La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso. Como parte de la decisión, el colegiado ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público.
La resolución fue emitida el 26 de mayo de 2026 dentro del Expediente 02530-2025-0-1801-SP-DC-03. El fallo declaró inaplicables para la demandante los efectos de las Resoluciones Legislativas del Congreso 008-2025-2026-CR y 007-2025-2026-CR, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2025.
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Demanda cuestionó inhabilitación y formación de causa penal
En la demanda de amparo, Delia Espinoza solicitó la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa que dispuso su inhabilitación por diez años para ejercer función pública. También pidió dejar sin efecto la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación del delito de usurpación de funciones.
La exfiscal de la Nación sostuvo que el procedimiento parlamentario seguido en el marco de la Denuncia Constitucional 528 vulneró el derecho al debido proceso. Entre los cuestionamientos planteados mencionó presuntas afectaciones al derecho de defensa, a la motivación de las decisiones, a un procedimiento imparcial y al derecho a la igualdad y no discriminación.
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Caso se originó por reglamento aprobado en el Ministerio Público
Según la demanda, la Denuncia Constitucional 528 fue presentada el 24 de octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. El caso estuvo vinculado con la aprobación del Reglamento «Actuación fiscal en la investigación del delito», aprobado mediante la Resolución 2246-2024-MP-FN.
La demandante señaló que la resolución cuestionada fue emitida y firmada únicamente por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena Campana. Además, indicó que no existían actas, acuerdos o documentación que acreditaran la participación de la Junta de Fiscales Supremos o de Delia Espinoza en la elaboración y aprobación del reglamento materia de la denuncia constitucional.
Sala ordenó restitución del cargo
La sentencia señaló que el proceso de amparo tiene una finalidad restitutoria y que corresponde reponer las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza de un derecho constitucional. En ese contexto, la sala dispuso la reincorporación de Delia Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público.
El colegiado precisó que la reincorporación procederá siempre que no exista resolución administrativa, judicial o de otra índole que disponga lo contrario. Asimismo, dejó a salvo la potestad del Congreso para actuar conforme a sus atribuciones constitucionales respecto de los hechos imputados a la demandante, garantizando el respeto de sus derechos fundamentales.
