Se ha publicado la Ley 32618, que amplía los alcances de la Ley de Reforma Magisterial para incorporar a los docentes que laboran en instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva de los establecimientos penitenciarios, así como a los profesores de universidades públicas. Con ello, estos profesionales pasarán a estar comprendidos dentro del régimen de la Carrera Pública Magisterial.
La norma establece que los docentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) serán incorporados excepcionalmente a la carrera magisterial según sus años de servicio, ubicándolos en distintas escalas magisteriales. Además, el Ministerio de Educación asumirá la conducción de los procesos de evaluación, ascenso, permanencia y acceso a cargos, en coordinación con los gobiernos regionales y el INPE.
Asimismo, se dispone que el financiamiento inicial de la medida estará a cargo del presupuesto institucional del INPE, mientras que en los años siguientes el Ministerio de Economía y Finanzas deberá garantizar los recursos necesarios. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para adecuar el reglamento y las normas complementarias requeridas para la implementación de la ley.
LEY Nº 32618
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, PARA INCORPORAR EN SUS ALCANCES A LOS PROFESORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Artículo único. Modificación del artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial
Se modifica el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en los siguientes términos:
Artículo 1. Objeto y alcances de la Ley
La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios de función docente o directiva en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las universidades públicas. Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Financiamiento
La implementación de la modificación del artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, dispuesta por la presente ley, se financia durante el año fiscal en curso con cargo al presupuesto institucional del Instituto Nacional Penitenciario, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Para los años fiscales siguientes, el Ministerio de Economía y Finanzas provee los recursos necesarios en el presupuesto público, en el marco de la programación multianual.
SEGUNDA. Modificaciones presupuestarias
El Instituto Nacional Penitenciario está facultado para realizar las modificaciones presupuestarias que requiera para la ejecución de la presente ley, de acuerdo con las normas de la materia.
TERCERA. Ubicación de los profesores nombrados por el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y la Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, en las escalas magisteriales
Los docentes son ubicados excepcionalmente en la Carrera Pública Magisterial, considerando el tiempo de servicios oficiales efectivamente prestado en función docente, aplicando la siguiente escala: a) Primera Escala Magisterial: de 1 a 3 años de servicio. b) Segunda Escala Magisterial: 4 a 10 años de servicios. c) Tercera Escala Magisterial: de 11 a más años de servicios.
CUARTA. Rectoría del Ministerio de Educación en los procesos de evaluación
El ingreso, la permanencia, el ascenso y el acceso a cargos de los profesores del Instituto Nacional Penitenciario incorporados por la presente ley se rigen por lo establecido en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
El Ministerio de Educación conduce los procesos de concurso y evaluación, en coordinación con los gobiernos regionales. El Instituto Nacional Penitenciario participa en la determinación de las plazas y de los perfiles de puesto requeridos, de acuerdo con sus necesidades institucionales.
QUINTA. Autorización de modificación presupuestaria
Autorizar, durante el año fiscal 2026, al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático; y, modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades de su sector, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, según corresponda, para el financiamiento de los gastos vinculados con la política remunerativa de los docentes, de estudios e inversiones del sector educación, la oferta y la gestión educativa, y los gastos para la operatividad y funcionamiento institucional; incluyendo las intervenciones en favor de los locales de instituciones educativas públicas que presentan riesgos para su funcionamiento, que se realizan de manera directa o a través de depósitos en la cuenta de sus representantes, así como para el servicio de conectividad.
Para tal efecto el Ministerio de Educación, sujeto a su disponibilidad presupuestal, queda exonerado de lo dispuesto por los numerales 9.1, 9.2 y 9.4 del artículo 9, el artículo 11 y el artículo 34 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, así como de los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y de la ministra de Educación, a propuesta de este último.
SEXTA. Adecuación de normativa
El Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo 004-2013-ED, a la modificación dispuesta en la presente ley en un plazo de ciento veinte días calendario contados desde su entrada en vigor.
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil adecúan las normas de sus competencias para la implementación de la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días calendario contados a partir de su entrada en vigor.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los catorce días del mes de mayo de dos mil veintiséis.
FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO
Presidente encargado del Congreso de la República
WALDEMAR JOSÉ CERRÓN ROJAS
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.
JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA
Presidente de la República
LUIS ENRIQUE ARROYO SÁNCHEZ
Presidente del Consejo de Ministros
