Sumario: 1. Introducción; 2. ¿Qué es la administración pública?; 3. ¿Cómo se asigna el presupuesto público?; 4. ¿Qué rol cumple el Congreso de la República en la asignación de presupuesto?; 5. Impacto social de las políticas de administración pública; 5.1. ¿Qué pasó con la beca 18 y la beca bicentenario?; 6. Conclusiones.
1. Introducción
En el actual periodo electoral 2026 muchas de las personas tienen un gran expectativa por la elección del presidente para el periodo 2027-2032; sin embargo, poco se habla de la necesidad de elegir correctamente a quienes formarán parte de nuestro Poder Legislativo, hoy representado por la Cámara de Diputados y de Senadores. En ese sentido, es necesario y relevante conocer algunos de los cambios generados en el periodo 2021-2026 y que nos acompañarán de ahora en adelante.
El artículo 79 de nuestra Constitución establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Ya que, en teoría, esta es una facultad que le corresponde al Poder Ejecutivo, en principio, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución, mediante la Sentencia 984-2021, del expediente 00018-2021-PI/TC, publicada en octubre de 2022, establece en su fundamento 179 que la prohibición no impide que una iniciativa legislativa, pueda ser la base jurídica para que el Poder Ejecutivo incluya los recursos necesarios en futuros presupuestos anuales.
Situación que, abrió la puerta para otorgar validez jurídica a diversas iniciativas legislativas que, a la fecha, han generado un elefantiásico incremento en el gasto público, como, por ejemplo, la creación 20 universidades públicas; el incremento del presupuesto en el congreso y distintas leyes que han sido cuestionadas por el Consejo Fiscal. Esta situación amerita un breve análisis sobre su impacto.
2. ¿Qué es la administración pública?
Para atender a dicha cuestión, es preciso entender que la administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y económico sostenido. En ese sentido, partimos desde la premisa que el Estado es un conjunto de órganos que integran la administración pública [1], cuyo objetivo principal, es la satisfacción del interés general, llámese también finalidades públicas o de bien común.
Tomando en cuenta dicha premisa, todas las instituciones que conforman la Administración Pública deben tomar decisiones en atención de principios como eficacia y economía. En ese sentido, conforme a lo expresado en la introducción, es preciso analizar si existe una conducencia entre las decisiones tomadas por el Congreso de la República y los principios que rigen las organización administrativa de la administración pública.
3. ¿Cómo se asigna el presupuesto público?
El Presupuesto Público es uno de los asuntos de mayor interés a nivel nacional, siendo este un proceso regulado mediante la Ley de Presupuesto Anual que debe ser aprobada todos los años en el Pleno del Congreso. En ese sentido, en el año 2025 existió un presupuesto total ascendente a S/. 251,801 millones de soles que de distribuye en: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Servicio a la Deuda [2].
En un sentido práctico, se distribuye así:
- Gasto corriente: recursos destinados al funcionamiento diario del gobierno, llámese salarios de los funcionarios y servidores públicos.
- Gasto de capital: recursos orientados a la inversión pública como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.
- Servicio a la deuda: recursos destinados a el cumplimiento de obligaciones originadas por la deuda pública sea interna o externa.
Por esta razón, es de vital importancia entender cuánto y en qué sectores se debe realizar la asignación de presupuesto. De manera primigenia se divide en: salud, educación, reactivación económica, alivio a la pobreza y reducción de la violencia contra la mujer. En consecuencia, los padres y madres de la patria tienen la responsabilidad de analizar la asignación presupuestaria, así como los aumentos para cada año fiscal.
4. ¿Qué rol cumple el Congreso de la República en la asignación de presupuesto?
Como se explicó en el capítulo anterior, el Congreso aprueba la Ley de Presupuesto Público planteado por el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Habiendo quedado claro cómo es que se asigna el presupuesto público, es importante mencionar que en el pleno del Congreso participan diversas entidades, como lo es el Consejo Fiscal. Esta entidad, en el mes de marzo de 2026, hizo presente su preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y los aumentos constantes en los de corto, mediano y largo plazo, debido a una falta de contraposición por parte del Ejecutivo a las iniciativas de gasto propuestas por el Legislativo [3].
Resultado de ello es que en la últimas tres sesiones del pleno se han aprobado 11 leyes y autógrafas que generan obligaciones de gasto público sin indicar fuentes de financiamiento [4]. Y, ¿Qué responsabilidad tiene el congreso frente a esto? Toda la responsabilidad, en tanto son ellos los que deben evaluar el aumento en las planillas de pensiones; ejemplo de ello es haber otorgado mayores beneficios laborales a los empleados públicos del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que costaría anualmente al fisco aproximadamente S/3.000 millones (Ley 32563) [5].
En suma, el rol que cumple el Congreso es el de fiscalizador y último filtro frente a iniciativas de gasto excesivas; situación que, sumado a la falta de contraposición del Ejecutivo, generan un gasto corriente que, a largo plazo, podría ser insostenible.
