El derecho a una sentencia útil: la medida cautelar de no innovar como muro de contención frente al remate judicial

Sumario: 1. Introducción: la justicia como simulacro y el derecho a la efectividad; 2. La instrumentalidad y la cognición sumaria; 3. El fumus boni iuris ante el precedente vinculante: de la apariencia a la probabilidad prevaleciente; 4. El periculum in mora y la irreversibilidad del remate: de la posibilidad a la certeza del daño; 5. El retardo como patología sistémica: la transgresión del plazo razonable y la configuración de la indefensión; 6. La medida cautelar no innovativa vs. el artículo 4 de la LOPJ: una ponderación necesaria; 7. Conclusión: la magistratura como garante de la paz jurídica y la eficacia del estado de derecho.

 1. Introducción: la justicia como simulacro y el derecho a la efectividad

La arquitectura del Estado Constitucional de Derecho se sostiene sobre una promesa fundamental: la paz social a través de la justicia. Sin embargo, de nada sirve que el Estado garantice el acceso formal a los tribunales si, al concluir un extenuante proceso cognitivo de nulidad, el vencedor recibe una sentencia que es un mero reconocimiento lírico de un derecho ya extinguido en la realidad. Cuando el fallo llega para declarar la nulidad de una obligación, pero el bien que la sustentaba ya ha sido devorado por el mercado a través de una ejecución forzada, no estamos ante un acto de justicia, sino ante un acta de defunción patrimonial.

La Tutela Jurisdiccional Efectiva, consagrada en el artículo 139.3 de nuestra Constitución Política, no es una cláusula ornamental, ni se agota en la facultad de permitir que el ciudadano pretenda ejercer su derecho al interponer una demanda.

La efectividad implica que el tiempo necesario para obtener justicia no debe convertirse en un daño para quien tiene la razón. Si el sistema permite que el transcurso del tiempo sea aprovechado por la contraparte para consolidar una situación irreversible, como es el remate de un inmueble, el proceso deja de ser un instrumento de protección para convertirse en una trampa dilatoria. En términos de Luigi Ferrajoli, la justicia que no puede evitar la consumación de una ilegalidad inminente es una justicia «impotente», una cáscara vacía que traiciona el contrato social.

Cuando un ciudadano cuestiona ante el Poder Judicial la validez de la fuente de una obligación —el núcleo mismo del título ejecutivo— y el sistema judicial, por una inercia formalista o una errónea interpretación de la celeridad, permite que el bien sea rematado antes de dictaminar sobre dicha validez, la justicia deja de ser un valor social, se transforma en un simulacro burocrático: un despliegue de energía jurisdiccional, papel y tiempo que al final no podrá restaurar nada.

Esta distorsión genera lo que la doctrina denomina «el daño de la justicia tardía». Si el juez de la nulidad se comporta como un espectador pasivo mientras el juez de la ejecución (o el martillero) liquida el patrimonio del demandante, el Estado está incumpliendo su rol de garante. No puede existir una «ejecución válida» sobre la base de un «acto nulo», y permitirse que la ejecución se consume en un remate, mientras que la nulidad se tramita. Eso sería apostar por un hecho consumado que vacía de contenido el pronunciamiento futuro.

La medida cautelar de No Innovar (Art. 687 del CPC) surge en este escenario, no como un obstáculo al tráfico comercial o financiero, sino como el único instrumento procesal capaz de evitar que el proceso se convierta en una «victoria pírrica». El término, evocado para describir triunfos que dejan al vencedor en un estado de ruina similar al vencido, describe perfectamente al litigante que, tras cinco años, obtiene una sentencia favorable de nulidad, pero descubre que su hogar ya tiene dos o tres transferencias sucesivas amparadas en la fe pública registral.

Así, la medida cautelar No Innovativa es una medida de aseguramiento de la eficacia de la sentencia. Su función no es prejuzgar, sino «congelar» la realidad para que el juez pueda trabajar sobre un proceso en curso. En casos de remates judiciales inminentes basados en cláusulas cuya legalidad ha sido proscrita por precedentes vinculantes (como el VI Pleno Casatorio), la medida de No Innovar es el muro de contención necesario. Negar su concesión bajo el argumento de que «no hay peligro» o que «se debe respetar el proceso de ejecución», es ignorar que el derecho a la efectividad de los procesos judiciales es un derecho humano.

