La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró que se condene a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de colusión agravada, cometido entre marzo y mayo de 2020, durante el estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia del Covid-19.
Se trata del comandante PNP Marcel Carbajal, exjefe de la Unidad de Logística de la II Dirección Territorial Policial de Chiclayo, y el suboficial PNP Jean Yampufé, exresponsable de estudio de mercado en dicha dependencia policial, quienes fueron sentenciados a 12 años de prisión efectiva, así como al pago de 730 días multa y una reparación civil de S/ 111 101.50. Además, fueron inhabilitados para trabajar en el Estado por el plazo de 10 años.
Con ellos también fue condenada Giovanna Luna, gerenta general de una empresa proveedora del Estado, en calidad de cómplice del delito de colusión agravada. La sentencia para ella es de cinco años de prisión, convertida a 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, una pena de 365 días multa e inhabilitación para contratar con el Estado por el plazo de cuatro años. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de S/ 63 580.
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Según la investigación, a cargo del fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas, los policías concertaron ilícitamente junto a la cómplice, Giovanna Luna, para favorecer a su empresa con un proceso de contratación directa, pese a que no se dedicaba al rubro de salud o afines. Así, adquirieron elementos de bioseguridad (mascarillas, guantes de látex, lentes) y artículos de desinfección y limpieza (alcohol en gel, lejía, detergente, papel higiénico, etc), generando un perjuicio económico al Estado por un monto de S/ 756 791.65.
Este proceder se replicó en otras 17 contrataciones durante el mismo periodo.
Es preciso indicar que, por este caso, ya fueron sentenciados, en calidad de cómplices, Claudia Hernández, Janeth Baldeón, Denissis Mccoy (de nacionalidad colombiana), Ramón Andonayre, Luis Guevara y Melissa Puente, a tres años, 11 meses y 17 días de pena privativa de libertad, el pago de 250 días multa y 3 años y nueve meses de inhabilitación, a través del mecanismo de terminación anticipada.
Fuente: Ministerio Público
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