A propósito de todas las irregularidades que hemos visto en el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones generales, cabe recordar que no hace mucho, un alto funcionario de la ONPE fue condenado a pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio.
La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, hacia el 2025, logró que se ratifique la pena de seis años de prisión efectiva para Frank Jonathan Guzmán Castillo, exgerente de Informática y Tecnología Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el delito de cohecho pasivo propio.
Guzmán fue sentenciado en primera instancia el 9 de enero de 2025 por haber solicitado una coima a una candidata a cambio de manipular resultados electorales a su favor. Pese a que interpuso recurso de apelación, el órgano jurisdiccional declaró infundada su solicitud y confirmó la condena requerida por el representante del Ministerio Público.
La sentencia también confirmó la inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier cargo público. Además, se le impuso pagar al Estado el equivalente a 365 días de multa y una reparación civil de S/ 60 000.
El fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, que estuvo a cargo del caso y del juicio oral, demostró que Jonathan Guzmán, en su calidad de gerente de la ONPE, había pedido 60 000 dólares a una candidata a la alcaldía de Barranca por el partido Juntos por el Perú, a cambio de manipular el sistema informático de recuento de votos y asegurarle el triunfo electoral.
Es preciso indicar que los intermediarios que promovieron la reunión entre Guzmán y la candidata —quien denunció el hecho— también fueron condenados por el delito de tráfico de influencias.
La contundencia de la imputación fiscal se basó en la grabación efectuada por la denunciante, cuya pericia acústica concluyó con una alta probabilidad de compatibilidad con la voz del sentenciado, así como en declaraciones testimoniales y registros telefónicos.
La ratificación de esta sentencia en segunda instancia destaca la efectiva labor de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en la persecución de los delitos de corrupción que amenazan la transparencia de los procesos electorales y la administración pública.
Fuente: Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios
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