Como se recuerda, en una sesión de audiencia llevada a cabo el 15 de abril de 2026, el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema, a cargo de la jueza Norma Carbajal Chávez, dio lectura a la sentencia a través de la que se condenó al congresista Fernando Rospigliosi a 9 meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, por difamación agravada contra Delia Espinoza Valenzuela. Además, se le impuso la pena de 100 días multa y una reparación civil de S/200 000.
Si bien, a la hora de leer la parte resolutiva de la sentencia, la jueza mencionó que la pena impuesta al querellado era de 9 años de pena privativa de libertad, valga aclarar que se trató de un error material, dado que la pena solo es de 9 meses y tiene el carácter de suspendida.
«Si bien se trata de un tema interés público, por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, el derecho se ejerció de forma abusiva», señaló Carbajal sobre los frases escritas por Rospigliosi.
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La querella de la exfuncionaria solicitó al Juzgado que se condene a Rospigliosi a una pena de 2 años y 4 meses y al pago de una multa de S/1 000 000. Por el contrario, el parlamentario alegó que la demanda busca limitar el derecho de opinión de los peruanos y es una «venganza» por las denuncias constitucionales promovidas en el Parlamento.
El caso inició tras una publicación del Ministerio Público sobre la reunión de la entonces fiscal de la Nación con los representantes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023. Ante esta publicación, el 7 de junio del año pasado, Rospigliosi respondió calificando a Espinoza como «la aliada del terrorismo y de las economías ilegales».
Un día después, la actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) envió una carta notarial al presidente encargado del Congreso solicitando su rectificación. Sin embargo, Rospigliosi se reafirmó en su comentario:
Ella se reunió con la «Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023» (típica fachada de subversivos) para apoyarlos y jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares que evitaron que las violentas hordas terroristas y delincuenciales repusieran al golpista Pedro Castillo e instauraran una dictadura en el Perú.
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Tiempo después, tras la difusión de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que destituyó a Espinoza de su cargo como fiscal de la Nación, el congresista publicó en su cuenta de X: «Una desquiciada que ocupó la fiscalía de la Nación solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar».
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