La defensa de Vladimiro Montesinos Torres solicitó que se declare consentida la sentencia que lo condenó a 20 años de pena privativa de libertad por el caso Sobres Bomba. El pedido fue presentado mediante un escrito de desistimiento del recurso de nulidad que había sido interpuesto contra la decisión emitida el 20 de marzo de 2026.
La solicitud fue posteriormente ratificada por el propio Montesinos, quien pidió que se tenga por consentida la sentencia en lo que respecta a su situación jurídica y que se remita el expediente al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de la condena.
Sentencia impuso 20 años de prisión
Según la resolución, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado por explosión en agravio de Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León. Asimismo, lo condenó por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Alejandro Augusto Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Eduardo Arroyo Reyes.
Como consecuencia de dicha decisión, el colegiado le impuso una pena de 20 años de prisión. Además, ordenó el pago de reparación civil a favor de las víctimas y dispuso que, una vez consentida o ejecutoriada la sentencia, se expidan los boletines y testimonios de condena correspondientes.
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Defensa interpuso recurso y luego desistió
Tras la lectura de sentencia realizada el 20 de marzo de 2026, la defensa de Montesinos manifestó que se reservaba el derecho de interponer recurso de nulidad. Posteriormente, presentó formalmente dicho recurso contra todos los extremos de la sentencia, reservándose el derecho de fundamentarlo dentro del plazo legal correspondiente.
Sin embargo, mediante un escrito posterior, la defensa comunicó su desistimiento del recurso de nulidad. En ese mismo documento solicitó que la sentencia sea declarada consentida, que se forme el cuaderno respectivo y que los actuados sean remitidos al juzgado llamado por ley para la ejecución de la sentencia.
La resolución también señala que Vladimiro Montesinos presentó un escrito propio mediante el cual ratificó el desistimiento formulado por su defensa y reiteró su pedido para que la sentencia del 20 de marzo de 2026 sea considerada consentida en lo que corresponde a su caso.
Montesinos designó nuevos abogados
En el mismo escrito de ratificación, Montesinos informó la designación de los abogados Carlos Héctor Mariluz Quijano y César Pacheco Huamán como sus nuevos defensores para la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, consignó domicilio procesal, correo electrónico, número telefónico y casilla electrónica para futuras notificaciones judiciales.
La Sala dispuso tener por designados a los nuevos abogados y por subrogado al letrado que venía ejerciendo su defensa en el proceso. También tomó nota de los medios de contacto consignados para las futuras actuaciones procesales.
Sala ordena verificar autenticidad del desistimiento
Antes de pronunciarse sobre el pedido, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria señaló que el desistimiento constituye un acto jurídico procesal mediante el cual una parte renuncia voluntariamente a continuar con un recurso impugnatorio. No obstante, indicó que para que produzca efectos legales deben cumplirse determinados requisitos formales.
Por ello, se ordenó que la secretaria de Sala se constituya en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao para legalizar la firma de Vladimiro Montesinos contenida en los escritos de desistimiento y ratificación presentados los días 27 y 30 de marzo de 2026. La resolución precisa que, una vez realizada esa diligencia, se emitirá el pronunciamiento correspondiente respecto de la aceptación del desistimiento.
Recursos contra absolución de otro acusado fueron concedidos
En la misma resolución, la Sala concedió los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y por las partes civiles contra el extremo de la sentencia que absolvió a Víctor José Penas Sandoval de los cargos por homicidio calificado por explosión y homicidio calificado en grado de tentativa.
Como parte de ese trámite, el colegiado dispuso elevar el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República para la revisión de los recursos concedidos.
