El partido político Voces del Pueblo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y a los ministros de su gabinete por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en relación con el aumento de su remuneración mensual a S/35 568.
La acusación fue interpuesta por los abogados Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. El documento fue difundido por el diario La República.
Según la denuncia, el Decreto Supremo 136-2025-EF, emitido el 3 de julio, aprobó el nuevo monto bajo el supuesto amparo del artículo 52 de la Ley del Servicio Civil. La norma fue refrendada por el Consejo de Ministros, el ministro de Economía y la propia presidenta.
Los denunciantes sostienen que el incremento vulnera lo dispuesto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 28212, que fija como tope salarial presidencial el equivalente a diez Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, S/26 000 mensuales.
«El aumento remunerativo aprobado (S/35 568 00) no solo constituye un provecho económico personal directo, sino que además afecta el principio de equidad, austeridad y legalidad en la función pública», se indica en el escrito.
También se cuestiona la validez normativa del acto. «Se vulnera el principio de jerarquía normativa, al pretender que un decreto supremo –norma de menor jerarquía– derogue tácitamente una ley», señala el documento dirigido a la fiscal de la Nación.
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La denuncia menciona que el Consejo de Ministros actuó con conocimiento del límite legal vigente. «Los mismos funcionarios que diseñaron, aprobaron y refrendaron el decreto (…) se interesaron en el resultado económico del mismo», agrega.
Entre los ministros comprendidos figuran Eduardo Arana (PCM), Raúl Pérez Reyes (MEF), Carlos Malaver (Interior), Walter Astudillo (Defensa), Elmer Schialer (Relaciones Exteriores), Morgan Quero (Educación) y Enrique Álcantara (Justicia).
La lista incluye también a los titulares de Cultura, Trabajo, Producción, Comercio Exterior, Energía y Minas, Agricultura, Vivienda, Salud, Inclusión Social y Transportes. Todos son sindicados como autores por participación directa en el acto normativo.
