El Ministerio Público oficializó la presentación de la nueva “Guía operativa especializada en trata y explotación de personas vinculadas al crimen organizado, otras formas de criminalidad y flujos financieros derivados del delito”. Este documento técnico se establece como una herramienta estratégica orientada a optimizar la identificación de casos complejos dentro del territorio nacional, al mismo tiempo que busca robustecer las carpetas fiscales en curso.
La máxima autoridad de la institución, el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, lideró la ceremonia de lanzamiento del manual técnico. El proceso de diseño contó con la participación directa de expertos pertenecientes a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el soporte de la cooperación alemana al desarrollo implementada por GIZ, y la colaboración activa de diversas fiscalías especializadas y la Policía Nacional.
Esta guía introduce lineamientos metodológicos específicos para abordar penalmente los delitos de trata y explotación humana cuando interactúan de forma directa con la criminalidad organizada organizada y el lavado de activos. Mediante estas directrices, se espera potenciar el rastreo de redes criminales mediante el análisis patrimonial riguroso y asegurar la obtención de elementos de convicción sólidos que resistan los procesos judiciales.
El evento protocolar congregó a altas autoridades y diplomáticos del sector, destacando la presencia de Olivier Inizan, representante regional adjunto de la UNODC para la Región Andina y Cono Sur, y Jean-Dominique Ieraci, embajador de Canadá para Perú y Bolivia. Asimismo, asistieron Rossana Dudziak, coordinadora residente de la ONU en el país, junto a Rocío Gala Gálvez, actual coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Durante el desarrollo de la jornada institucional, se organizaron múltiples paneles de debate técnico donde intervinieron especialistas del Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cabe destacar que estos mismos organismos públicos y la academia estructuraron el documento definitivo tras trabajar de forma conjunta a lo largo de siete mesas técnicas consecutivas celebradas entre febrero y marzo del presente año 2026.
Con la implementación formal de este instrumento de gestión, el Ministerio Público, la UNODC y la cooperación alemana GIZ reafirman sus objetivos de cooperación técnica orientados a la profesionalización del aparato judicial del país. La iniciativa busca consolidar un bloque interinstitucional coordinado para perseguir con mayor severidad los delitos económicos y organizados que atentan de manera directa contra los derechos fundamentales del ciudadano.
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