Inflación de sospechas: el nuevo desorden del proceso penal peruano

Sumario: 1. Planteamiento del problema; 2. Los grados de sospecha según la SPC 1-2017; 3. Estado actual sobre los grados de sospecha a través de la jurisprudencia; 4. Apreciaciones finales.

1. Planteamiento del problema

La teoría sobre los estándares de prueba ha ingresado de forma rauda a nuestro sistema procesal penal. Tal es así que la Corte Suprema ha acogido rápidamente dicha corriente y la ha plasmado en la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, fundamento 24 (en adelante, SPC), donde ha precisado que existen grados de sospecha para cada etapa del proceso penal: desde las diligencias preliminares hasta la emisión de una sentencia.

Entendemos que la finalidad de fijar grados de sospecha para cada etapa del proceso penal era establecer un norte claro; es decir, esclarecer los requisitos que deben concurrir para transitar de una etapa a otra, siempre acompañados de elementos de convicción.

Hasta ahí, todo resulta coherente. Sin embargo, a estas alturas, y transcurrido un tiempo prudencial, la situación ha tomado un rumbo distinto. Se ha configurado una bifurcación en los grados de sospecha plasmados en la SPC, la cual, a su vez, se ha ramificado en cada incidencia que se presenta en el proceso, especialmente en las medidas cautelares.

Todo ello ha llevado a que los grados de sospecha establecidos inicialmente hayan adquirido diversas tonalidades, generando una proliferación de categorías que, al parecer, se alejan progresivamente de la unidad. Se configura así una especie de “Torre de Babel”, donde se pretende construir un estándar a partir de múltiples grados de sospecha que, pese a su desarrollo, están generando una confusión creciente, volviendo el sistema incluso ininteligible ante la variedad de tipos de sospecha existentes.

2. Los grados de sospecha según la SPC 01-2017

La Corte Suprema, con la finalidad de establecer escalas probatorias para cada etapa del proceso penal, emitió la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, en la que, a grandes rasgos, se fijaron grados de sospecha para cada etapa procesal, con el propósito de dotar de mayor claridad al sistema:

Conforme a este esquema, se podía advertir —al menos en teoría— en qué etapa del proceso se encontraba un caso según el grado de sospecha alcanzado. Así, esta construcción pretendía sentar un horizonte claro sobre las etapas del proceso penal.

3. Estado actual sobre los grados de sospecha a través de la jurisprudencia

Pese a los parámetros establecidos por la Corte Suprema en la SPC 1-2017, con el transcurso del tiempo y la asimilación de este enfoque por parte de los operadores jurídicos, se ha generado una proliferación de rótulos que ha terminado por inundar el sistema procesal.

En ese sentido, el presente ensayo pone de relieve que el estado actual de los grados de sospecha, lejos de aportar orden en la resolución de casos concretos, ha derivado en un escenario confuso. Se han construido tipos de sospecha para casi cada incidencia procesal y, en muchos casos, sin uniformidad.

A continuación, se presenta un cuadro que sintetiza los distintos grados de sospecha desarrollados por la jurisprudencia:

4. Apreciaciones finales

Tal como se ha podido apreciar en el cuadro precedente, existe una multiplicidad de tipos de sospecha para cada etapa del proceso penal, así como para diversas incidencias dentro de la investigación, especialmente en el ámbito de las medidas cautelares.

Si bien es cierto que toda medida que implique la restricción de derechos del investigado debe sustentarse en suficientes elementos de convicción —tal como lo establece el Código Procesal Penal de 2004—, también lo es que dicho cuerpo normativo no ha fijado estándares con precisión cuantitativa o “matemática”. Ante esta indeterminación, la Corte Suprema ha optado por rotular distintos tipos de sospecha para cada supuesto.

No obstante, esta práctica ha terminado por desbordar la finalidad inicial de los estándares probatorios. La proliferación de categorías ha diluido los criterios que deberían servir como umbrales claros para el tránsito entre etapas procesales o para la imposición de medidas cautelares. En consecuencia, lejos de aportar claridad, esta diversificación está generando mayor confusión en el sistema.