Sumario: 1. Introducción; 2. Naturaleza jurídica y fundamento constitucional; 3. Presupuestos materiales de la prisión preventiva; 4. Evolución jurisprudencial reciente (2020–2025); 5. Principio de proporcionalidad; 6. Crisis en la práctica judicial; 7. Conclusiones; 8. Bibliografía.
1. Introducción
El ser humano es titular de derechos fundamentales inherentes a su dignidad, los cuales constituyen bienes jurídicos esenciales protegidos por el ordenamiento jurídico penal. Entre ellos destaca la libertad personal, considerada uno de los valores más importantes, solo superado por el derecho a la vida. La libertad se encuentra estrechamente vinculada con la posibilidad de desarrollar una existencia plena y digna.
No obstante, este derecho no es absoluto. Puede ser restringido de manera excepcional, siempre que exista una justificación legal, proporcional y necesaria, especialmente cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses públicos relevantes.
En ese sentido, resulta ilustrativa la célebre afirmación de Miguel de Cervantes Saavedra: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos…” [1], destacando así su valor esencial dentro de la vida humana.
El presente trabajo aborda la prisión preventiva como la medida cautelar de carácter personal más gravosa dentro del proceso penal. Su aplicación debe ser excepcional y subsidiaria, en concordancia con el principio de última ratio. Sin embargo, en la práctica judicial peruana se advierte una tendencia preocupante hacia su uso frecuente, desnaturalizando su carácter excepcional.
2. Naturaleza jurídica y fundamento constitucional
La prisión preventiva constituye la medida de coerción personal más severa dentro del proceso penal, pues implica la privación de la libertad del imputado antes de la existencia de una sentencia condenatoria firme.
Como señala Pablo Sánchez Velarde, se trata de la medida cautelar más grave, en tanto restringe la libertad personal durante el desarrollo del proceso[2].
En ese mismo sentido, la prisión preventiva no tiene naturaleza sancionadora, sino instrumental. Su finalidad es asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar riesgos procesales[3].
No obstante, como advierte Luigi Ferrajoli, el uso indebido de medidas restrictivas de libertad antes de una condena firme puede constituir una forma de pena anticipada, incompatible con el principio de presunción de inocencia[4].
El Tribunal Constitucional ha establecido que la prisión preventiva no es inconstitucional en sí misma; sin embargo, debe ser aplicada únicamente como último recurso[5].
3. Presupuestos materiales de la prisión preventiva
3.1. Fundados y graves elementos de convicción
Este presupuesto exige la existencia de un alto grado de probabilidad respecto a la comisión del delito y la vinculación del imputado con el mismo (fumus boni iuris).
No basta una imputación genérica; se requiere que los elementos de convicción sean objetivos, suficientes y debidamente corroborados. Asimismo, debe existir una conexión clara entre el hecho punible y la participación del imputado.
La exigencia de “graves y fundados” elementos implica un estándar elevado de probabilidad, cercano a la certeza, aunque sin alcanzarla plenamente.
Este presupuesto exige un alto grado de probabilidad respecto a la comisión del delito y la vinculación del imputado. Tal como sostiene Claus Roxin, la sospecha debe estar sustentada en hechos verificables[6].
3.2. Prognosis de la pena
Este requisito implica que la eventual pena a imponerse sea superior a cuatro años de privación de libertad. No obstante, esta evaluación no debe limitarse a la pena abstracta prevista en la ley, sino que debe considerar circunstancias atenuantes, agravantes y otros factores que incidan en la determinación concreta de la pena. Es decir, Debe realizarse una proyección razonada del posible quantum de la pena, considerando el caso concreto[7]. Si el juez realiza una valoración superficial de este requisito desnaturaliza su finalidad, convirtiéndolo en un mero formalismo.
3.3. Peligro procesal
Es el elemento central de la prisión preventiva y se justifica en la necesidad de evitar la frustración del proceso penal, el cual comprende dos dimensiones:
a) Peligro de fuga
En este requisito, el legislador prevé la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia, es decir, debe evaluarse el arraigo del imputado[8], (el arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo familiar), así como sus condiciones personales y sociales.
La jurisprudencia en esa misma línea ha establecido que la existencia de arraigo actúa como un factor que reduce el riesgo de fuga. Asimismo, no puede presumirse este peligro únicamente por la gravedad de la pena o la condición personal del imputado
b) Peligro de obstaculización
Este peligro no puede presumirse; debe acreditarse mediante circunstancias objetivas del caso concreto[9]. Asimismo, este peligro se configura cuando existe riesgo de que el imputado:
a) Destruya o altere medios de prueba.
b) Influya en testigos o coimputados.
c) Dificulte el esclarecimiento de los hechos.
