En entrevista para LP, el abogado especialista en contratación pública y derecho de la construcción, Edgar Zúñiga Moran, analizó las causas que originan controversias y paralizaciones en obras públicas. Durante la conversación, sostuvo que las deficiencias en los expedientes técnicos continúan siendo uno de los principales problemas en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país.
El especialista también se refirió a las ampliaciones de plazo, los adicionales de obra y los mecanismos de resolución de disputas regulados en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Asimismo, explicó las diferencias entre las modalidades de contratación y cuestionó la falta de especialización en la elaboración de expedientes técnicos para proyectos complejos.
Creo yo que no existe la voluntad de parte del Estado, de parte de las entidades, de elaborar expedientes técnicos de alta calidad. Me atrevería a decir, porque esto suena muy coloquial, que a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Por qué? Porque, ¿Quién es el que termina ganando muchas veces? Aquí voy a abrir una ventana muy discutida y que no la voy a profundizar, pero el contratista, cuando existen muchas controversias dentro del proyecto, va a querer sacar la mayor ventaja posible de una ampliación de plazo o de un adicional que no estaba previsto en el expediente técnico original; va a querer cobrar más por supuesto. Y le corresponde, porque ahí está el negocio del contratista, de la persona que contrata con el Estado.
Expedientes técnicos y obras paralizadas
Zúñiga explicó que el expediente técnico constituye el instrumento base para la ejecución de una obra pública. Precisó que este documento comprende memoria descriptiva, planos, presupuesto y otros componentes regulados por la Ley 32069 y su reglamento.
En esa línea, sostuvo que gran parte de los expedientes técnicos elaborados en el país presentan deficiencias. «Me atrevo y me arriesgo a decirte que el 95% de expedientes técnicos en el Perú están mal elaborados», afirmó. Añadió que existen pocas empresas especializadas en proyectos de gran envergadura y que las entidades suelen destinar presupuestos reducidos para su elaboración.
Adicionales y ampliaciones de plazo
El especialista indicó que las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra se han convertido en situaciones recurrentes dentro de la contratación pública. Según explicó, muchos contratistas ofertan montos menores al costo real del proyecto con la expectativa de recuperar diferencias económicas durante la ejecución.
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«Está tan normalizado esto de los adicionales, y hay que dejar claro que los adicionales se producen cuando hay una mala formulación del expediente técnico», señaló. También mencionó que en proyectos ejecutados en zonas de selva las lluvias suelen generar ampliaciones de plazo que incrementan el pago de gastos generales.
Modalidades de contratación y fast track
Durante la entrevista, Zúñiga destacó la modalidad de diseño y construcción prevista en la nueva normativa de contrataciones públicas. Explicó que este esquema permite que el contratista elabore el expediente técnico y ejecute la obra, asumiendo así gran parte del riesgo derivado del diseño.
Asimismo, se refirió al sistema fast track, mecanismo mediante el cual la ejecución de la obra se desarrolla de manera paralela a la elaboración del expediente técnico. «Voy ejecutando en forma paralela a la elaboración del expediente técnico, entonces es mucho más rápido y tienes menor riesgo», sostuvo.
Contratos NEC y FIDIC
El abogado también abordó el uso de contratos NEC y FIDIC en proyectos de infraestructura pública. Indicó que estos modelos buscan reducir controversias mediante sistemas colaborativos y mecanismos de alertas tempranas.
Respecto de los contratos FIDIC, explicó que se trata de cláusulas estandarizadas elaboradas por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Sin embargo, advirtió que todavía existe falta de capacitación en entidades públicas para aplicar correctamente estos mecanismos contractuales.
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Juntas de Prevención y Resolución de Disputas
Zúñiga señaló que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas cumple una función relevante en la continuidad de las obras públicas. Precisó que la nueva regulación exige que estas juntas estén instaladas desde el inicio de la ejecución contractual.
Según explicó, las JPRD pueden resolver controversias vinculadas con ampliaciones de plazo, penalidades, adicionales e incluso resoluciones contractuales. «No puedes iniciar la ejecución del proyecto si es que no tienes instalada la Junta de Resolución de Disputas», afirmó.
Perfil multidisciplinario en construcción pública
Finalmente, el especialista sostuvo que los proyectos de infraestructura requieren la participación conjunta de abogados, ingenieros, arquitectos y administradores. En ese contexto, cuestionó la idea de excluir a abogados de las Juntas de Resolución de Disputas por tratarse de materias técnicas.
«El mundo de la construcción y los proyectos de infraestructura son multidisciplinarios», manifestó. Además, consideró necesario fortalecer la capacitación especializada en contratación pública y ejecución de obras para mejorar la gestión de proyectos estatales.
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