No resulta novedoso advertir la profunda crisis de representatividad que aqueja a los ciudadanos peruanos desde hace varios años, crisis que se torna particularmente evidente —y dolorosa— en cada proceso electoral. Más que una “fiesta democrática”, lo que vivimos parece un verdadero padecimiento institucional. En la coyuntura actual, atravesamos un proceso electoral que lleva más de quince días sin resultados definitivos, debido al cómputo de actas impugnadas en el marco de la disputa por el segundo lugar entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Más allá de las valoraciones personales que podrían suscitar los resultados, interesa subrayar lo que considero el verdadero verdugo de la democracia electoral: la ausencia del sentimiento de representatividad en los electores, síntoma inequívoco de la fractura del sistema democrático en el Perú.
Debemos partir del reconocimiento de las reglas de juego previstas para las elecciones presidenciales. La Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 17, dispone que, para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, excluyendo los votos nulos y en blanco. En consecuencia, la normativa vigente admite la posibilidad de que la elección se defina en una sola vuelta, siempre que se alcance el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos, supuesto que en la práctica resulta cada vez más improbable en el Perú. Ante dicha eventualidad, el artículo 18 del mismo cuerpo normativo regula el mecanismo del balotaje —o segunda vuelta—, previendo que, de no alcanzarse la mayoría exigida, los dos candidatos con mayor votación (independientemente al porcentaje que obtengan) disputen la definición del proceso electoral.
A la fecha, con el 96.782 % de actas contabilizadas según la página oficial de la ONPE, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez figuran como eventuales contendientes en la segunda vuelta. En este escenario, resulta imprescindible subrayar el nivel de representatividad que ostentan —o, más bien, carecen de ostentar— quienes pasarían a disputar la presidencia. De acuerdo con los datos publicados por la ONPE, Keiko Fujimori alcanza el 17.095 % de votos válidos, mientras que Roberto Sánchez registra el 12.039 %. En conjunto, apenas logran el 29.134 % de los votos válidos a nivel nacional. Considerando el porcentaje mínimo de actas aún pendientes de contabilizar, podría redondearse la cifra al 30 %. El panorama, sin embargo, sigue siendo alarmante: enfrentamos la dura realidad de que solo un tercio del electorado se siente representado por los candidatos que accederían a la segunda vuelta, lo que implica que un 70 % de ciudadanos optó por no respaldarlos en la primera jornada electoral.
En este punto, resulta pertinente revisar lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, relativo a la nulidad total de los comicios. Dicho artículo establece que, para declarar la nulidad, los votos nulos o en blanco deben superar los dos tercios del número de votos válidos. A la luz de lo analizado, se desprende una paradoja evidente: i) un candidato puede llegar a la presidencia con menos del 20 % de electores que efectivamente se sienten representados por él (dato que se extrae de la primera vuelta); ii) al menos el 80 % de ciudadanos no se siente representado por quien ejercerá la presidencia en los próximos meses; y iii) para anular las elecciones se exige un 66.66 % de votos nulos o en blanco. El resultado es un síntoma claro de lo deficiente del diseño institucional: dos candidatos que apenas alcanzan un tercio de votos válidos, frente a un 70 % de electores que no los respaldó en primera vuelta. En otras palabras, el porcentaje de votos que ambos no obtuvieron supera no solo la mayoría absoluta, sino incluso los dos tercios, lo que se traduce en que más de dos tercios del electorado no se sentirá representado por el próximo Presidente del Perú.
Si invertimos la perspectiva, para que alguno de los candidatos en segunda vuelta alcance la mayoría simple, al menos un 30 % del electorado cambiará el voto que emitió en primera vuelta; en otras palabras, deberá respaldar a un candidato al que no apoyó en primera instancia. Ese voto no obedecerá a la convicción de que dicho candidato encarne su representación política, sino al temor de que el otro —que lo representa aún menos— llegue a la presidencia. En consecuencia, cerca del 70 % de electores se verá compelido a optar por el “mal menor” (salvo que decida votar en blanco): probablemente por quien nunca quiso respaldar, por quien no refleja sus ideales ni expectativas democráticas.
