La bancada de Renovación Popular (RP) solicitó a la presidenta Dina Boluarte presentar «la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), así como el retiro inmediato de nuestro país de los alcances de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)«.
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A través de un oficio, remitido el último lunes 24 de marzo, se exhorta a la dignataria a considerar que los delitos cometidos en el país, enmarcados en una creciente ola de inseguridad, «están generando un estado permanente de zozobra que podrían ser tipificados como actos de terror y de inestabilidad personal, social, económica y jurídica»:
Siendo ello así, dentro del contexto de nuestro sistema normativo constitucional y convencional vigente, advertimos que el Estado peruano tiene manifiestas limitaciones para poder actuar adecuadamente en la defensa de la seguridad ciudadana como política de seguridad pública en salvaguarda de sus ciudadanos; por lo que amerita denunciar la convención a fin de implementar políticas garantistas y eficaces en defensa misma de nuestro sistema de democrático.
En tal sentido, y siendo un clamor de la ciudadanía que día a día sufre de las peores formas de delincuencia y criminalidad, exigimos a usted con carácter de urgente inicie los trámites para la denuncia formal del retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
No es la primera solicitud de este tipo dirigida a la mandataria. El lunes 17 de marzo, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) también envió un oficio a Boluarte para promover el retiro del Estado peruano de los alcances de la Corte IDH a fin de implementar la pena de muerte.
El parlamentario solicitó que se proceda con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al retiro de la competencia contenciosa de la Corte IDH, ello en cumplimiento del artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 57 de nuestra Constitución. A través del citado oficio, precisó lo siguiente:
El objetivo de esta solicitud es permitir la imposición de la pena de muerte en el país para aquellos que cometen delitos graves, tales como el sicariato, la violación sexual de menores de edad, el terrorismo urbano, entre otros crímenes que afectan gravemente bienes jurídicos fundamentales para la sociedad.
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Además, destacó que el país «enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana debido a la acción de individuos que, sin ningún tipo de escrúpulo, atentan contra la vida de los peruanos, causando un profundo dolor en las familias y en la sociedad en su conjunto»:
Debo reiterar que en sus manos se encuentra la posibilidad de materializar la imposición de la pena de muerte en el país. Para ello, es necesario iniciar los trámites correspondientes, los cuales si bien no son inmediatos, requieren de su impulso para que se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Por ello, le insto a iniciar este proceso lo más pronto que las circunstancias lo permitan.
Dina Boluarte insiste en pena de muerte
La dignataria ha expresado más de una vez su respaldo a la implementación de esta medida. Este lunes 17 de marzo, durante la inauguración del inicio del Año Escolar 2025, sostuvo que está «pensando seriamente» en promover dicha aplicación:
Antes de concluir esta ceremonia, quiero decirles y lo digo a viva voz: a estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte. Porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos.
Ya en diciembre del 2024, Boluarte había expresado su aprobación para «debatir» la pena de muerte en el Perú. Frente a los medios de comunicación, en un evento institucional, sostuvo lo siguiente en relación al asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo:
Ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas, es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que, en las calles, caminen libres tipos como estos.
Por otro lado, según explicó el constitucionalista Heber Joel Campos, «para retirarnos de la Convención Americana de DD. HH. se requiere denunciar el tratado, que el Congreso ratifique la denuncia con mayoría calificada y que transcurra el plazo previsto en la Convención para que el retiro surta efectos».
Además, indicó que incluso «si se hiciera mañana» —iniciar el proceso de retiro de la Corte IDH—, este proceso «tomaría como dos años» y, durante ese lapso, «la CIDH y la Corte IDH siguen siendo competentes para pronunciarse sobre los casos» del Perú. «En otras palabras, no lo van a poder hacer», puntualizó.
