El magistrado Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara sostuvo ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que su participación en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dio en el marco de sus funciones gremiales y no como representante del Poder Judicial. Su exposición formó parte de su proceso de evaluación y ratificación como vocal superior.
Defensa de su intervención ante la CIDH
Durante su informe oral, el juez abordó directamente los cuestionamientos sobre sus declaraciones ante la CIDH y dio paso a la explicación central de su defensa, en la que buscó precisar el sentido de su intervención y el contexto en el que fue realizada. En ese sentido, afirmó de manera expresa:
Lo que he hecho yo en mi presentación y conforme a mi obligación legal y moral, porque tanto los estatutos de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú como los Estatutos de la Federación, ambos estatutos establecen expresamente que es uno de los fines tanto de la asociación como de la federación la defensa de la independencia de los poderes judiciales y la independencia de los jueces, entendiendo que la independencia de los jueces no es un derecho de los jueces, es un derecho de todos los justiciables a tener un juez independiente e imparcial.
El magistrado explicó que acudió a dicha audiencia en representación de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y de la Federación Latinoamericana de Magistrados, descartando haber hablado en nombre del Poder Judicial. En esa línea, precisó que «en ningún momento me he arrogado la representación del Poder Judicial», subrayando el carácter gremial de su intervención.
Rechazo a contenido político
Asimismo, rechazó que sus declaraciones hayan tenido un contenido político o que constituyan un ataque al sistema de justicia. Según indicó, su exposición tuvo un enfoque general y sistémico, al señalar que «nosotros no hemos descalificado al poder judicial en ningún momento ni al sistema de justicia».
En relación con el contenido de su intervención, el juez sostuvo que sus afirmaciones recogían preocupaciones existentes en el ámbito jurídico. Explicó que se basó en «el sentir de los jueces y fiscales del país y de algunas instituciones del foro jurídico y académico», especialmente respecto a iniciativas legislativas que podrían afectar la labor de jueces y fiscales.
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Durante la audiencia, también fue consultado sobre si sus declaraciones contribuían a la confianza en el sistema de justicia. Ante ello, respondió que «por supuesto que sí contribuyen», al considerar que visibilizar problemas estructurales permite generar reflexión y promover mejoras en el sistema.
El magistrado reiteró que su participación se dio en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, y que su intervención respondió a una invitación formal en el marco de un espacio académico internacional.
Finalmente, señaló que su exposición ha generado reacciones en distintos sectores, incluyendo pronunciamientos de asociaciones de jueces y el interés de organismos internacionales, lo que, según indicó, evidencia que el tema abordado tiene relevancia en el debate sobre la independencia judicial en el país.
Mira el informe oral completo aquí:
