Despido masivo en la Contraloría: ¿se vulneró el artículo 78 del DL 728? Entrevista a Rebeca Norahuena

La presidenta de la asociación del colectivo de exindeterminados de la Contraloría, la abogada Rebeca Norahuena, reveló que el propio Órgano de Control Interno (OCI) de la entidad emitió un documento sobre la situación laboral de su personal. Según explicó la especialista, la institución formuló un informe donde «incluyó a 195 exindeterminados bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 que habrían sido recontratados». Con esta declaración, Norahuena subrayó la existencia de una evaluación oficial que acreditaba irregularidades en el estado contractual de los auditores.

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Infracción al artículo 78 y ceses laborales

«Ellos reconocen esta lesión al marco normativo, lo aceptan inclusive, lo hacen suyo», afirmó Norahuena respecto a la contravención del artículo 78 del Decreto Legislativo 728. La representante del colectivo sostuvo que la entidad empleadora admitió abiertamente la vulneración legal dentro de sus procedimientos de contratación. De acuerdo con la perspectiva de la abogada, el documento técnico confirmó que las contrataciones sucesivas a plazo fijo de este grupo de profesionales se ejecutaron al margen de lo que establece la ley.

A pesar de contar con este reconocimiento institucional, la vocera precisó que la Contraloría optó por extinguir de todos modos los vínculos de los trabajadores involucrados. Norahuena detalló que la entidad, «posterior a ello desvincula a muchos de los que fuimos exindeterminados en marzo del año pasado». Para la dirigente, esta drástica medida de cese masivo se materializó de forma paralela a las secuelas originadas por la repentina derogatoria de la Ley del Auditor en perjuicio del personal.

Consecuencias operativas e iniciativas legislativas

Sobre los efectos de estas desvinculaciones en el aparato estatal, la abogada indicó que «la institución ha sufrido un terremoto prácticamente y de las cuales los OCI han quedado por decirlo, en otras palabras, vacíos». Norahuena aseguró que la salida de los auditores redujo la capacidad técnica en las sedes a nivel nacional. Según su análisis, este escenario de desabastecimiento generó una deficiencia directa en el desempeño de las oficinas encargadas del control gubernamental.

Como respuesta a esta falta de capacidad operativa, la especialista advirtió la incorporación de terceros mediante modalidades civiles para suplir labores esenciales. «Se ha venido contratando de una manera desesperada, locadores de servicio para realizar funciones de apoyo», cuestionó Norahuena al evaluar las acciones adoptadas por las gerencias. La representante enfatizó que este tipo de contrataciones no logra cubrir las exigencias metodológicas que demanda un adecuado servicio de control.

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Frente a esta situación, la abogada impulsa la aprobación de seis proyectos de ley en el Congreso orientados a restituir los derechos de los profesionales cesados. El propósito de estas iniciativas, según precisó, consiste en «solamente devolver el estado de las cosas, es decir, que nosotros fuimos a plazo indeterminado volver a esa posición». Norahuena argumentó que este pedido normativo se fundamenta estrictamente en la aplicación del principio de continuidad y en la primacía de la realidad.

Finalmente, la presidenta del colectivo aclaró que la reincorporación de un máximo de trescientos trabajadores no irrogará gastos adicionales al erario nacional. Para sustentar esta afirmación, Norahuena subrayó que «nuestras plazas que nosotros dejamos a plazo indeterminado nunca fueron convocadas, el presupuesto existe en la institución». La abogada concluyó indicando que los dictámenes favorables de las comisiones parlamentarias validan que las plazas continúan vacantes y viabilizan técnica y económicamente la propuesta.

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