La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el exlegislador Jorge Andrés Castro Bravo por los presuntos delitos de concusión y violación de correspondencia.
El Ministerio Público informó que el primer delito se relaciona con el presunto recorte irregular de haberes a empleados de su despacho, los que se habrían usado para el pago de alquileres de su oficina de coordinación parlamentaria en Tacna.
El segundo delito se vincula al supuesto ingreso indebido a una cuenta WhatsApp de una empleada, precisó la Fiscalía de la Nación.
El caso
En un programa televisivo, la excoordinadora parlamentaria en Tacna, Paola Alave Quispe, afirmó que con su sueldo debía pagar el alquiler del local que Castro utilizaba para sus reuniones en esa región.
Además, refirió, de solventar los servicios de luz, agua e internet, así como la compra de diarios para la oficina del exlegislador que formó parte de la concertación parlamentaria.
Alave fue contratada en agosto de 2016 y durante siete meses pagó al alquiler y servicios de la oficina descentralizada. Después, Castro dispuso de un inmueble de su propiedad para el funcionamiento del local.
Sin embargo, la empleada continuó asumiendo los gastos de servicios, denunció en el programa Cuarto Poder, el año pasado.
#Urgente | La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, presentó ante el @congresoperu una denuncia constitucional contra el excongresista, Jorge Andrés Castro Bravo, por los delitos de concusión y violación de correspondencia. pic.twitter.com/TBEDhAeIwb
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 9, 2020
Fuente: Andina