4. Evolución jurisprudencial reciente (2020–2025)
La jurisprudencia peruana ha reforzado estándares como:
a) Motivación reforzada del peligro procesal[10].
b) Prohibición de fundamentar la prisión preventiva solo en la gravedad del delito[11].
c) Exigencia de plazo razonable[12].
5. Principio de proporcionalidad
Este principio se analiza a través de tres subprincipios:
a) Idoneidad: la medida debe ser apta para alcanzar el fin propuesto.
b) Necesidad: no debe existir otra medida menos gravosa igualmente eficaz.
c) Proporcionalidad en sentido estricto: debe existir equilibrio entre la afectación del derecho y el beneficio perseguido.
El Tribunal Constitucional ha adoptado este test, como parámetro obligatorio[13].
6. Crisis en la práctica judicial
En la práctica judicial se observan diversas deficiencias:
a) Uso excesivo de la prisión preventiva como regla general y no como la excepción que es.
b) Falta de motivación adecuada en los requerimientos fiscales.
c) Deficiencias en el ejercicio del derecho de defensa, debe ser una defensa activa y no pasiva.
d) Decisiones judiciales que no valoran adecuadamente lo debatido en audiencia.
Asimismo, el hecho de que el imputado participe en audiencias estando detenido limita su capacidad de defensa efectiva; como advierte Alberto Binder, esto refleja una distorsión del modelo acusatorio[14].
7. Conclusiones
- La prisión preventiva, pese a su reconocimiento como medida cautelar de naturaleza excepcional, ha sufrido en la práctica judicial peruana una tendencia expansiva que la acerca peligrosamente a una forma de sanción anticipada, afectando el principio de presunción de inocencia.
- Los presupuestos materiales establecidos en el Código Procesal Penal fundados y graves elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal, exigen una motivación estricta y reforzada; sin embargo, en la práctica se advierte una aplicación frecuentemente formalista o insuficientemente justificada.
- El peligro procesal, especialmente en sus dimensiones de fuga y obstaculización, debe sustentarse en criterios objetivos y verificables, siendo incorrecto suponerlo a partir de la gravedad del delito o de presunciones generales, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia nacional e internacional.
- El principio de proporcionalidad constituye el eje rector del control de la prisión preventiva; no obstante, su aplicación aún presenta inconsistencias en la judicatura, lo que debilita su función como límite material a la restricción de la libertad personal.
- La evolución jurisprudencial reciente del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Interamericana ha fortalecido estándares garantistas, especialmente en lo referido a la motivación, el plazo razonable y la prohibición de automatismos; sin embargo, dichos estándares aún no se reflejan plenamente en la práctica judicial.
- En consecuencia, la prisión preventiva en el Perú evidencia una crisis de excepcionalidad, lo que exige reforzar la formación judicial, el control de motivación y la aplicación estricta del modelo constitucional del proceso penal para evitar su uso desproporcionado.
bibliografía
[1] Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Parte II, cap. LVIII. Disponible aquí.
[2] Pablo Sánchez Velarde, Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Idemsa, 2009, p. 412.
[3] Ibíd., p. 413.
[4] Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Madrid: Trotta, 1995, p. 562.
[5] Tribunal Constitucional del Perú, Exp. 1091-2002-HC/TC, fundamento jurídico 3.
[6] Claus Roxin, Derecho Procesal Penal. Madrid: Civitas, 2000, p. 258.
[7] Corte Suprema del Perú, Casación 1445-2019/Nacional, fundamento jurídico 6.
[8] Corte Suprema del Perú, Casación 626-2013-Moquegua, fundamento jurídico 22.
[9] Corte Suprema del Perú, Casación 631-2015-Arequipa, fundamento jurídico 12.
[10] CIDH, Caso Chaparro Álvarez vs. Ecuador, párr. 93.
[11] Tribunal Constitucional del Perú, Exp. 01680-2020-PHC/TC, fundamento jurídico 7.
[12] Tribunal Constitucional del Perú, Exp. 00009-2018-PHC/TC, fundamento jurídico 15.
[13] Tribunal Constitucional del Perú, Exp. 045-2004-PI/TC, fundamentos jurídicos 21–25.
[14] Alberto Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000, p. 289.
