El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la tarde de este lunes la disolución del Congreso, luego de que el pleno eligiera a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC).
«Ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de parlamentarios de la República», señaló tajantemente el mandatario.
Legis.pe preguntó a tres constitucionalistas si la disolución del Parlamento, luego de que el mandatario entendiera que este le negó «fácticamente» la confianza, constituye o no un «golpe de estado».
Gustavo Gutierrez Ticse.-
«Sí es un golpe de estado. Cualquier apartamiento de la Constitución y, sobre todo, de las reglas expresas de la Constitución es un atentado al orden democrático. La cuestión de confianza requiere de un pronunciamiento expreso y no de una interpretación de por medio. No hay interpretación en una cuestión de confianza: o se le otorga o no se le otorga. Entender que no se le ha otorgado, cuando el Congreso en la mañana ha ejercitado su atribución constitucional de elegir a un magistrado del TC, desde ese mismo momento se advierte una intención de quebrar el orden democrático, porque no pueden ni cuestionarse un procedimiento de elección a través de una propuesta legislativa, ya que estas propuestas pasan a través del Parlamente».
Sobre la posible vacancia del presidente de la República, el constitucionalista explicó que la vacancia es un proceso largo de aproximadamente siete días. La disolución opera de inmediato.
Luciano López Flores.-
«Sí es un golpe de Estado. La medida puede ser popular, pero es recontra inconstitucional. Es una ruptura del orden democrático que lamento profundamente. La negación de confianza es algo que se debate y de vota. Lamento muchísimo quien le pueda haber indicado esa decisión al presidente. La «negación fáctica» no existe, es un término inventado. No creo que sea un acto ni legítimo, ni jurídico. El Congreso puede vacar al presidente Martín Vizcarra porque el decreto supremo de disolución aún no se ha publicado en El Peruano. Hasta que no esté publicado no rige. Esta medida puede ser muy popular, pero es un golpe de estado».
José Palomino Manchego.-
«Esto se veía venir. Faltó experiencia y manejo político. Vizcarra estuvo mal asesorado y fue desbordado por la presión mediática. Así se presenta la situación del presidente de la República al anunciar el cierre del Congreso de la República. Su arma fue la cuestión de confianza que ha traído como consecuencia, en la práctica, un golpe de Estado».
