PRÓLOGO
Para el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer, es un honor y un gran placer presentar esta obra en el aniversario número quince de existencia del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (Gledpi).
Como en las publicaciones anteriores de este distinguido grupo de especialistas latinoamericanos y europeos en derecho penal y derecho penal internacional, el tema de investigación del que se ocupa este libro son las políticas públicas, la regulación legal –especialmente la regulación penal y procesal penal– y la jurisprudencia en materia de drogas a nivel internacional, con énfasis en la región latinoamericana. Una temática de actualidad y relevancia no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político, social, económico, psicológico y cultural.
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Entendemos que hablar sobre drogas implica, en primer lugar, reconocer un tema de adicción y dependencia que refleja a nivel mundial un problema de salud crónico, con un fuerte impacto social. Aparte de la reflexión sobre cómo este fenómeno nocivo puede ser prevenido y tratado –por ejemplo, por medio de campañas y programas de tratamiento y atención basados en datos y evidencia científica– deberíamos preguntarnos en qué sentido el derecho penal es una medida adecuada para combatir el fenómeno y –si este fuera el caso– de qué manera. La repercusión dañina de la droga y sus consecuencias nos obligan a pensar en el derecho penal como herramienta, entre otras, para la reducción de la demanda y medidas conexas, bajo un enfoque de prevención y tratamiento, y no solo en la mera punición del “delincuente”.
Al mismo tiempo están otras formas de delincuencia relacionadas con las drogas –económicamente de una importancia mucho más grande que el actual consumo–, que impulsan el debate regional frente a una aplicación más eficaz de las leyes nacionales y de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas. Los vínculos que no se pueden desconocer, producto de los dineros de cultivos ilícitos y del tráfico de drogas en la política y en el sector privado, han venido dejando en el centro y el sur del continente una marca casi indeleble, provocando delitos como el lavado de dinero, el soborno, la trata de personas y la corrupción.
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En muchos países del continente, los vínculos entre el crimen organizado y las élites políticas son innegables, en desmedro del fortalecimiento o la consolidación de instituciones estatales estables, de los derechos humanos y la democracia liberal. Además, el dinero ligado al tráfico de drogas abre las puertas a la corrupción de funcionarios públicos, en detrimento de las clases más vulnerables de la sociedad.
En consecuencia, en varios de los estudios de caso que componen esta publicación se hace evidente que en las legislaciones penales de la región ha primado un enfoque prohibicionista que sanciona, más o menos drásticamente, casi la totalidad de conductas relacionadas con la producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas. Todavía queda en la discusión la oportunidad de nuevos enfoques de salud pública y derechos humanos.
De los distintos artículos se desprende también que ese enfoque, si bien diferenciado en los países de la región –que ve en los consumidores sujetos pasivos de la acción penal más que posibles pacientes de terapias de atención y rehabilitación, y que ha medido su éxito preponderantemente en aprehensiones y condenas a los eslabones más débiles de la cadena de la producción y el tráfico–, no ha sido efectivo en la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, esta política meramente prohibicionista y punitiva de drogas ha contribuido a una situación de hacinamiento nefasto en la mayoría de las prisiones de la región, que ha puesto en peligro la salud de los internos. Es por eso que parte de las reflexiones apuntan a generar esfuerzos de reducción del consumo con modelos preventivos para contrarrestar la situación penitenciaria y los factores socioeconómicos conexos.
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Como contraste a este tipo de aproximación, y como propuesta de posibles reformas, también están presentes en esta publicación algunos ejemplos de políticas alternativas de países que han optado por el modelo de prevención del delito, de regulación de la venta de drogas y de reducción del daño. Un trabajo que esperamos motive a la articulación regional y a la cooperación común basada en el principio de corresponsabilidad. La despenalización del consumo de drogas, al menos de las drogas blandas, también podría tener como consecuencia un mejoramiento de la precaria situación de muchas prisiones latinoamericanas.
Por último, algunos artículos tratan el tema de las nuevas sustancias psicoactivas, y la veloz amenaza de los estimulantes de tipo anfetamínico, incluida la metanfetamina. Así, los autores buscan aportar, desde el intercambio y la construcción de conocimiento, para anticipar de manera responsable los nuevos retos y desafíos, tanto a nivel penal como social, frente a estas nuevas formas no menos nocivas de drogas y la falta de regulación frente a ellas.
Aunque aún es prematuro evaluar los resultados de este cambio de perspectiva, y teniendo en cuenta el gran número de dificultades que se han venido presentando en su implementación en países como España y Uruguay, estos modelos nos brindan luces para concebir otro tipo de abordaje de esta problemática desde la criminología y la política criminal. Tema mencionado y discutido, con excelente representación regional, en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el problema mundial de las drogas (Ungass 2016).
En consecuencia, como lo hacemos con los seminarios, las conferencias, los talleres y las publicaciones sobre temas jurídicos relevantes para la región, con la publicación de esta obra el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica busca hacer un aporte a la discusión jurídica y al debate informado sobre políticas de drogas de uso ilícito. Una perspectiva comparada sobre la normativa regional y de algunos países europeos al respecto, producto de varios años de encuentros, investigaciones y retroalimentación entre los abogados litigantes, jueces y académicos penalistas que componen el Gledpi puede ayudar a repensar el tratamiento punitivo en esta materia, al presentar un análisis riguroso de los aciertos y desaciertos de la legislación y jurisprudencia pasada y actual sobre el tema. Asimismo, puede aportar a plantear alternativas al tratamiento represivo y prohibicionista que parece desconocer que el derecho penal debe ser la última ratio en la protección de los bienes jurídicos en peligro o presuntamente vulnerados. Esperamos que este trabajo contribuya a un cambio de paradigma en la política de drogas que este continente busca.
Queremos agradecer de manera especial a los coordinadores académicos del Gledpi, los profesores Kai Ambos y Ezequiel Malarino, por su acompañamiento y liderazgo en el trabajo del grupo y en la materialización de este libro. Felicitamos además por esta importante obra colectiva a todos los miembros del grupo y a los autores invitados a hacer parte de esta publicación.
Dra. Marie-Christine Fuchs y Andrés Villegas
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica
Fundación Konrad Adenauer
