La comunidad nativa de Alto Yurinaki, en la provincia de Oxapampa (Pasco), expulsó de forma definitiva a su exdirigente Javier Jaime Abel Cruz (42), tras comprobarse que simuló su propio secuestro para solicitar dinero. La sanción fue adoptada en una asamblea comunal y acompañada por rituales tradicionales, en presencia de líderes indígenas asháninkas y yáneshas.
El caso, que inicialmente fue abordado como una desaparición forzada el pasado 30 de mayo, derivó en una investigación penal por falsa denuncia y uso indebido de los canales oficiales de emergencia. La Policía Nacional del Perú confirmó el 2 de junio que se trató de un autosecuestro, confesado por el propio exdirigente luego de ser hallado en la ciudad de Huancayo.
La Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) y los representantes de la comunidad decidieron separar a Abel Cruz de toda participación en la vida comunal. Según RPP, además de la sanción política, el exlíder fue sometido a los rituales del shalanqueo y el castigo de la Tangarana, prácticas ancestrales de sanción que simbolizan la vergüenza pública y la purificación.
«Sé que les he hecho perder tiempo, les he hecho perder ese prestigio de ser comunidad», declaró Cruz durante la reunión comunal en la que pidió disculpas por sus actos. Sin embargo, la comunidad fue clara en su decisión: no podrá reintegrarse a Alto Yurinaki ni ejercer representación alguna.
De acuerdo con la versión confirmada por la Policía Nacional, Abel Cruz simuló su secuestro con el fin de solicitar S/50 000 a través de una cuenta bancaria de su titularidad. Tras su desaparición, envió mensajes por WhatsApp a su pareja y autoridades alegando que estaba retenido por delincuentes y que necesitaba el dinero para su liberación.
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El coronel PNP Ángel Leo, jefe de la Divincri Huancayo, informó que el dirigente se hospedó en un hotel y luego arrojó su celular por el desagüe para simular incomunicación. Fue encontrado el 2 de junio sentado en una plaza de Huancayo y se presentó voluntariamente en la comisaría, donde terminó confesando la falsedad de su versión.
El falso secuestro movilizó recursos estatales y comunales. La Policía activó su sistema de búsqueda, el Ministerio Público abrió diligencias preliminares y organizaciones indígenas como AIDESEP y Ceconsec emitieron alertas institucionales. También se involucraron redes de defensa de los pueblos indígenas y medios de comunicación nacionales.
La Divincri informó que los rastreos de geolocalización del teléfono móvil contradijeron la versión del supuesto secuestro, pues ubicaban al dirigente en Huancayo desde el inicio. Además, el mensaje enviado a la fiscal de la comunidad fue considerado como una maniobra para dar credibilidad al engaño.
