El Poder Judicial ordenó ocho meses de prisión preventiva para el fiscal adjunto Henry Amenábar, intervenido la semana pasada dentro del baño de un centro comercial cuando, según la investigación, pretendía recibir un soborno para detener un proceso penal.
Por su parte, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación de oficio contra el fiscal adjunto provincial Amenábar Almonte, de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, luego de que fuera intervenido en flagrancia mientras recibía una presunta coima de $3000 para favorecer a un investigado.
Según la denuncia, formaría parte de un pago total que ascende a $20 000 para favorecer un archivamiento fiscal. La intervención estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, tras un seguimiento basado en llamadas y mensajes que fueron registrados por el denunciante.
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De acuerdo con la versión policial expuesta por el general Luis Lira Limo en RPP, Edgar Antonio Zaconetti Loja señala que el fiscal le exigía el pago para disponer un sobreseimiento en una investigación por presunta estafa. Este proceso se habría originado luego de que entregara una camioneta como garantía por la compra de una joya valorizada en $50 000. Ante la supuesta presión del fiscal y la imposibilidad de completar los $20 000 solicitados, el denunciante habría entregado solo $3000, monto previamente fotocopiado por los agentes.
Tras la detención, la Policía informó que al fiscal se le realizó una prueba de rastros de billetes que dio resultado positivo, por lo que fue trasladado a la sede de la DICOCOR para continuar con las diligencias.
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Desde el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado en el que expresó su «más enérgica condena» ante este tipo de hechos. Además, informó:
Ante la detención en flagrancia del fiscal adjunto provincial Henry Amenábar Almonte, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja (Cuarto Despacho), la Fiscalía de la Nación expresa su más enérgica condena ante este tipo de actos de corrupción. Se exigirá a la fiscalía penal competente realizar todos los esfuerzos para que se le imponga al intervenido una condena ejemplar, y a la Autoridad Nacional de Control (ANC), que proceda a realizar el correspondiente procedimiento administrativo disciplinario para su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia.