La Sala Civil no puede ser ajena a esta realidad. La protección del patrimonio frente a ejecuciones basadas en títulos viciados exige que el magistrado asuma su rol como garante de la reversibilidad del proceso. Si el daño es irreversible (como la venta a un tercero de buena fe), la urgencia es absoluta.

En conclusión, la concesión de una medida cautelar de No Innovar para detener un remate no es un acto de injerencia ilegal, sino la máxima expresión de la autonomía jurisdiccional. Es el acto por el cual un juez afirma que su sentencia tendrá un valor real en el mundo físico y que no permitirá que la fuerza de una ejecución cuestionada derrote, por la vía de los hechos, la majestad de la ley que aún debe ser declarada.

2. La instrumentalidad y la cognición sumaria

La medida cautelar no es un apéndice caprichoso ni un rito ornamental del proceso; es una institución esencialmente instrumental (Art. 608 del Código Procesal Civil) cuya existencia se justifica únicamente en función de un proceso principal. Su razón de ser no es otra que garantizar que la decisión final, tras el agotamiento de las etapas cognitivas, no sea una victoria pírrica o un mero reconocimiento lírico. El Juez que rechaza una solicitud de No Innovar bajo el pretexto de «no querer interferir» con un proceso de ejecución paralelo, no está actuando con prudencia, sino que incurre en una falacia de compartimentación procesal que fractura la unidad del sistema jurídico.

 La dogmática procesal moderna, con exponentes como Piero Calamandrei, enseña que la tutela cautelar es una «relación de servicio». Si el proceso principal es el fin, la medida cautelar es el medio necesario para que ese fin alcance su destino. En el caso de una nulidad de acto jurídico que cuestiona la fuente de una ejecución forzada, la instrumentalidad exige que el Juez de la nulidad actúe como un custodio de la eficacia del sistema.

Permitir que el remate proceda mientras se discute la validez del título es admitir que el Estado puede despojar a un ciudadano basándose en un acto potencialmente inexistente o nulo. Aquí, la instrumentalidad se manifiesta en su máxima expresión: la cautelar de No Innovar no busca otorgar el derecho, sino asegurar que, si el derecho existe, este encuentre un objeto sobre el cual recaer al final del juicio.

Uno de los errores más graves en la judicatura de base es confundir la cognición sumaria con la certeza absoluta. En el cuaderno cautelar, el magistrado no está llamado a sentenciar el fondo, sino a realizar un juicio de probabilidad prevaleciente (Fumus Boni Iuris).

Esta cognición es, por naturaleza, periférica y superficial. El Juez no necesita —ni debe— agotar la actividad probatoria para conceder el auxilio. Si la demanda principal cuestiona la estructura misma del título ejecutivo (como ocurre con la nulidad de cláusulas de garantía «sábana» proscritas por el VI Pleno Casatorio Civil), la verosimilitud adquiere una densidad técnica que el Juez no puede ignorar. Negar el auxilio judicial alegando que el fondo «se dilucidará en el principal» constituye un contrasentido jurídico insalvable: es precisamente porque el fondo está en duda —y porque la duda tiene un sustento legal robusto— que la cautelar se vuelve obligatoria para preservar el objeto del litigio.

En el marco de un Estado Constitucional de Derecho, la tutela cautelar debe actuar como un «freno de seguridad» frente a la inercia del proceso de ejecución. El proceso de ejecución de garantía es una vía sumarísima que no admite una discusión profunda sobre la validez del acto jurídico subyacente. Por tanto, es el proceso de nulidad el llamado a ejercer el control de legalidad.

Si el Juez de la nulidad abdica de su potestad cautelar, está dejando al justiciable en un estado de indefensión material. La compartimentación procesal (la idea de que «mi proceso no mira al otro») es una patología que ignora que ambos procesos convergen sobre el mismo patrimonio. La medida de No Innovar suspende la eficacia ejecutiva no por un ánimo de obstrucción, sino por un imperativo de prudencia jurisdiccional. No se puede ejecutar lo que está siendo seriamente cuestionado bajo el amparo de precedentes vinculantes de la Corte Suprema.

