El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional contra Roberto Rolando Burneo Bermejo, en su condición de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por presuntas infracciones a la Constitución durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. La acusación sostiene que las fallas en la instalación de mesas de sufragio afectaron directamente el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Según el documento, el legislador solicita «disponer el inicio del procedimiento de acusación constitucional» y que, tras la investigación, se emita un informe final que recomiende la acusación ante el Congreso . Asimismo, plantea como sanciones «la destitución del cargo» y «la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de diez (10) años».
Promesas previas y cuestionamientos posteriores
En la denuncia se señala que, días antes de la jornada electoral, el presidente del JNE habría garantizado públicamente que los comicios serían «unas elecciones correctas» y que «no habrá ningún fraude en la jornada electoral». Además, se menciona que se anunció el despliegue de 50 mil fiscalizadores en todo el país, lo que constituía un compromiso institucional frente a la ciudadanía.
Sin embargo, el documento sostiene que estas garantías no se cumplieron, lo que, según el denunciante, agrava la responsabilidad constitucional del funcionario. En esa línea, se cuestiona la falta de medidas preventivas frente a advertencias previas sobre posibles fallas logísticas.
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Impacto en el derecho al sufragio
La denuncia indica que, al cierre de la jornada electoral, diversas mesas de sufragio no fueron instaladas en Lima Metropolitana, afectando a aproximadamente 52000 ciudadanos. En el texto se afirma que estas personas «fueron privados del más sagrado de sus derechos: el derecho a elegir a sus gobernantes».
Asimismo, se detalla que los problemas se registraron en al menos 13 centros de votación en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Esta situación, según el documento, implicó una vulneración directa del derecho fundamental al voto.
Advertencias previas y omisiones señaladas
El congresista también menciona que la Contraloría General de la República advirtió previamente irregularidades en la empresa encargada del transporte del material electoral. En particular, se señala que dicha empresa «no acreditó que sus conductores cumplían con la experiencia mínima requerida».
Pese a estas advertencias, la denuncia sostiene que no se adoptaron medidas oportunas desde el JNE. En ese sentido, se afirma que el presidente del organismo «no adoptó medida alguna ante estas advertencias documentadas».
Reacciones posteriores a la jornada electoral
Tras los hechos, el documento recoge declaraciones del propio Burneo Bermejo, quien manifestó: «Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado». Asimismo, indicó que «buscaremos las sanciones […] y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley».
La acusación se basa en presuntas infracciones a los artículos 31, 142, 176 y 178 de la Constitución, vinculados al derecho al sufragio, la finalidad del sistema electoral y la función fiscalizadora del JNE. En el documento se señala que el organismo no actuó como «garante constitucional» del proceso electoral .
El congresista sostiene que los hechos descritos constituyen una infracción constitucional grave que amerita sanción política. En ese contexto, solicita que el Congreso evalúe la destitución e inhabilitación del funcionario conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Constitución.
