Por años, el sistema de justicia peruano ha operado con un motor diseñado para una época distinta. Con una Ley Orgánica vigente desde 1981, el fiscal de la Nación sustentó ante el una comisión del Congreso un proyecto ambicioso de modernización que plantea cambiar radicalmente la forma de investigar el delito: perseguir el patrimonio criminal antes que priorizar únicamente las penas de cárcel.
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El diagnóstico es crudo y los números no mienten. En el Perú, entre el 80% y el 85% de los delitos cometidos nunca llegan a conocimiento de las autoridades, conformando una inmensa «cifra negra». De los casos que sí se investigan, apenas entre un 0.5% y un 1% logran una sentencia condenatoria.
Frente a este panorama, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, abogado sanmarquino con amplia experiencia en la magistratura, se presentó el pasado 31 de marzo ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para sustentar un proyecto largamente esperado: la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).
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El Decreto Legislativo 052, norma que rige actualmente a la Fiscalía, fue promulgado en 1981 bajo el amparo de la Constitución de 1979. Hoy, con un marco constitucional, penal y procesal completamente distinto, la institución enfrenta crímenes complejos —como el lavado de activos, la extorsión y el crimen organizado— con herramientas normativas desfasadas.
A continuación, hemos desglosado los pilares más importantes de esta propuesta que sustentó el doctor Tomás Gálvez ante la Comisión y que plantea redefinir la persecución del delito en el país.
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1. El cambio de paradigma: golpear el bolsillo del crimen
Uno de los argumentos centrales de la reforma es el fracaso del modelo punitivo tradicional. Según la sustentación del Dr. Gálvez, el 98% de los delitos tienen un móvil económico: el ánimo de lucro. Sin embargo, el sistema ha priorizado históricamente la búsqueda de penas privativas de libertad, basándose casi exclusivamente en testimonios.
El proyecto propone un giro hacia la investigación patrimonial estratégica. El objetivo principal será despojar al delincuente de los efectos, ganancias e instrumentos del delito mediante figuras como la incautación y la extinción de dominio.
«El agente delictivo sabe que siempre va a ser suya la ganancia del delito. Aún cuando lo condenen, va a quedarse con las utilidades», advirtió el titular de la Fiscalía, citando el caso Odebrecht como el ejemplo más claro de una estrategia donde se priorizó identificar responsabilidades, pero no se incautaron los miles de millones de ganancias ilícitas generadas.
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2. Adiós al «propio criterio» y el fin de la feudalización fiscal
Un cambio controversial pero necesario ataca directamente el artículo 5 de la actual Ley, que permite a los fiscales actuar conforme a su «propio criterio». Esta premisa ha derivado, según el diagnóstico institucional, en despachos que funcionan como feudos: investigaciones que se extienden hasta por diez años y decisiones dispares frente a casos similares.
La nueva LOMP establece que la autonomía fiscal se entiende frente a presiones externas o de otros poderes del Estado, pero no exime a los fiscales de acatar los lineamientos, directivas y protocolos institucionales. De este modo, si un fiscal es rotado, su reemplazo podrá continuar el caso de forma fluida bajo una estrategia institucional estandarizada, reduciendo los márgenes de arbitrariedad e impunidad.
3. La «cosa decidida» para frenar el acoso procesal
¿Cuántas veces puede una persona ser denunciada por los mismos hechos si el caso ya fue archivado? Para evitar la carga procesal innecesaria y el uso político del sistema, el proyecto introduce la figura de la «cosa decidida» en sede fiscal (equivalente a la cosa juzgada del Poder Judicial).
Esta figura operará bajo requisitos muy estrictos:
- Solo se aplicará luego de que el fiscal haya agotado todo el plan de investigación y actuado todas las diligencias.
- La conclusión debe determinar indubitablemente que el hecho no es delito o que la acción penal prescribió.
- Debe ser confirmada por una instancia superior.
Bajo estos supuestos, la decisión será inamovible, cerrando la puerta a reaperturas forzadas bajo la excusa de supuestas «nuevas pruebas» en casos atípicos.
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4. La fricción con la PNP: en busca de un equilibrio operativo
La sustentación del fiscal de la Nación no eludió la reciente y polémica Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) la investigación preliminar de los delitos. Frente a la aparente colisión de competencias, el Dr. Gálvez propuso una salida pragmática basada en el artículo 159 de la Constitución y en la creación de protocolos conjuntos.
La fórmula sugerida es una división estratégica del trabajo:
- Delitos violentos, de flagrancia y de sangre (robos, homicidios): La investigación operativa inicial sería asumida completamente por la PNP, con acompañamiento fiscal para garantizar la legalidad.
- Delitos complejos y de cuello blanco (lavado de activos, corrupción de altos funcionarios): La conducción desde el inicio se mantendría estrictamente bajo el control del Ministerio Público, argumentando que delegar la investigación de aforados a la policía generaría un colapso institucional y riesgos de politización.
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5. Autonomía financiera y la crisis en Medicina Legal
Ninguna reforma es viable sin recursos. Actualmente, el Ministerio Público opera con un presupuesto de 2870 millones de soles, casi la mitad de lo que recibe el Poder Judicial, pese a tener una carga operativa mucho mayor en campo. Para garantizar una verdadera autonomía e inmunidad frente a «represalias presupuestarias» del poder político, el proyecto exige que la ley fije un mínimo del 4% del presupuesto nacional para la Fiscalía.
Esta carencia de fondos tiene su rostro más crítico en el Instituto de Medicina Legal (IML). Durante la jornada, se reveló la renuncia de su Jefe Nacional y la precaria situación en regiones, donde la falta de insumos obliga a trasladar pruebas de una ciudad a otra (de Lambayeque a Chimbote, y de ahí a Arequipa), arriesgando la cadena de custodia y la viabilidad de las evidencias. La nueva ley propone descentralizar financieramente el IML, dándole poder de ejecución de gasto a las sedes regionales para agilizar compras urgentes.
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Lo que sigue
La propuesta, elaborada con el trabajo de decenas de expertos, juristas y operadores de justicia, se encuentra ahora en el terreno del Congreso. A puertas de un cambio a la bicameralidad y un escenario electoral, la voluntad política será clave para determinar si el Perú dota a sus fiscales de un marco normativo del siglo XXI, o si continuará enfrentando al crimen moderno con un manual de los años ochenta.
A continuación compartimos el vídeo que registró esta sustentación, así como el posterior debate: clic AQUÍ.
