La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluar la eventual exclusión de la candidatura del congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien fue condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación agravada.
En el documento difundido por Carlos Viguria y dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, Espinoza señala que el titular del organismo electoral ha señalado que el proceso aún no ha concluido. Asimismo, cita que la autoridad electoral afirmó públicamente que «evaluarán todas las incidencias, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará». A criterio de la decana, esto abre la posibilidad de adoptar medidas respecto de candidaturas cuestionadas.
En esa línea, el escrito subraya que, «siendo la actual situación jurídica de condenado del señor Fernando Rospigliosi Capurro, y estando a que no se ha culminado con el cómputo de votos […] es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúe la condición actual de dicho candidato«. La solicitud se sustenta en que aún no se ha determinado qué postulantes superaron la valla electoral para integrar la Cámara de Diputados y Senadores, por lo que correspondería un pronunciamiento oportuno del órgano electoral.
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«Siendo que el Jurado Nacional de Elecciones es el garante de la democracia, y estando a las decisiones que se han adoptado recientemente, en aras del adecuado desarrollo del proceso electoral, pues parte de ello es asegurarse que ningún candidato que ya n o reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal», plantea Espinoza.
El último 15 de abril, el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Carbajal Chávez, condenó al congresista Fernando Rospigliosi a 9 meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, por difamación agravada contra Delia Espinoza Valenzuela. Además, se le impuso la pena de 100 días multa y una reparación civil de S/200 000.
