El Ministerio Público, a través de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, dispuso que las presidencias de las juntas de fiscales superiores a nivel nacional remitan propuestas de despachos que asuman investigaciones por delitos contra la voluntad popular. La comunicación fue emitida mediante oficio circular del 22 de abril de 2026 y responde a un requerimiento formulado por la División de Investigación de Delitos contra el Estado (DIVIDCE).
Lea más | [VÍDEO] Tomás Gálvez busca transformar el MP desde sus cimientos con nueva Ley Orgánica
En el documento se indica que dicha unidad solicitó la creación de una fiscalía supranacional con sede en Lima, encargada de centralizar las investigaciones vinculadas a estos ilícitos. No obstante, se precisa que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias que dificultan la implementación de nuevos órganos fiscales en todo el país, por lo que se plantea optimizar los recursos disponibles mediante la asignación de estos casos a determinados despachos fiscales.
En ese marco, se dispuso que los presidentes de las juntas de fiscales superiores eleven al Despacho de la Fiscalía de la Nación la propuesta del órgano fiscal que asumirá estas investigaciones, en adición a sus funciones, con plazo hasta el 23 de abril de 2026. Los hechos materia de atención corresponden a los delitos contra la voluntad popular previstos en el Código Penal, los cuales comprenden conductas que afectan el ejercicio del sufragio y el desarrollo de procesos electorales.
Inscríbete aquí Más información
El último 23 de abril, la Fiscalía dispuso una serie de diligencias como parte de la investigación sobre las presuntas irregularidades reportadas durante el proceso electoral, entre ellas la realización de peritajes informáticos a los equipos utilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas medidas buscan esclarecer si existieron fallas técnicas o posibles acciones coordinadas que afectaron el desarrollo de la votación.
De acuerdo a La República, el fiscal a cargo del caso requirió recabar información clave sobre los dispositivos utilizados por funcionarios y servidores de la ONPE durante la jornada electoral. Entre los requerimientos se incluyen los números de teléfonos institucionales y personales, así como los correos electrónicos vinculados a los investigados.
