El Colegio de Abogados de Lima Este (CALE) informó que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada contra diversos artículos de la Ley N.° 32474, norma que dispone la creación de la Universidad Nacional de Huaral (UNAH). La acción constitucional, registrada bajo el Expediente N.° 00040-2025-PI/TC, cuestiona la constitucionalidad de la referida ley por una presunta vulneración de las disposiciones relacionadas con la iniciativa de gasto público y el equilibrio presupuestario del Estado.
La acción fue interpuesta por el decano del CALE, Dr. José Luis Silvestre Cortez, en ejercicio de la legitimidad que la Constitución Política del Perú reconoce a los colegios profesionales para la defensa del orden constitucional.
Según la demanda, la creación de una nueva universidad pública implica la generación de obligaciones económicas permanentes para el Estado, sin que se haya acreditado previamente la disponibilidad de recursos financieros que garanticen su sostenibilidad. Asimismo, se sostiene que la norma fue aprobada sin contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), requisito previsto en la legislación universitaria vigente y respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El recurso también señala que, durante el trámite legislativo de los proyectos que dieron origen a la Ley N.° 32474, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Educación formularon observaciones técnicas advirtiendo la ausencia de sustento presupuestal, el potencial impacto sobre la sostenibilidad fiscal y una eventual afectación a las reglas de equilibrio presupuestario.
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Para el Colegio de Abogados de Lima Este, la aprobación de normas que generan gasto público sin el debido respaldo financiero compromete principios fundamentales de responsabilidad fiscal y afecta la adecuada distribución de competencias entre los poderes del Estado.
La institución reafirmó que su actuación responde al compromiso de promover el respeto de la Constitución, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho, velando porque las decisiones legislativas se ajusten a los principios constitucionales y al interés general de la ciudadanía.
Finalmente, el CALE expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional evaluará el fondo de la controversia con estricto apego al marco constitucional y a la jurisprudencia vigente, garantizando la supremacía de la Constitución y el correcto ejercicio de las competencias de los órganos del Estado.
Colegio de Abogados de Lima Este