Finalmente, debemos entender que la denegatoria de la cautelar en estos casos es irreversible, mientras que su otorgamiento es reversible. Si el Juez otorga la medida y luego la demanda es declarada infundada, el Banco solo habrá sufrido un retraso, el cual puede ser compensado mediante la contracautela. Pero si el Juez niega la medida y el bien se remata, el daño para el demandante es absoluto e irreparable.

Ante la duda razonable y el peligro inminente, la justicia debe inclinarse por la conservación del statu quo. Derribar el muro del formalismo significa entender que el proceso no es una carrera de obstáculos aislados, sino un mecanismo articulado para proteger derechos. La verdadera «interferencia» no es dictar la cautelar, sino permitir que un remate destruya preventivamente un derecho que la sentencia final podría estar obligada a proteger.

3. El fumus boni iuris ante el precedente vinculante: de la apariencia a la probabilidad prevaleciente

 El peso jurídico de la verosimilitud en estos escenarios no puede ser reducido a una mera apariencia superficial o a una interpretación subjetiva del juzgador; por el contrario, reside en la fuerza normativa del Principio de Predictibilidad Judicial. Cuando la pretensión de nulidad se cimenta en la doctrina establecida por el VI Pleno Casatorio Civil o en jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, la apariencia de buen derecho muta cualitativamente: deja de ser una sospecha para adquirir una densidad técnica incontrastable.

 La verosimilitud es, en esencia, un juicio de probabilidad. En el derecho procesal contemporáneo, esta probabilidad no surge de la nada, sino de la confrontación del hecho con la norma interpretada por las altas cortes. Ya que hemos mencionado a las “garantías sábana”, si el VI Pleno Casatorio ha determinado con carácter vinculante que este tipo de hipotecas, constituidas por terceros tras la Ley 28677, adolecen de un vicio de nulidad, el magistrado no se encuentra ante un vacío legal, sino ante un mandato de interpretación.

 Ignorar que el contrato materia de controversia replica exactamente el supuesto de nulidad descrito por la Corte Suprema es violentar el derecho a la igualdad ante la ley. La predictibilidad no es una sugerencia para el juez; es un límite a la arbitrariedad. En consecuencia, si el sustento de la demanda es un precedente vinculante, el grado de verosimilitud es máximo, y su negación exige una motivación cualificada que demuestre por qué el caso no se subsume en dicho precedente, algo que en la resolución recurrida brilla por su ausencia.

El magistrado tiene el deber de concebir el ordenamiento jurídico como un sistema coherente y unitario. No es jurídicamente aceptable que un juez civil, bajo el escudo de un formalismo ciego, separe el proceso de ejecución del proceso de nulidad como si fueran compartimentos estancos. Si existen indicios razonables de que el título ejecutivo contraviene normas imperativas de orden público, la verosimilitud se vuelve más que obvia.

 Permitir que una ejecución avance sobre un título que, según la jerarquía normativa, nace con una sospecha de invalidez absoluta, es permitir que el Estado colabore con la consumación de un acto ilícito. La motivación que ignora el impacto de un Pleno Casatorio sobre la verosimilitud es una motivación aparente. No basta con decir que «se verá en el principal»; el juez cautelar debe realizar un juicio de prognosis: si es «altamente probable» que el demandante gane por existir un precedente a su favor, la medida cautelar no es una opción, sino una obligación de tutela.

En la doctrina italiana de la cognición sumaria, se habla de la probabilità prevalente. En este caso, no estamos ante una duda razonable, sino ante un derecho muy probable. La jerarquía de las normas y la obligatoriedad de los Plenos Casatorios (Art. 400 del CPC) dotan a la pretensión de una armadura jurídica que el juez de primera instancia no puede desmantelar con argumentos genéricos.

La resolución que niega la cautelar vicia el proceso al desatender la fuerza expansiva del precedente. Si la Corte Suprema ya trazó la línea divisoria entre lo legal y lo nulo respecto a las garantías abiertas, el juez de base no puede pretender que esa línea no existe. La verosimilitud, por tanto, se objetiva: no depende de lo que el juez «crea», sino de lo que la Corte Suprema ya decidió. Negar esto es subvertir el orden jerárquico del Poder Judicial y condenar al administrado a una inseguridad jurídica incompatible con un Estado Social y Democrático de Derecho.

