el 18 de setiembre de 2009 (link: bit.ly/3OfqVGe); por la Ley 30076, publicado el 19 de agosto de 2013 (link: bit.ly/44KHMrq); y por el DL 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023 (link: https://bit.ly/3ST0tpP).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 63.- Efectos de la Reserva de Fallo Condenatorio*

El Juez al disponer la reserva del fallo condenatorio, se abstendrá de dictar la parte resolutiva de la sentencia, sin perjuicio de fijar las responsabilidades civiles que procedan.

La reserva de fallo se inscribirá en un registro especial, a cargo del Poder Judicial. El Registro informa exclusivamente a pedido escrito de los jueces de la República, con fines de verificación de las reglas de conducta o de comisión de nuevo delito doloso. El Registro es de carácter especial, confidencial y provisional y no permite, por ningún motivo, la expedición de certificados para fines distintos.

Cumplido el período de prueba queda sin efecto la inscripción en forma automática y no podrá expedirse de él constancia alguna, bajo responsabilidad. El Juez de origen, a pedido de parte, verifica dicha cancelación:

*Artículo modificado por la Ley 27868, publicada el 20 de noviembre de 2022 (link: bit.ly/3OG5mzX).

Ver jurisprudencia aquí.

Artículo 64.- Reglas de conducta*

Al disponer la reserva del fallo, el juez impone de manera debidamente motivada las siguientes reglas de conducta que resulten aplicables al caso:

Prohibición de frecuentar determinados lugares;