La empresa Servicios Generales Galaga remitió una carta notarial a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicitando la rectificación inmediata de declaraciones atribuidas a su jefe, Piero Corvetto, sobre presuntos incumplimientos en la entrega de material electoral durante las Elecciones Generales 2026.
En el documento, la compañía sostiene que cumplió con las obligaciones contractuales asumidas para el transporte de material electoral y rechaza las afirmaciones que la responsabilizan por retrasos en el despliegue logístico. Según señala, dichas declaraciones afectan su reputación empresarial y la de sus representantes.
Asimismo, la empresa advierte que los hechos podrían configurar el delito de difamación agravada y responsabiliza a la ONPE por eventuales fallas en la distribución, señalando que los retrasos habrían sido consecuencia de problemas en la carga y despacho del material electoral.
Galaga otorgó un plazo de 24 horas para la rectificación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
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Ponunciamiento previo
El último lunes Galaga solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que emita disculpas públicas por las declaraciones que la responsabilizan de fallas en el traslado de material electoral. El pedido se formuló tras considerar que dichas afirmaciones han afectado su imagen institucional y reputación en el contexto de la jornada electoral.
El pronunciamiento de la empresa surge luego de las incidencias registradas en Lima Metropolitana durante las elecciones, en las que se reportaron retrasos en la entrega de material electoral en algunos locales de votación.
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Empresa niega incumplimiento contractual
En su comunicado, Galaga sostuvo que cumplió con las condiciones establecidas en el servicio contratado, precisando que «nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado», las cuales, según indicó, se encuentran debidamente sustentadas y documentadas.
Asimismo, la empresa señaló que el servicio de transporte fue ejecutado conforme a los lineamientos proporcionados por la entidad electoral. En ese sentido, indicó que fue «planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE», dependiendo en todo momento de la coordinación, la entrega oportuna y las condiciones logísticas definidas por la propia institución contratante.
Demoras atribuidas a factores externos
Respecto a los retrasos reportados en la etapa final del proceso, la empresa afirmó que estos no responden a incumplimientos contractuales de su parte. En esa línea, sostuvo que «las demoras registradas […] no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa», sino a «factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa», los cuales, según precisó, deben ser evaluados de manera integral por la entidad.
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Además, rechazó que se le atribuya de forma exclusiva la responsabilidad por las incidencias, indicando que las dificultades responden a «un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas». En ese contexto, cuestionó que las declaraciones públicas no hayan considerado todos los elementos que intervinieron en la ejecución del servicio.
La empresa también cuestionó las declaraciones emitidas por el titular de la ONPE en medios de comunicación, señalando que estas han generado un impacto negativo en su imagen. Según indicó, dichas afirmaciones se realizaron «sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio».
Por ello, solicitó que la ONPE «disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional», en su calidad de entidad responsable del proceso electoral.
Información remitida a autoridades
Galaga informó que ha puesto a disposición de las autoridades la documentación vinculada al contrato. En ese sentido, indicó que brindó información a la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), en presencia de un representante del Ministerio Público, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con declaraciones difundidas por RPP, la ONPE atribuyó la responsabilidad de las incidencias a la empresa encargada del traslado del material electoral. En ese marco, la especialista en capacitación electoral, Cledy Gutiérrez, señaló en dicho medio que «ha habido un incumplimiento de parte de la empresa encargada del traslado de los materiales», en referencia a Servicios Generales Galaga.
Asimismo, en declaraciones brindadas a RPP, precisó que esta situación generó que «en algunos locales, principalmente de Lima Sur, no haya llegado el material», lo que obligó a adoptar medidas para garantizar el desarrollo de la votación en dichos puntos, pese a que, según indicó, el proceso se encontraba previamente organizado.