Teóricamente, la democracia representativa surge de la aceptación de que la representación política es inherente a la democracia moderna. En este sentido, la representación permea tanto la vida pública como la privada; en el ámbito público, se traduce en un “gobierno representativo”, lo que supone una organización electoral y política. Sin embargo, es necesario reconocer que entre democracia y representación ha existido históricamente una relación problemática. La democracia implica, en la práctica, el gobierno de una minoría que ejerce poder invocando a la mayoría [1]. Mediante las elecciones, el pueblo transfiere el poder a un grupo político que se espera lo represente; allí se origina la crisis, cuando dicho poder es otorgado a un grupo que no representa, o que, aun representando, termina desentendiéndose de sus electores.
De acuerdo con Chasquetti, la modalidad de elección presidencial por mayoría absoluta en una segunda vuelta con los dos candidatos que obtuvieron más votos, resulta problemática y constituye uno de los factores que origina o perpetúa las falencias que desembocan en la crisis de representatividad del sistema electoral. Este modelo contribuye, además, al incremento del número de partidos políticos. En efecto, la fórmula de mayoría absoluta y doble vuelta incentiva la participación de partidos pequeños en la primera ronda, lo que se confirma en las elecciones actuales, donde los votos se han dispersado entre 36 organizaciones políticas. Así, la fragmentación partidaria se configura como un efecto pernicioso de la fórmula de elección presidencial por mayoría absoluta y, particularmente, de la segunda vuelta, sin necesidad de entrar en la discusión sobre la polarización ideológica, que también resulta evidente en la realidad electoral peruana contemporánea [2].
En este contexto, lo dispuesto por la Constitución de 1933 no desmerece frente a la regulación actual en lo relativo al acceso a la segunda vuelta. La Carta Magna de 1933 establecía, en su artículo 138, que para ser proclamado Presidente se requería haber obtenido la mayoría de sufragios, siempre que dicha mayoría no fuera inferior a la tercera parte de los votos válidos. Es decir, el tercio bloqueante para acceder al balotaje era del 33.33 % de votos válidos, lo que garantizaba mínimamente un nivel de legitimidad en el candidato que podía ser electo Presidente del Perú. Considero que dicho umbral debería mantenerse como requisito indispensable para fortalecer la representatividad y legitimidad del sistema electoral.
Desde mi perspectiva, para contrarrestar la crisis de legitimidad que atraviesan las elecciones presidenciales en el Perú, resulta indispensable revisar el esquema vigente y retornar a una fórmula de mayoría especial en primera vuelta. Ello implicaría exigir que los candidatos superen un umbral mínimo de votos válidos antes de acceder a la segunda ronda, lo que permitiría reducir la fragmentación partidaria y garantizar un nivel básico de legitimidad en quien finalmente resulte electo. Una reforma de este tipo no solo fortalecería la representatividad, sino que también contribuiría a restablecer la confianza ciudadana en el sistema democrático, hoy gravemente erosionada.
Ahora bien, reconocer las imperfecciones de nuestra democracia no debe llevarnos a la resignación, sino a la acción. Como muchas veces escuché de una persona sabia y amada: “más vale una democracia imperfecta que una dictadura perfecta”. Coincido plenamente, pero incluso dentro de esa imperfección, corresponde impulsar reformas constitucionales y legislativas que la hagan cada vez menos imperfecta. La tarea es ardua, pero necesaria: redefinir las reglas de acceso al poder para que la democracia peruana deje de ser un ritual vacío y recupere su esencia representativa. Solo así podremos aspirar a un sistema político que, aunque nunca perfecto, sea capaz de reflejar con mayor fidelidad la voluntad de sus ciudadanos.
Bibliografía:
[1] Quiroga, Hugo. «La controvertida democracia representativa». En Elecciones y legitimidad democrática en América Latina. (2019), pp. 367–390. Disponible aquí.
[2] Chasquetti, Daniel. «Elecciones presidenciales mayoritarias en América latina». En América Latina Hoy, núm. 29, (2010), pp. 31–51. Disponible aquí.
