El candidato presidencial Rafael López Aliaga fue denunciado penalmente, este miércoles 15 de abril, ante el primer despacho de la Sexta Fiscalía Penal del Cercado de Lima (Breña-Rímac-Jesús María), por la supuesta comisión del delito de perturbación o impedimento de proceso electoral previsto en el artículo 354 del Código Penal.
En el escrito de denuncia, que fue interpuesta por los abogados Indira Rodríguez Paredes y Alipio Huamán Cutisaca del estudio jurídico Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, se sostiene que el referido delito se habría cometido «mediante la incitación a la alteración del orden público, en tanto ha convocado expresamente a una insurgencia civil y a movilizaciones condicionadas al resultado electoral».
Artículo 354.- Perturbación o impedimento de proceso electoral
El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal, o los procesos de revocatoria o referéndum será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.
Asimismo, los denunciantes solicitan la detención inmediata de López Aliaga por «flagrancia delictiva», conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal.
Lo que puntualmente se imputa al candidato de Renovación Popular es que recientemente ha pronunciado declaraciones públicas de difusión masiva, y ha establecido un plazo perentorio de 24 horas para que las instancias electorales declaren la nulidad del proceso electoral, condicionando dicho plazo a la convocatoria a una “insurgencia civil”:
Así, este término de “insurgencia civil” lo plantea como el llamado a convocatorias colectivas para que la ciudadanía, orientada por él y su discurso, pretendan desconocer, resistir o alterar el normal desarrollo del proceso electoral en curso, lo cual implica un riesgo de afectación al orden público y al normal desarrollo de las instituciones democráticas.
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Por otro lado, a horas de la mañana, López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspender la proclamación del segundo y tercer lugar en los elecciones presidenciales, luego de denunciar graves fallas operativas de la ONPE que habrían impedido votar a cientos de miles de ciudadanos en Lima Metropolitana.
En una carta dirigida a Burneo, afirmó que múltiples mesas de sufragio no abrieron a tiempo por falta de material electoral, lo que generó largas esperas y el retiro de electores sin ejercer su voto. De acuerdo a su estimación, cerca de 608 mil personas no pudieron sufragar, lo que —sostiene— habría tenido un impacto directo en los resultados.
