La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó revocar la comparecencia restrictiva impuesta a Betssy Chávez y dictar prisión preventiva en su contra. El pedido fue presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el marco del proceso seguido por el presunto delito de rebelión.
El requerimiento fiscal surge luego de las recientes decisiones judiciales, entre ellas la resolución del Tribunal Constitucional que dispuso su excarcelación. En el documento presentado, la fiscal suprema (T) Zoraida Ávalos Rivera, precisó:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 inciso 3, del Código Procesal Penal, solicito que se revoque la medida de comparecencia restrictiva impuesta a la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino y se dicte mandato de prisión preventiva.
La solicitud se formula días después de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolviera no declarar contumaz a Chávez, pese a su condición de asilada. La directora de debates, jueza Norma Carbajal, consideró que era «imperativo continuar con el juzgamiento», ya que suspenderlo «perjudicaría el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la emisión oportuna de una decisión de fondo».
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La magistrada agregó que una eventual reserva del proceso generaría una «incertidumbre cuya temporalidad es incalculable, perjudicando los fines de la justicia».
TC dispuso excarcelación
En septiembre pasado, el TC ordenó la liberación de Betssy Chávez al determinar que el Ministerio Público presentó fuera de plazo el pedido de prolongación de prisión preventiva. En su resolución, el órgano constitucional señaló que el requerimiento se presentó un día antes del vencimiento del plazo, lo que «tornó prácticamente imposible que se resuelva dentro del plazo original».
El fallo del Tribunal indicó además que «no cabe sacrificar la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia». Por ello, declaró la nulidad de la resolución que prorrogaba la prisión preventiva por 15 meses adicionales y ordenó que el juzgado emitiera la resolución de excarcelación «bajo responsabilidad».
