El hallazgo de movimientos por más de S/31 millones en las cuentas bancarias del capitán de la Policía Nacional, R. V. C., ha sido incorporado como elemento central en una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito. La información, sustentada en un peritaje contable difundido por La República, abarca operaciones realizadas entre 2023 y 2025.
De acuerdo con la documentación revisada por el Ministerio Público, el monto asciende a S/31.4 millones, cifra que no guarda correspondencia con los ingresos declarados por el oficial. Según sus declaraciones juradas de bienes y rentas, V. C. percibía un sueldo mensual de S/4000 y registró ingresos acumulados por S/96 000 en el mismo periodo.
La investigación, dirigida por el fiscal Luis Mina Abanto, sostiene que esta diferencia constituye el eje de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. En el expediente también se consigna que una empresa vinculada al investigado, la cual registró la titularidad de 96 vehículos, sin que las operaciones comerciales expliquen el volumen de dinero detectado.
El levantamiento del secreto bancario permitió identificar abonos por S/13.4 millones en cuentas nacionales, así como transferencias en moneda extranjera durante el mismo periodo. La hipótesis fiscal indica que las operaciones se habrían realizado mediante mecanismos financieros con apariencia de legalidad, aunque con origen presuntamente ilícito.
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Las indagaciones vinculan estos hechos con intervenciones policiales relacionadas con la minería ilegal. Según la tesis del Ministerio Público, existiría una estructura dentro de la Policía Nacional integrada por agentes del Departamento de Inteligencia de la Dirincri y de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho.
En ese contexto, la fiscalía atribuye a V. C. la función de proporcionar información sobre operativos y facilitar recursos logísticos. «El capitán sería el encargado de filtrar información y disponía vehículos de la empresa para transportar el oro que debía incautarse», se detalla en la investigación.
Uno de los hechos consignados ocurrió el 21 de mayo de 2023, cuando V. C. habría alertado al capitán J. B. G. sobre el traslado de lingotes de oro valorizados en S/2 millones. Al día siguiente se ejecutó la intervención; sin embargo, «los lingotes nunca llegaron a poder de la autoridad competente», según el expediente fiscal.
Un colaborador eficaz indicó que el mineral fue sustituido por cobre y comercializado de forma ilegal. Asimismo, refirió que «las ganancias eran repartidas entre los involucrados», señalando a V. C. como organizador. Otro episodio, registrado el 10 de julio de 2023, vincula un abono de S/8.5 millones en sus cuentas con la sustracción de un lingote valorizado en S/5.8 millones.
La defensa del investigado sostiene que los movimientos financieros responden a la compraventa de vehículos usados a través de la mencionada empresa, constituida en marzo de 2022 con un capital de S/5000. No obstante, la fiscalía advierte que la empresa vendió 96 unidades con precios entre $6000 y $10 000, lo que resulta insuficiente para justificar el dinero identificado.
Finalmente, el fiscal Mina Abanto señaló que las diligencias continúan y que los montos detectados podrían estar vinculados a más intervenciones irregulares. «El hallazgo de los S/31 millones sería un indicio de que habría más ‘cambiazos'», declaró al medio que difundió la investigación.
