El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra la fiscal Elizabeth Peralta, el presentador televisivo Andrés Hurtado, y los ciudadanos Iván Siucho y Javier Miu Lei Siucho.
El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El despacho fiscal solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los procesados por el presunto delito de tráfico de influencias y otros.
El pedido será evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Se espera que el magistrado Juan Carlos Checkley Soria asuma la conducción de la audiencia.
El último jueves 26 se venció el plazo de detención preliminar por siete días contra Hurtado. La misma medida había sido solicitada contra Peralta, sin embargo, el citado juez supremo rechazó la petición.
Allanamientos cuestionados
El Ministerio Público ejecutó el martes 24 una orden de allanamiento e incautación contra los investigados Hurtado, el empresario Javier Miu Lei y la fiscal Elizabeth Peralta.
Las autoridades se apersonaron al domicilio de Peralta Santur —separada preventivamente del cargo—, en el distrito de Ate, como parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.
Eventualmente, las autoridades también se dirigieron a los domicilios de Hurtado Grados y Miu Lei Siucho en distintos distritos de la capital.
La resolución judicial abarca el levantamiento de las comunicaciones de los mencionados. En el expediente se autoriza que “se visualice y/o extraiga la información” de los siguientes dispositivos:
Teléfonos móviles, memorias telefónicas (chips), memorias USB, discos duros externos, tablets, cámaras fotográficas, ordenadores (equipos de cómputo y laptops) incautados en los inmuebles allanados o en los registros personales de los afectados Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados, y Augusto Javier Miu Lei.
Las diligencias no estuvieron exentas de controversia. El Ministerio Público y el Poder Judicial protagonizaron un enfrentamiento, a través de las redes sociales, por la “difusión de la resolución de allanamiento”.
La primera institución responsabilizó a la entidad liderada por Javier Arévalo de anticipar, horas antes de su ejecución, la medida en contra de los procesados mediante la plataforma X.
