El Directorio de Aenza S.A.A. (antes Graña y Montero) informó que decidió iniciar «acciones legales» contra tres de sus exdirectivos. La medida alcanza a José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, por presuntas acciones ilícitas vinculadas a los casos Club de la Construcción y Lava Jato.
A través de un comunicado difundido el 7 de octubre, la empresa señaló que los hechos atribuidos a los exdirectivos fueron «deliberados y calculados para instrumentalizar la compañía», ejecutándose sin conocimiento ni aprobación de los órganos de gobierno de la empresa.
Según la compañía, estos actos generaron perjuicios económicos y reputacionales, incluyendo la cancelación de contratos, la pérdida de miles de empleos y un clima de «incertidumbre» para las más de 7000 familias que actualmente dependen de la corporación.
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La empresa precisó que, en el caso de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, ambos habrían reconocido ante la justicia peruana su participación en los hechos de corrupción que afectaron a la compañía. En ese contexto, Aenza indicó que esta medida legal busca «cerrar una etapa» marcada por las consecuencias de esos actos.
Asimismo, la compañía informó que desde 2021 ninguno de los exdirectivos ni personas vinculadas a la familia fundadora tiene participación o injerencia en la gestión o en los órganos de gobierno. Actualmente, la propiedad de Aenza recae principalmente en accionistas institucionales. Los cuatro fondos de pensiones peruanos (AFPs) poseen en conjunto el 43.8% del capital, mientras que el fondo internacional IG4 Capital, regulado en el Reino Unido, tiene una participación del 27.8%.
AENZA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA E INICIA ACCIONES LEGALES CONTRA EXDIRECTIVOS
Lima, 7 de octubre de 2025.- El Directorio de AENZA, compañía líder en infraestructura, ha tomado la firme decisión de iniciar acciones legales contra tres ex directivos de la compañía, por acciones ilícitas vinculadas a los casos «Club de la Construcción» y «Lava Jato».
Estos actos de corrupción, atribuibles a Jose Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, que en el caso de los dos primeros han sido reconocidos ante la justicia peruana, fueron acciones deliberadas y calculadas para instrumentalizar la compañía. Se ejecutaron a espaldas de todos los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa, vulnerando los valores y la confianza que la compañía había construido durante años.
Sus acciones generaron en AENZA y en su equipo un severo daño económico y reputacional, que incluyó la cancelación de contratos, la pérdida de miles de puestos de trabajo y una gran incertidumbre en las más de 7,000 familias que hoy dependen de la compañía.
AENZA viene cumpliendo diligentemente con sanciones impuestas como consecuencia de estas acciones ilícitas, tales como el pago de una reparación civil y un periodo de impedimento para contratar con el Estado. Pero esta acción contundente permite cerrar una etapa. Hoy, AENZA es una empresa transformada, con nuevos accionistas, nuevo directorio, management renovado y un compromiso inquebrantable con la integridad y transparencia.
Desde el 2021, ni estos exdirectivos ni nadie vinculado a la familia fundadora tiene participación o injerencia alguna en la gestión o en los órganos de gobierno de la compañía, y tampoco tienen vinculación con los accionistas actuales. Hoy, la propiedad de AENZA está en manos de accionistas institucionales y ya no existe un accionista controlador. Los principales dueños de la compañía son los cuatro Fondos de Pensiones Peruanos (AFPs), que en conjunto poseen el 43.8% del capital. El segundo accionista de referencia es IG4 Capital, un fondo de inversión internacional regulado por estrictas normas del Reino Unido, que participa en el accionariado con 27.8%.
Actualmente la compañía cuenta con un robusto sistema de gestión antisoborno, certificado bajo la norma internacional ISO 37001. Este conjunto de procesos, controles y auditorías es la garantía tangible y verificable de que nuestra forma de hacer negocios se rige por los más altos estándares de integridad.
Estamos convencidos de que las autoridades judiciales actuarán con la rigurosidad que este caso exige, enviando una señal clara en contra de la corrupción.
