Kathleen Roussel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticohecho de la OCDE y de la Misión de Alto Nivel para el Perú, ha remitido una Carta a la señora Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, en la que expresa su preocupación por la interferencia con el trabajo de los fiscales que llevan a cabo casos sensibles contra la corrupción en el Perú.
La Carta de fecha 1 de julio de 2025, dirigida también a Ana Rosa María Valdivieso Santa María, Alta Representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, y a Ana Reategui Napuri, Jefe de la delegación del Perú ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho, menciona que los fiscales anticorrupción de Perú se enfrentan al acoso.
Asimismo, indica que el Perú no estaría cumpliendo el art. 5 de la Convención, porque no se garantiza que los fiscales lleven a cabo sus investigaciones de forma independiente y libres de interferencia política; en particular, los fiscales principales del Equipo Especial de Lava Jato que enfrentan muchos procedimientos penales y disciplinarios intimidantes en su trabajo y amenaza su independencia.
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Por estas razones, el Grupo de Trabajo insta a la Fiscal de la Nación del Perú a tomar medidas que garanticen a los fiscales puedan llevar a cabo sus funciones y adopte medidas específicas para protegerlos de la expulsión injustificada, la suspensión y otras formas de acoso interno y externo.
Por último, el Grupo de Trabajo invita al Perú a informar en diciembre de 2025 sobre las medidas que ha adoptado para abordar estas preocupaciones. En caso de que continúe la interferencia con los fiscales peruanos contra la corrupción, el Grupo de Trabajo considerará las medidas excepcionales previstas en su procedimiento de evaluación.
