El Ejecutivo interpuso una demanda por proceso competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de detener las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
El recurso, presentado el 25 de julio, busca frenar los procesos contra la dignataria por el caso Rolex, la desactivación del equipo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Efficop) y las muertes ocurridas en las protestas en el periodo diciembre 2022 – enero 2023.
Lea más: Dina Boluarte: Fiscalía presenta nueva denuncia ante el Congreso por muertes en protestas
La demanda competencial se basa en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que establece limitaciones contra los mandatarios.
Este artículo estipula las causales por las que el jefe de Estado puede ser acusado mientras esté en el cargo: traicionar a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso inconstitucionalmente e impedir el funcionamiento del sistema electoral.
Hasta la fecha, no existe un pronunciamiento oficial del TC sobre si dicha interpretación es compatible con las garantías para el ejercicio de las competencias asignadas al presidente de la República, como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, en el marco del régimen político previsto a nivel constitucional
Lea más: Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por presunto genocidio
La finalidad de la demanda es determinar si la inmunidad presidencial implica límites al Ministerio Público y Poder Judicial (PJ), en materia de investigación. La defensa legal de Boluarte confía que el TC clarifique la interpretación del artículo 117 para evitar a futuro diligencias y allanamientos contra la presidenta.
Los magistrados deberán evaluar si el escrito cumple con los requisitos para ser admitida. Luego, se notificará la demanda tanto a la Fiscalía como al PJ para que respondan en un plazo de 30 días.
Una situación similar se vivió en el 2022. El fiscal de la Nación interino Pablo Sánchez decidió investigar preliminarmente al entonces presidente Pedro Castillo, por el caso Puente Tarata, lo que generó un debate sobre los límites de investigaciones a jefes de Estado.