4. El periculum in mora y la irreversibilidad del remate: de la posibilidad a la certeza del daño

El peligro en la demora (periculum in mora) no debe ser interpretado por la judicatura como un simple temor subjetivo o una conjetura sobre eventos futuros. En el escenario de un remate judicial inminente, este presupuesto se transforma en una certeza operativa. La doctrina procesal contemporánea, sostiene que el peligro debe ser analizado bajo el prisma de la tutela cognitiva preventiva: no se trata de esperar a que el daño se produzca, sino de neutralizar la inminencia de un perjuicio que, por su propia naturaleza, no admite retorno al statu quo ante.

El remate judicial no es un acto procesal más; es el acto de ejecución forzada por excelencia que produce la transferencia coactiva del dominio. La irreversibilidad que este genera no es solo física (el despojo del bien), sino fundamentalmente jurídica. Una vez que el martillero adjudica el inmueble, se quiebra la relación de propiedad del demandante, desplazándola hacia un tercero que, en la mayoría de los casos, es ajeno a la controversia de nulidad subyacente.

Aquí reside el mayor riesgo de indefensión material. El ordenamiento jurídico peruano protege con especial rigor la seguridad del tráfico jurídico a través del Principio de Fe Pública Registral. Según el artículo 2014 del Código Civil, el tercero que adquiere un derecho de quien en el registro aparece con facultades para transmitirlo, mantiene su adquisición una vez inscrita su derecho, siempre que su desconocimiento de la inexactitud del registro sea de buena fe. En ese contexto:

La doctrina es unánime al definir el daño irreparable como aquel cuya reposición es imposible o cuya compensación económica resulta insuficiente para restaurar la esfera jurídica del afectado. En el caso de la propiedad inmueble —que muchas veces constituye el único patrimonio o el sustento económico de una familia o empresa—, la pérdida del bien no es cuantificable meramente en dinero; es una mutilación del derecho de propiedad reconocido constitucionalmente. Bajo este razonamiento, si el magistrado advierte que la ejecución se basa en una cláusula cuya validez está cuestionada (por ejemplo, una garantía «sábana» impuesta a un tercero post-2006), el juicio de ponderación debe favorecer obligatoriamente la suspensión. La justicia que llega después del remate no es justicia, es un pésame judicial.

Negar la medida cautelar en este contexto implica que el Juez asume el riesgo de emitir una sentencia inocua. Si la finalidad del proceso es «resolver un conflicto de intereses y hacer efectiva la paz social en justicia» (Art. III del Título Preliminar del CPC), no se cumple dicho fin si el magistrado permite que el objeto del conflicto desaparezca durante el trámite.

Por tanto, el periculum in mora en el proceso de nulidad frente al remate es un presupuesto autoevidente: la sola existencia de un título ejecutivo en etapa de ejecución forzada constituye la prueba palmaria del peligro. La medida de No Innovar actúa así como un dique de contención necesario; no suspende el derecho al cobro del acreedor, sino que lo supedita a la validación previa y definitiva de la legalidad de su título, evitando que el Estado sea cómplice de un despojo basado en un acto jurídico nulo.

Este apartado es, quizás, el más crudo desde la perspectiva de la Responsabilidad del Estado y la Teoría de la Invalidez de los Actos Procesales. Vamos a extenderlo con un rigor jurídico que transforme una «queja administrativa» en una denuncia constitucional de indefensión.

5. El retardo como patología sistémica: la transgresión del plazo razonable y la configuración de la indefensión

Para ilustrar la precariedad que asfixia al sistema judicial, resulta imperativo analizar el registro de una solicitud cautelar que, por su propia naturaleza, exige una respuesta inaudita altera pars (sin oír a la otra parte) y con la inmediatez que el periculum in mora impone. Sin embargo, en la praxis, nos encontramos con expedientes que “duermen el sueño de los justos» durante sesenta días en una bandeja virtual, no por la complejidad del derecho invocado, sino por una omisión administrativa del auxiliar jurisdiccional.

Este retraso no debe ser minimizado como una anécdota trivial o un error de gestión interna; representa una vulneración frontal al Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas, consagrado en el Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocido por el Tribunal Constitucional como un contenido implícito del Debido Proceso.

Resulta jurídicamente perverso y éticamente reprobable que el Estado, tras incumplir sus propios plazos procesales por una desidia interna plenamente acreditada en autos (mediante la «Razón» del especialista), pretenda utilizar el avance cronológico del tiempo para negar la urgencia de la tutela.

