El Congreso citó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que informen sobre los retrasos en la instalación de mesas y las incidencias reportadas durante las elecciones del 12 de abril de 2026. La convocatoria responde a las irregularidades advertidas en el desarrollo de la jornada electoral.
La sesión fue programada para el martes 14 de abril a las 2:00 p. m. bajo modalidad semipresencial. De manera paralela, el Parlamento evalúa la presentación de mociones orientadas a que ambas autoridades acudan al Pleno, así como la eventual conformación de una comisión investigadora que examine los hechos registrados durante el proceso.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría dispuso la citación en sesión extraordinaria a desarrollarse en la sala Carlos Torres y Torres Lara. En este espacio, los funcionarios deberán responder por las demoras en la instalación de mesas de sufragio, además de las fallas técnicas y operativas que impactaron el normal desarrollo de la votación.
El grupo de trabajo también incluyó en la convocatoria al contralor general, César Enrique Aguilar Surichaqui, y al defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. A ambos se les requirió información sobre las acciones de control, supervisión y respuesta adoptadas frente a las incidencias detectadas durante la jornada electoral.
Inscríbete aquí Más información
En el caso de la ONPE, la comisión solicitó que se expongan las causas de carácter estructural, técnico y operativo que habrían originado las fallas. Asimismo, se pidió detallar el funcionamiento del sistema digital electoral y las pruebas realizadas previamente a su implementación en el día de la votación.
Finalmente, se requirió información sobre los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos, incluyendo los criterios de selección y los mecanismos de supervisión aplicados. También se demandaron explicaciones sobre la ausencia de medidas de contingencia eficaces y las acciones adoptadas frente a la afectación de más de 63 mil ciudadanos, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al sufragio y la continuidad del proceso electoral.
