La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial que se incremente la pena impuesta al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el delito de difamación agravada. El pedido plantea que la condena pase de nueve meses de prisión suspendida a un año y ocho meses de pena efectiva.
El 24 de abril, la defensa de Espinoza interpuso un recurso de apelación contra la sentencia emitida el 15 de abril por la jueza suprema Norma Carbajal. El recurso busca que se revoque el extremo referido a la pena y se emita un nuevo pronunciamiento en ese punto.
Asimismo, solicitó que se modifique el monto de la reparación civil, elevándolo de S/200 000 a S/1 000 000. También requirió que se incremente de 100 a 201 el número de días multa que el sentenciado deberá abonar al Estado.
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La apelación sostiene que el congresista contaba con condiciones personales favorables, como formación académica, capacidad económica y posición funcional. Según el escrito, pese a dichas circunstancias, incurrió de manera dolosa en la conducta sancionada. En ese sentido, se plantea que la pena se ubique en el extremo superior del tercio inferior. Además, se indica que no cumpliría con los requisitos previstos en el artículo 57 del Código Penal para la suspensión de la ejecución de la pena.
Mediante resolución del 30 de abril, la jueza suprema concedió el recurso y dispuso su remisión a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. De ser declarado bien concedido, dicho órgano deberá convocar a una audiencia virtual con las partes y emitir una decisión.
En otro extremo, la magistrada ordenó remitir un oficio al Jurado Nacional de Elecciones, a fin de informar sobre la sentencia dictada, en atención a que Rospigliosi es candidato al Senado por el partido Fuerza Popular. También precisó que el fallo no es firme debido a que existen recursos de apelación presentados por ambas partes.
En la sentencia, el juzgado concluyó que Rospigliosi afectó el honor de Espinoza al difundir expresiones en la red social X, posteriormente replicadas en medios de comunicación. En dichas publicaciones, la calificó de «la aliada del terrorismo y de las economías ilegales». Inicialmente, pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión; sin embargo, la jueza impuso una sanción suspendida considerando la edad del sentenciado y la ausencia de antecedentes penales.
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