Estamos ante una fractura del Principio de Buena Fe Procesal. La administración de justicia no puede, bajo ningún concepto, beneficiarse de su propio retardo para declarar la «inexistencia de peligro». Esto sería un contrasentido lógico y legal: fue precisamente ese silencio administrativo —ese vacío de poder judicial— el que colocó al justiciable al borde del precipicio ejecutivo. La inacción del juzgado no diluye el peligro; lo potencia, lo cristaliza y lo vuelve inminente. La doctrina de la Tutela Jurisdiccional Efectiva exige que el tiempo del proceso no dañe al titular del derecho, en ese orden de ideas, cuando un especialista legal confiesa que «no visualizó ni imprimió» una solicitud de suspensión de remate durante dos meses, el Estado ha abandonado su rol de garante. 

Este retardo injustificado constituye una denegación fáctica de justicia. Si el juzgado se toma sesenta días para dar cuenta de un pedido cuya esencia es la urgencia, y luego utiliza ese mismo tiempo transcurrido para decir que «ya no hay urgencia» o que «el proceso de ejecución ha avanzado demasiado», está incurriendo en una arbitrariedad manifiesta. El avance de la ejecución paralela durante el periodo de inactividad del juzgado de nulidad es responsabilidad exclusiva del aparato judicial, y no puede ser cargado al patrimonio del administrado.

Así, la observancia de los plazos en el cuaderno cautelar es un deber de orden público, un retraso de tal magnitud en un pedido de No Innovar frente a un remate inminente no es una falta leve; es una barrera de acceso a la justicia que vacía de contenido el Derecho a la Propiedad. Sin embargo, muchos permiten que la «fuerza de los hechos» se imponga sobre la «fuerza del derecho» por una mera desprolijidad administrativa. Por tanto, la reparación de este agravio no solo exige la concesión de la medida, sino el reconocimiento de que el justiciable ha sido sometido a un estado de indefensión material provocado por el propio órgano que debía protegerlo. La justicia que llega tarde, y que además pretende justificarse en su propia tardanza, es la negación misma del Estado de Derecho.

6. La Medida Cautelar No Innovativa vs. el artículo 4 de la LOPJ: una ponderación necesaria

Es común observar en la práctica forense que los jueces de primera instancia utilizan el Artículo 4 de la LOPJ como una «cláusula de exoneración de responsabilidad». Dicha norma establece que ninguna autoridad puede «cortar procedimientos en trámite». Sin embargo, una lectura literal y aislada de este precepto conduce a un absurdo jurídico: suponer que el proceso de ejecución es una vía absoluta e imparable, incluso si se detecta que el título que lo sostiene es espurio o nulo.

La interpretación constitucional exige entender que la medida cautelar de No Innovar no «corta» el procedimiento, sino que lo interdicta temporalmente. No hay una extinción del proceso de ejecución, sino una suspensión de su eficacia ejecutiva en aras de preservar la materia del litigio en el proceso de nulidad. El Artículo 4 de la LOPJ protege al Poder Judicial de injerencias externas (políticas o administrativas), pero no puede ser invocado para anular la propia facultad cautelar que el legislador procesal otorgó a los jueces en el Código Procesal Civil.

El Artículo II del Título Preliminar del Código Civil proscribe el Abuso del Derecho. Cuando una entidad financiera pretende acelerar un remate judicial basándose en una cláusula cuya legalidad ha sido proscrita por el VI Pleno Casatorio Civil (cuando se trata de “hipotecas sábana”, por citar un caso), no está ejerciendo un derecho legítimo, sino desnaturalizando el proceso ejecutivo.

El Juez, como director del proceso, tiene el deber de evitar que la justicia sea utilizada como un vehículo para la consumación de actos nulos. Si existe una probabilidad alta de nulidad, permitir que el remate proceda es convertir al Estado en cómplice de un despojo patrimonial. La ponderación aquí es clara: el derecho del acreedor a un cobro rápido no puede estar por encima del Derecho a la Propiedad y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del deudor o del tercero garante, especialmente cuando la fuente de la obligación es legalmente cuestionable.

