En diálogo con LP, el abogado Estefano Miranda, defensor del suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, explicó los argumentos de su defensa. Sostuvo que su patrocinado no formaba parte del personal de apoyo y que, al momento de los hechos, cumplía labores de apoyo en inteligencia.
Lea más l Lea la demanda de hábeas corpus por detención preliminar de Luis Magallanes
El abogado explicó que su patrocinado no estaba sujeto a las mismas restricciones que el personal antidisturbios. Aclaró que su función era de apoyo en labores de inteligencia, no de intervención directa en protestas:
La prohibición, de acuerdo con el Código de Conducta para Funcionarios y el Manual de Derechos Humanos, es para el personal USE. Él no es USE, él es un pesquisa de secuestros, pero la orden lo alcanzaba. Él forma parte de un plan de apoyo; no es el personal que va a repeler el ataque. Él, junto con personal de la DIRIN (Dirección de Inteligencia), iba a formar grupos para poder identificar, ubicar y capturar a personas que se vistan de manifestantes o digan ser pseudos manifestantes y que lo único que busquen sea atentar contra la integridad física de los policías y de los propios manifestantes.
Además, precisó que el arma utilizada por el suboficial Magallanes no era de dotación institucional, sino de propiedad personal. «La de Magallanes es su arma particular. Dentro de la realidad funcional de la Policía, en la Dirincri solo al 10 % se le afecta un arma; el 90 % usa la suya, adquirida con su propio peculio, para fines oficiales, públicos y operativos», explicó.
Más información Formulario aquí
Miranda sostuvo que los hechos investigados no ocurrieron durante las manifestaciones, sino fuera de ese contexto. Señaló que el evento que hoy se investiga es «un hecho aislado», ocurrido cuando él (Luis Magallanes) y sus dos compañeros se retiraban a su domicilio, portando su armamento de uso diario, «como corresponde a todo efectivo policial».
Antes de referirse al contexto de la investigación, el defensor de Magallanes hizo una aclaración sobre la orientación del proceso y las imputaciones formuladas. Dijo que el caso no puede ser interpretado como una política sistemática de violación de derechos humanos.
Lo que pasa es que no hay cuestionamiento en eso. Es irrelevante para la defensa si sucedió a las 22 o a las 23 horas. Lo que se quiere llevar a esto es a una grave violación de derechos humanos, pero para eso tienes que identificar dos cosas: primero, políticas estatales de represión, que no las hay; no hay ningún elemento de convicción ni patrones. Sé que es más rentable para los abogados del agraviado llevarlo por ese lado, pero aquí hay un grave tema, y eso sí te lo voy a decir: la Policía no es la misma de antes, la Policía hoy tiene abogados que los puedan defender.
El abogado mencionó que, de haberse tratado de otra manifestación, su patrocinado no habría participado en labores de apoyo. «Si fuera otra manifestación, hasta incluso no hubiera ido mi cliente de apoyo ni tampoco se hubiera traído alumnos de la escuela de posgrado que vayan a apoyar, porque tanta fue la información de inteligencia que estas marchas iban a ser violentas; es que se necesitó eso y eso lo vamos a sustentar en audiencia».
Argumentó que la prohibición, es para el personal que directamente repele a los protestantes. Precisó también, que «el personal de tránsito, escuadrón de emergencia, Dirincri, portan sus medios del policía porque no son parte de ese triángulo de seguridad que va a contrarrestar a los protestantes». Por ello, explicó que en una marcha pacífica, lo que hace el policía USE es acompañar a los manifestantes, y que conforme a las directrices de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza debe basarse en la rendición de cuentas y la proporcionalidad.
