La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal a la abogada Naida Castillo Cruz, postulante a la plaza de jueza de familia con subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Huanchac, en el Distrito Judicial del Cusco. Durante su presentación, la magistrada, quien ejerce el cargo de jueza provisional en dicha materia desde hace tres años, expuso sus criterios dogmáticos frente a los miembros del pleno y destacó su reciente ratificación en el Poder Judicial con la calificación de «excelente».
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Perspectiva de género y el debate sobre la identidad
Uno de los puntos centrales de la evaluación giró en torno al origen sociológico de la violencia y la correcta aplicación de la Ley 30364. Castillo Cruz sostuvo que la violencia estructural se fundamenta en estereotipos de género rígidos originados en el rol de la crianza, enfatizando que no todo conflicto familiar constituye violencia contra la mujer por su condición de tal. En ese sentido, subrayó la importancia de identificar contextos de responsabilidad, poder o confianza para determinar si un caso amerita medidas de protección en la vía tutelar o si debe derivarse a un juzgado de paz letrado por faltas ordinarias.
El momento más dogmático de la sesión se produjo al abordar el enfoque de interseccionalidad y los derechos de la población LGTBIQ+. Tras citar el histórico caso Azul Rojas vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la comisión le pidió definir qué es una mujer, a lo que la postulante respondió que posee características biológicas y órganos reproductores distintos al hombre.
Esta respuesta motivó al evaluador a formular la siguiente interrogante: «¿Entonces, cómo puede haber una mujer trans?». Ante esto, Castillo explicó que la jurisprudencia supranacional reconoce a la mujer trans como aquella a quien se le asignó el sexo de varón al nacer, pero que se identifica y vive como mujer, priorizando un marco más amplio de defensa a la diversidad de género.
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Cuestionamientos sobre antecedentes y autopercepción
La entrevista también exploró los límites jurídicos de la autopercepción, a raíz de las interrogantes formuladas por el doctor Galindo sobre si esta condición subjetiva genera automáticamente nuevos derechos frente a la sociedad. La postulante mantuvo una postura basada en la ponderación de derechos fundamentales, afirmando que ningún derecho es absoluto y que las libertades individuales deben respetarse siempre que no colisionen con los derechos de terceros ni vulneren las buenas costumbres. Asimismo, reiteró que la Constitución protege el derecho a la igualdad ante la ley frente a cualquier índole de discriminación.
Finalmente, los magistrados interrogaron a la candidata respecto a un expediente de violencia familiar instaurado en su contra hace una década, un hecho que resultaba de interés dada la subespecialidad a la que postula. Frente a este cuestionamiento, Castillo Cruz aclaró de forma categórica que dicho proceso fue archivado definitivamente luego de que la jueza a cargo anulara la citación a audiencia. Además, precisó que el propio denunciante —su expareja— admitió en audiencia que los hechos denunciados no eran ciertos, descartándose así cualquier agresión física o psicológica en su contra.
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