La justicia no debe ser entendida como un mecanismo inercial o un «tren sin frenos». Por el contrario, la esencia de la jurisdicción es la reflexividad. Ante el conflicto entre la celeridad procesal y la seguridad jurídica, el magistrado debe aplicar el test de proporcionalidad:

• Idoneidad: La suspensión del remate es idónea para evitar que el bien salga del patrimonio del demandante de forma irreversible.
• Necesidad: No existe otra medida (como una anotación de demanda) que impida que un tercero de buena fe adquiera el bien en el remate, haciendo inútil la sentencia de nulidad.
• Proporcionalidad en sentido estricto: El «sacrificio» del acreedor (esperar a la sentencia de nulidad) es leve frente al sacrificio del demandante (perder su propiedad para siempre).

Si la legalidad de la raíz del proceso ejecutivo (el título) está en duda, la pausa es obligatoria. Una ejecución sin un título válido no es justicia, es una vía de hecho revestida de formalidad legal.

Finalmente, el Control de Convencionalidad vincula a los jueces a garantizar que los recursos internos sean efectivos. El Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a que el recurso (en este caso, la demanda de nulidad) sea capaz de producir resultados. Si el Juez de primera instancia permite que el remate se ejecute basándose en una interpretación rígida del Artículo 4 de la LOPJ, está vaciando de contenido la Convención, la cual, al igual que la Constitución y los Tratados Internacionales están por encima de la Ley Orgánica. Por tanto, la medida cautelar de No Innovar es el mecanismo convencional por excelencia para asegurar que la protección de la propiedad privada no sea un concepto vacío, sino una realidad protegida por la judicatura frente a la inminencia de un daño irreparable.

7. Conclusión: la magistratura como garante de la paz jurídica y la eficacia del estado de derecho

El remate judicial no es un simple trámite administrativo de liquidación de activos; es, en esencia, el acto de mayor violencia patrimonial que el Estado ejerce sobre el ciudadano. Representa la culminación del poder coercitivo del aparato público invadiendo la esfera privada para despojar a un sujeto de su propiedad. Por esta razón, su ejecución solo puede considerarse legítima y moralmente aceptable en un Estado Constitucional de Derecho cuando el título que lo sustenta es inatacable, habiendo superado un control de legalidad y validez que no deje margen a la arbitrariedad.

Si existe un proceso de nulidad de acto jurídico con un sustento dogmático robusto —especialmente cuando se invocan normas de orden público y precedentes de observancia obligatoria—, la Medida Cautelar de No Innovar se erige como la única «válvula de escape» del sistema. Es el mecanismo de seguridad que evita que la maquinaria judicial, en su afán de celeridad ejecutiva, termine devorando los mismos derechos fundamentales que juró proteger. La cautelar aquí no es un obstáculo para el cobro, sino un presupuesto de validez para una ejecución justa.

La eficacia de una sentencia no se mide por la elegancia de su redacción ni por la profundidad de sus citas, sino por su capacidad real de transformar la realidad y restaurar el derecho vulnerado. Si el Juez, por una interpretación restrictiva del auxilio judicial, permite que la realidad sea destruida —que el bien sea rematado y el patrimonio disuelto— antes de emitir su fallo, está abdicando de su función jurisdiccional primaria. Un magistrado que contempla la destrucción del objeto del litigio mientras tramita el proceso, deja de ser un director del debate para convertirse en un espectador pasivo de la arbitrariedad.

En última instancia, la paz jurídica no se logra con ejecuciones rápidas, sino con decisiones que respeten la unidad del sistema jurídico. En ese orden de ideas, los juzgados de primera instancia, conocedores de solicitudes de cautelares no innovativas, tienen la oportunidad de reafirmar que el derecho a la propiedad y la tutela jurisdiccional efectiva no son aspiraciones retóricas, sino límites infranqueables para cualquier pretensión ejecutiva que no resista el análisis de la legalidad. La justicia que no es capaz de detener un daño irreparable, simplemente no merece ser llamada justicia.

La denegatoria de una tutela cautelar en presencia de un peligro de irreversibilidad absoluta (el remate) configura un supuesto de responsabilidad funcional y vulneración al contenido esencial del Debido Proceso. La doctrina es, en este apartado,  unánime: la tutela cautelar es el derecho a que el tiempo necesario para obtener justicia no se convierta en la causa de su propia inutilidad. Por tanto, la suspensión del remate vía No Innovar no es una facultad discrecional, sino un deber de protección derivado de la Constitución.