La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal de Eduardo Anthony Alatrista Aguilar, en el marco de su postulación para ocupar una plaza especializada en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Durante su evaluación, el candidato sustentó su idoneidad para el cargo basándose en su amplia trayectoria como fiscal adjunto provincial titular en el distrito fiscal del Cusco desde el año 2015. En dicha jurisdicción, Alatrista ha tramitado investigaciones y sostenido juicios orales en casos emblemáticos de feminicidio, lo que le valió ser convocado en 2019 como docente de inducción para los fiscales que asumirían las entonces nacientes fiscalías especializadas.
Las raíces del machismo y los estereotipos de género
Uno de los momentos centrales de la entrevista se produjo cuando uno de los integrantes de la JNJ le formuló una pregunta clave sobre cuáles consideraba que eran las causas y los orígenes del machismo en el Perú. Frente a esta interrogante, Alatrista Aguilar señaló que el machismo es un problema históricamente arraigado que encuentra sus raíces tanto en el ordenamiento social traído por los españoles como en la propia estructura social del incanato. A modo de ilustración, el magistrado explicó que, en ciertas comunidades rurales del Cusco, aún es fácil apreciar micro-machismos normalizados, como la costumbre de que la mujer deba caminar por detrás del hombre cuando se desplazan en familia.
En esa misma línea sociológica, el fiscal remarcó que los estereotipos juegan un rol preponderante en la perpetuación de la violencia, ya que consolidan relaciones de asimetría entre varones y mujeres. Explicó que la sociedad ha impuesto roles tradicionales que exigen a la mujer permanecer en casa al cuidado de los hijos, y que, en muchos casos de su experiencia fiscal, la frustración de estos mandatos machistas es el detonante directo de la violencia intrafamiliar. Para hacer frente a esto, recomendó enfocar los esfuerzos en la educación desde la niñez para cultivar el trato igualitario, además de la imposición de sanciones jurídicas ejemplares que cumplan una verdadera función preventiva en la sociedad.
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Retos probatorios y penales en la justicia de género
En el plano estrictamente procesal, los evaluadores cuestionaron al candidato sobre los vicios más frecuentes en el uso de la cámara Gesell durante la actuación de la prueba anticipada. Alatrista advirtió que la elevada carga procesal y las conexiones virtuales impiden que el juez ejerza un control directo e inmediato sobre las preguntas que formulan los defensores en las pausas de las entrevistas psicológicas. Asimismo, alertó sobre los graves perjuicios que generan las demoras logísticas de hasta ocho meses para programar estas diligencias; un lapso que no solo revictimiza a la agraviada afectando su salud mental, sino que aumenta exponencialmente el riesgo de retractaciones al mantener a la víctima en contacto con el entorno de su agresor.
Finalmente, el magistrado fue consultado sobre su criterio para solicitar la conversión de penas y el establecimiento de la reparación civil en sentencias condenatorias. Alatrista precisó que, si bien la política penal busca sanciones efectivas, la conversión puede ser una salida excepcional y viable en agresores primarios para evitar el resquebrajamiento del núcleo familiar, aunque subrayó que esta figura es inaplicable en delitos graves como la violación sexual o tocamientos a menores. En cuanto a la reparación civil, detalló que cuando no hay un actor civil constituido, el Ministerio Público motiva el monto basándose en el daño emergente, calculando los días de incapacidad física y el costo de la terapia psicológica que requerirá la víctima.
Para acceder al vídeo de la entrevista clic AQUÍ.
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