En una entrevista para LP Pasión por el Derecho, realizada el año pasado, el especialista Fernando Cantuarias Salaverry analizó la situación actual del sistema arbitral peruano. Durante la conversación, cuestionó los retos estructurales de esta institución y la idea de que solo el Estado puede resolver conflictos.
El mito del monopolio estatal en la justicia
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la crítica a la visión de monopolio en la impartición de justicia. Cantuarias advirtió que «pretender resolver el problema de la justicia solamente mirando al estado monopólico no te lleva a ningún lugar».
Explicó que, si bien el Poder Judicial es idóneo para materias penales y constitucionales, «el arbitraje […] sirve para temas específicos de comercio», siendo «muchísimo más eficiente que la justicia estatal en el Perú».
La independencia frente al Código Procesal Civil y la crisis educativa
Respecto a la normativa aplicable, el especialista fue categórico al rechazar la aplicación supletoria del Código Procesal Civil (CPC) en los procesos arbitrales. Cantuarias sostuvo que «en el arbitraje señor tenemos una regla radicalmente distinta a la del Código Procesal Civil».
Mientras el CPC establece que «todas sus normas son imperativas», el arbitraje consagra la «libertad absoluta» de las partes. Por ello, sostuvo que el Código Civil «es un código de procedimiento judicial [que] no sirve para nada más que para eso».
Esta desconexión en el sistema tiene su origen directo en la formación universitaria tradicional. Cantuarias cuestionó severamente la enseñanza en las facultades de derecho, argumentando que «lo que nosotros nos enseñan en las universidades no es proceso, es procedimiento».
Insistió en que se debe articular una «visión en conjunto de la problemática» para generar «mecanismos articulados como parte de una oferta de justicia», en beneficio de los ciudadanos, en lugar de ver al arbitraje y al Poder Judicial como enemigos.
El modelo de California: la justicia estatal como ultima ratio
Para ilustrar un modelo eficiente, el entrevistado citó su experiencia analizando el sistema judicial del estado de California, el cual posee un presupuesto gigantesco pero un enfoque sumamente distinto. Relató que, pese a sus vastos recursos, «el 5% de toda la litigiosidad […] va el Poder Judicial». El restante 95% se resuelve fuera del aparato judicial estructurado en «un todo orgánico», lo que evidencia que la justicia estatal debe actuar verdaderamente como la ultima ratio frente a mecanismos alternativos.
En el terreno del control constitucional de los laudos, el jurista se mostró enérgico contra la interposición de acciones de amparo para paralizar arbitrajes, señalando que «la idea ridícula de que el amparo es una especie de salvavidas absoluto ya es una ridiculez realmente y está destrozando el derecho».
Aclaró que la Ley de Arbitraje peruana ya contempla un control idóneo: «en toda la ley de arbitraje del mundo lo que cabe es un recurso llamado anulación ante el Poder Judicial, no amparos».
Al ser consultado sobre si los árbitros tienen la potestad para ejecutar de forma forzosa sus propios laudos, Cantuarias respondió desde una perspectiva netamente práctica. «Aterricemos, los árbitros nunca han tenido en ninguna parte del mundo ni van a tener la facultad de ejecutio porque no tienen el coertio necesario», explicó. Aclaró que la ejecución coercitiva es «una facultad inderogable de la autoridad», desmitificando pretensiones que exigen facultades irreales a los tribunales arbitrales privados.
La proliferación de los «centruchos» y la burocracia estatal
Un punto polémico fue la proliferación desmedida de centros de arbitraje, fenómeno que el entrevistado atribuyó a graves defectos normativos del Estado. «En este país hay como 300 centruchos de arbitraje», denunció, señalando directamente como causa a «ley de contrataciones del Estado».
Explicó que esta normativa promueve prácticas corruptas porque establece que «si tú no pactaste dónde ir lo elige el demandante», permitiendo que los centros ofrezcan servicios irregulares al mejor postor sin tener que competir sanamente.
Cantuarias también reprochó duramente las trabas burocráticas para la designación de árbitros, como el Registro Nacional de Árbitros (Renace), al que exigió eliminar: «ese registro debe desaparecer, no sirve para nada, es basura, mata ese registro, basta de burocracia inútil». Criticó que la normativa exija ciertos cursos para presidir tribunales excluyendo la experiencia profesional real, recordando que mundialmente «el árbitro debe ser escogido por su trayectoria» y por decisión libre de las partes
Asimismo, añadió que, gracias al pacto de calendarios procesales, en los arbitrajes modernos «usted previsiblemente ya sabe cuándo va a tener su caso resuelto», eliminando los nocivos tiempos muertos.
El entrevistado concluyó con una reflexión sobre la práctica local que será profundizada en su trabajo docente: «El gran problema con el peruano es que no mira afuera, mientras que no lo hagamos seguiremos siendo un país de segunda como lo que somos en términos jurídicos».
