El último 25 de mayo, el abogado Rubén Quispe Ventura presentó una denuncia penal contra funcionarios y exfuncionarios del Estado. El documento imputa la presunta comisión de los delitos de conspiración para la rebelión, rebelión, secuestro agravado, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, avocamiento ilegal de causa pendiente y usurpación de funciones. Los hechos señalados habrían vulnerado el sistema democrático, el orden constitucional y a José Pedro Castillo Terrones.
La acción penal involucra a la ex vicepresidenta Dina Boluarte, la ex fiscal de la nación Patricia Benavides, congresistas, excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y a Keiko Fujimori como presunta instigadora. El denunciante postula la existencia de un plan dividido en tres etapas. Para ello, solicita investigar «la existencia de un aparato organizado de poder enquistado en las altas esferas del Estado que ha quebrado de facto la legalidad constitucional».
La primera etapa aborda los actos preparatorios ocurridos entre abril y noviembre de 2022. El texto sostiene que operó un «acuerdo de voluntades (pactum sceleris) entre la facción política parlamentaria […] y el subsistema del Ministerio Público» para lograr la remoción del exmandatario. Asimismo, se describe la impartición de directivas por parte de dirigentes políticos para determinar las decisiones de sus bloques representativos.
La fase de ejecución se centra en los sucesos del 7 de diciembre de 2022. Según el escrito, a las 13:20 horas, el vehículo presidencial fue interceptado en la vía pública por efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT). El accionar de los agentes policiales se califica como una privación de libertad materializada sin orden judicial escrita ni situación de flagrancia respecto a un dignatario con inmunidad.
Paralelamente, el documento cuestiona el procedimiento parlamentario de destitución. A las 13:49 horas, la Mesa Directiva del Legislativo dio por aprobada la vacancia con 101 votos a favor. El autor de la demanda afirma que este acto supuso una infracción normativa, pues se exigía «imperativamente una mayoría calificada de 104 votos para omitir los trámites de un proceso regular de vacancia y el elemental derecho a la defensa».
La etapa final corresponde al encubrimiento, abarcando desde diciembre de 2022 hasta el año 2025. Se menciona el internamiento en un centro penitenciario sustentado en disposiciones verbales y la participación de la Corte Suprema al dictar autos de prisión preventiva sin una resolución previa de antejuicio. Además, el recurso señala que el Tribunal Constitucional emitió sentencias que funcionaron como «un blindaje de legitimidad ex post facto para consagrar la impunidad».
El petitorio exige la apertura de diligencias preliminares y de una investigación preparatoria. El abogado demanda determinar la responsabilidad jurídica de los implicados bajo los títulos de autores directos, coautores funcionales o cómplices. También requiere la orden de actos urgentes, como medidas periciales, documentales y testimoniales, para salvaguardar la evidencia del caso.
