La Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió, este jueves 6 de noviembre, aceptar la renuncia de los abogados César Augusto Romero Valdez y Luis Roberto Barranzuela Vite en la defensa de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino. Sin embargo, precisó que el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea no podrá asumir su representación, debido a que se encuentra suspendido por 6 sesiones.
Ante ello, se dispuso designar como defensor público al abogado Julio César Guzmán Cisneros, quien ejercerá la defensa de Chávez a partir de la próxima semana. Asimismo, se informó que se remitirá el enlace de la audiencia para que la exfuncionaria pueda ejercer su derecho de defensa.
Betssy Chávez reconoce a Noblecilla como única defensa
El pasado miércoles 5, Chávez Chino presentó un escrito ante la sala en el marco del proceso de juicio oral que se le sigue. En el documento la exfuncionaria comunicó un cambio en su defensa legal.
En su declaración, Chávez informó que decidió subrogar a los abogados Romero Valdez y Barranzuela Vite, además de renunciar a ejercer su propia defensa en calidad de abogada. La ex jefa del Gabinete precisó que, desde esa fecha, su único abogado defensor será Noblecilla Olaechea:
En ejercicio de mi derecho a la defensa reconocido por la Constitución Política del Perú y lo pertinente en el Código Procesal Penal, subrogo a los letrados César Augusto Romero Valdez y Luis Roberto Barranzuela Vite e incluso renuncio a ejercer mi propia defensa en mi condición de abogada, precisando expresamente que a partir de este momento mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa.
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No obstante, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema expulsó a Noblecilla del juicio oral por presunta rebelión y lo suspendió por dos meses en el ejercicio de su profesión, tras presentar un presunto certificado médico falso.
Barranzuela intentó renunciar a la defensa
El pasado martes 4, Luis Roberto Barranzuela Vite anunció su renuncia a la defensa legal de Chávez, tras conocerse que esta habría solicitado asilo en la embajada de México. No obstante, el Juzgado declaró improcedente la renuncia y ordenó correr traslado de la situación procesal de la exministra al Juzgado de Investigación Preparatoria.
Durante su intervención, Barranzuela explicó las razones que motivaron su decisión ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En sus palabras:
Señora magistrada, quería generar un incidente. Es de conocimiento público que la señorita ha sido asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, quiero dar cuenta y que quede asentado que nosotros hemos estado intentando comunicarnos con la señorita Betssy Chávez Chino hasta el día de ayer. Inclusive, quisiera mostrarle a la sala que el día de ayer me he comunicado a su teléfono y no me contesta.
Luego tomé conocimiento por los medios de comunicación de que había sido asilada en la embajada mexicana. En consecuencia, yo no podría continuar una defensa en este sentido, porque esta defensa se prepara y se ha preparado desde el mes de marzo. En consecuencia, voy a renunciar a esta defensa. Sin embargo, para no dejarla en estado de indefensión, continuaré hasta que usted decida si se hace cargo la defensa pública.
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La magistrada a cargo dejó constancia de la renuncia presentada y precisó que el tribunal evaluará la solicitud en el curso del proceso, a lo que el letrado recalcó que «es un derecho constitucional. Nadie puede obligar a un abogado defensor a continuar en proceso en el cual, por motivos personales, ya no desea continuar».
La renuncia de Barranzuela ocurrió un día después de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras confirmar el asilo otorgado a la ex primera ministra.
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Ministerio Público advirtió riesgo de fuga
En setiembre, el Poder Judicial dictó diez meses de impedimento de salida del país contra Chávez, dentro de la investigación de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. La medida fue sustentada por el Ministerio Público en el presunto riesgo de fuga, sustentado en reportes de geolocalización que la ubicarían dirigiéndose hacia la embajada de México luego del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022.
Además, la Fiscalía precisó que la defensa no presentó documentos de arraigo válidos, pues el contrato de alquiler mostrado presentaba inconsistencias.
