En una reciente entrevista, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, respondió a las diversas críticas contra el fallo que declaró fundado el hábeas corpus de Keiko Fujimori en el marco del Caso Cócteles.
Ante las últimas declaraciones del fiscal Rafael Vela sobre esta sentencia, el magistrado señaló que estos «argumentos ya carecen de virtualidad» y que las críticas del funcionario son «absolutamente políticas». «Quizás, pensando de buena fe, lo que hay es una carencia de argumentos sólidos«, precisó a Canal N.
De acuerdo a su versión, ningún abogado penalista ha criticado esta decisión. «No he escuchado a ningún penalista importante de este país criticar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hay un solo penalista que diga que el Tribunal Constitucional ha actuado erráticamente con la dación de esta sentencia», argumentó.
Para Gutiérrez Ticse, el alto tribunal actuó «apegado a la dogmática jurisprudencial y doctrinaria» y, sobre las divergencias con los fallos de los jueces en las fases anteriores, indicó que «para eso precisamente existe un Tribunal Constitucional». En esa línea, declaró que el TC «es un órgano contralor de los excesos del poder»:
Se le invitó inclusive al propio fiscal, el señor Pérez, para que asista a una audiencia en la que a mí, personalmente, no me pudo responder una sola pregunta. No me respondió una sola pregunta. Por tanto, más bien, es todo lo contrario. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es evaluar desde la dogmática de la Constitución y del Código Penal para poder analizar si es que en este caso debe merecer su continuidad o no.
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Asimismo, precisó que el fallo no sentaría un precedente en los procesos por financiamiento ilícito de campañas electorales. «Este es un hábeas corpus que está ligado a un hecho concreto», precisó. Detalló, por ello, que los procesos de Susana Villarán, Ollanta Humala y otros son «casos independientes y autónomos» y tendrán que analizarse «caso por caso».
Sobre las críticas de la exmagistrada Marianella Ledesma en torno a la competencia del TC, argumentó que el Código Procesal Constitucional establece «taxativamente» que la instancia pueda actuar no solo ante amenazas o privación de libertad, sino incluso en derechos conexos.
