El Ministerio Público archivó uno de los tres delitos imputados contra la presidente de la república, Dina Boluarte, en el marco de la investigación por las muertes ocurridas en las protestas sociales, entre diciembre del 2022 y enero del 2023, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
De acuerdo al abogado de la dignataria, Joseph Campos, la Fiscalía «ha decidido partir el expediente, nuevamente, en dos». En diálogo con RPP, este martes 30 de julio, detalló lo siguiente:
Se va a seguir investigando homicidio calificado y lesiones graves, por otro lado, ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio, cosa que saludamos. [La decisión se da] tardíamente, por cierto, porque hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho.
Lo celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, no solo le hace daño a la presidenta de la república, sino al país.
El letrado afirmó que «no se configuran los elementos para un genocidio: un acto letal [cometido] contra un grupo por lo que es, no por lo que hace»:
Resulta siendo evidente que lo que vimos fueron manifestaciones violentas que activaron el deber constitucional de controlarlas y, allí, pudo haber muertes por mal uso de armas por parte del policía o del militar, por un buen uso de armas por parte del policía o del militar, o incluso por circunstancias casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra la presidenta de la república.
La decisión judicial fue confirmada por el premier Gustavo Adrianzén, quien aseguró vía X que «poco a poco la justicia se abre paso». Según indicó, «no hay mérito para acusar constitucionalmente» a Boluarte Zegarra y, por ello, se archiva definitivamente la investigación en su contra por dicho delito.
El proceso inició en enero del año pasado y alcanza a los entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.