5. Impacto social de las políticas de administración pública
Siendo aún más concretos, ¿de qué manera afecta al ciudadano de a pie lo que haga el Congreso y/o el Ejecutivo? Analicemos por lo más práctico, según la Ley 32185 el Presupuesto del Sector Publico 2025 fue de S/.251,801 millones; para el presente año fiscal el presupuesto es de 257,561 millones. Como se puede apreciar, solo ha habido un incremento de 2,3%, menos que en periodos anteriores.
Sin embargo, el compromiso al gasto corriente generado por el congreso es de S/.11,400 millones de soles. Siendo esto así, el Congreso ha aprobado un incremento al gasto corriente incluso mayor al incremento presupuestal 2026. ¿Entonces, de qué manera afecta al ciudadano? Afecta en al redistribución del presupuesto público para hacer frente a los nuevos compromisos contraídos, ya que, al haber sido aprobados por insistencia, implica que no era un gasto previsto.
5.1. ¿Qué pasó con la beca 18 y la beca bicentenario?
Siendo la incidencia directa, la afectación de programas sociales como beca 18 y la beca bicentenario por la falta de presupuesto público. En ambos casos, cada beca es concursable y administrada por PRONABEC que forma parte del Ministerio de Educación (MINEDU).
¿Qué ha sucedido con estos programas? En el caso de Beca 18, posterior al debate de la Ley de Presupuesto Público, resaltó la reducción a solo S/.50 millones soles para este programa. A pesar de que el gobierno de Dina Boluarte prometió 20 000 becas, a la fecha llegarán a duras penas a 2000 becas por falta de presupuesto [5].
Lo preocupante es que el Congreso ha considerado viable aumentar el gasto corriente del Estado en varios millones de soles, descuidando programas con un amplio espectro de éxito desde su creación.
Situación similar vive la Beca Generación Bicentenario (beca que financia estudios de posgrado en instituciones de prestigio internacional). Debido a una “reingeniería” por parte de PRONABEC, no se realizará nueva convocatoria para dicha beca, en tanto, según argumentan, deben priorizar la continuidad y culminación de los actuales becarios [6].
Esta situación, que se encuentra vinculada a la falta de presupuesto público, ha dejado a miles de estudiantes sin la capacidad de seguir estudiando en el extranjero, y, a su vez, sin la capacidad de estudiar en pregrado, puesto que el Congreso no toma con la debida importancia la educación de miles de peruanos; como sí lo hace con compromisos políticos previamente pactados.
6. Conclusiones
La sentencia emitida por el TC y la manera en la que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están disponiendo del presupuesto público deberían generar una gran preocupación en la población peruana, puesto que, en la práctica, el Congreso estaría ejerciendo una iniciativa de gasto a todas luces irresponsable y sin obedecer criterios técnicos; poniendo en riesgos varios programas sociales. Siendo esto así, se debe ser más incisivo en la distribución del presupuesto público, toda vez que este es dinero de todos los peruanos; llámese ingresos fiscales, impuestos, tasas, entre otros.
En consecuencia, una errada distribución y un irresponsable incremento en los gastos corrientes del presupuesto público impacta directamente en el bienestar de la población, siendo ello contrario al propósito de la administración pública. En línea con ello, como ciudadanos peruanos debemos procurar exigir a nuestros representantes mayor celo en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que las consecuencias iniciales son estudiantes sin acceso a educación superior de calidad, pero en el futuro pueden ser desabastecimientos generales por parte del Ministerio de Salud, falta de presupuesto para cubrir planillas de trabajadores, entre otros.
Para resumir, el tema es claro, la falta de independencia del Poder Ejecutivo genera que la propuesta de presupuesto público tenga matices más políticos que técnicos; y, por otro lado, la falta de control y/o el desinterés por parte del Poder Legislativo genera estragos directos en la población peruana a corto, mediano y largo plazo. El derecho a la educación ganado por tantos estudiantes no puede ser simplemente ignorado por el Estado.
Bibliografía
[1] Rojas, Piero. «Administración pública y los principios del derecho administrativo en el Perú». En Revista Digital del Derecho Administrativo, núm. 13, (2015), pp. 193-209. Disponible aquí.
[2] Bernabé, Manuel. «Presupuesto 2025: Antecedentes, claves, desafíos y oportunidades para el desarrollo del país». En Gobierno y Políticas Públicas PUCP [En línea]. [Consulta: 26 de abril de 2026]. Disponible aquí.
[3] El Comercio. «Consejo Fiscal advierte que leyes aprobadas por el Congreso en lo que va del 2026 tienen un costo anual de S/11.400 millones». En El Comercio [En línea]. [Consulta: el 26 de abril de 2026]. Disponible aquí.
[4] Delgado, Alejandro, «Consejo Fiscal cuestiona 11 leyes del Congreso que elevan el gasto público del Perú». En Infobae [En línea]. [Consulta: el 26 de abril de 2026]. Disponible aquí.
[5] Raffo, Francesca. «97.000 postulantes para 2.000 becas: los recortes del Gobierno peruano rompen el sueño universitario de miles de jóvenes». En Diario El País [En línea]. [Consulta: el 26 de abril de 2026]. Disponible aquí.
[6] Aguilar, Alejandro. «Minedu confirma que no habrá nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario». En Infobae [En línea]. [Consulta: el 26 de abril de 2026]. Disponible aquí.
