El caso penal contra los funcionarios de la ONPE y Servicios Generales Galaga está mal enfocado. Las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento de los deberes contractuales y las consecuencias electorales: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral.
Pero lo trascendental estriba en el proceso anterior, es decir, la contratación de Galaga como proveedor de la ONPE, una empresa sin capacidad operativa comprobada.
1️⃣ Sin vehículos propios suficientes. Se necesitaban 434 vehículos, solo una semana antes la empresa ofertó por Linkedin la contratación de 400 unidades.
2️⃣ Con una sanción previa en 2023 por incumplimiento ante la propia ONPE.
3️⃣ Sin personal suficiente. Apenas 13 trabajadores en planilla para ejecutar un servicio en dos días, con 434 vehículos y en 2260 sedes de votación.
Esto implica mucho más que una sospecha inicial simple para que la Fiscalía investigue el delito de colusión desleal (art. 384 del CP), es decir, la defraudación al Estado en este proceso de contratación pública. Es un caso donde las violaciones a las reglas más elementales de debida diligencia son tan flagrantes que, los argumentos de negligencia grave pueden quedar de lado para dar paso, cuando menos, al dolo eventual.
