El exmandatario Alberto Fujimori ocupa la palestra pública por solicitar a través de su defensa legal, ejercida por el abogado Elio Riera, la asignación de una pensión vitalicia de 15 600 soles al Congreso.
Sin embargo, no es el único político que se ampara en su antiguo lugar presidencial para exigir beneficios: Pedro Castillo aplicó una estrategia parecida, según reveló el diario El Comercio.
El Parlamento habría rechazado ambos pedidos aludiendo a la Ley 26519, en la cual se señala que este derecho se suspende si existe una acusación constitucional, a menos que haya una sentencia judicial que avale inocencia.
Alberto Fujimori y Pedro Castillo: pedidos sin proceder
En el oficio que el último 29 de abril llegó a las manos de Giovanni Forno Florez, oficial mayor del Congreso, se solicita el cumplimiento de un subsidio para Alberto Fujimori según el Acuerdo de Mesa 078-2016-2017.
Y no es el único punto a tratar: también se busca una remuneración no superior a 3700 soles para una asistente personal —contratada bajo modalidad CAS— y vales de combustible cuyo tope es de 150 galones al mes.
Esta información la recoge RPP. El mismo medio resalta la deuda por reparación civil de S/57 millones que sostiene el ex jefe de Estado. Un panorama de contrastes.
Como se recuerda, el 7 de diciembre de 2023, tras 16 años de prisión, el padre de Keiko Fujimori, excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, abandonó el penal Barbadillo a raíz de la resolución del Tribunal Constitucional.
Por su parte, se sabe sobre Pedro Castillo que al 7 de diciembre del 2022, cuando fue vacado tras su fallido golpe de Estado, ya había adquirido el derecho a tramitar una pensión vitalicia.
En esa línea, durante un diálogo con Canal N, el abogado Walter Ayala señaló que el caso de su patrocinado es distinto al de Fujimori:
El 7 de diciembre del 2022 se le vaca a Pedro Castillo y quiere decir que, en el momento que él deja de ser presidente, entonces él tiene acceso a una pensión, ya es un derecho adquirido. Mientras que la denuncia constitucional que le hacen al expresidente es posterior, lo hacen el día 18 de febrero del 2023. Quiere decir que, al día siguiente que el expresidente fue vacado de manera ilegal, ya era pensionable.
Tras su pedido, entonces, el Congreso emitió una respuesta negativa el 11 de abril de 2024, por medio de la carta 543-2024-DRH.DGA, y en una de sus conclusiones detalló que sobre él pesan las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal en condición de cabecilla, tráfico de influencias agravado y colusión.
¿De qué trata la Ley 26519?
De acuerdo con el documento firmado por Alberto Fujimori el 24 de julio de 1995, la Ley 26519 abarca lo siguiente:
Artículo 1. Los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad.
En caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores, si los hubiere. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará a prorrata.
Artículo 2. El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes.
Artículo 3. El Pliego Congreso de la República incluye anualmente la partida o partidas requeridas para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 1.
Artículo 4. Derógase todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley.
