Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron sobre riesgos que genera la reciente aprobación del Proyecto de Ley 7549/2023-CR, el cual plantea la amnistía a policías, militares y funcionarios procesados o condenados en casos de «lucha contra el terrorismo». La propuesta fue aprobada, pasado 9 de julio, en segunda votación con 16 votos a favor y 11 en contra.
Según el pronunciamiento oficial de la ONU, la iniciativa exime de responsabilidad penal a quienes participaron en actos cometidos durante el conflicto armado interno, comprendido entre los años 1980 y 2000. Los expertos señalaron:
La legislación propuesta impediría el procesamiento penal y la condena de individuos que cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Perú.
De acuerdo con la información difundida, más de 600 procesos judiciales podrían verse comprometidos si la norma es promulgada, además de 156 casos con sentencia condenatoria pendiente. Desde la oficina de expertos de la ONU remarcaron que «Perú tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto».
También contemplaron la excarcelación anticipada por razones humanitarias a favor de condenados mayores de 70 años. Sobre este punto, advirtieron que la puesta en libertad anticipada de personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional es contraria al derecho internacional.
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El pronunciamiento también cuestionó el entorno normativo en el que se promueve la iniciativa. Hicieron referencia a la Ley 32107, que introdujo la prescripción para crímenes de guerra y lesa humanidad previos a julio de 2002, así como otras propuestas legislativas dirigidas a retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los especialistas solicitaron al Ejecutivo evitar la entrada en vigor de la norma. «Hacemos un llamamiento al Gobierno de Perú para que haga uso de su prerrogativa constitucional de vetar la ley, que contraviene claramente las obligaciones internacionales de Perú», solicitaron.
