El postulante Ted Ludvin Martínez Torrico se presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco de la convocatoria para la plaza de juez de la investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción con sede en Cusco. Durante la entrevista personal, el candidato explicó su amplia trayectoria como fiscal adjunto provincial anticorrupción en el distrito fiscal de Ica y su motivación vocacional para ascender en la carrera judicial dentro de su región natal.
Asimismo, destacó que su perfil profesional se ha visto fortalecido por una maestría enfocada en políticas educativas y gestión pública, herramientas que complementan su especialización en el abordaje de la criminalidad administrativa y las contrataciones del Estado.
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Radiografía de la corrupción de funcionarios en el Cusco
Uno de los momentos más relevantes de la evaluación ocurrió cuando se le consultó sobre las particularidades y la incidencia de la corrupción de funcionarios específicamente en la región imperial. Martínez Torrico, sustentándose en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo del segundo semestre de 2024, precisó que los delitos que lideran la carga procesal en el Cusco son la negociación incompatible (23%), seguido por el peculado y la colusión (18%). Explicó que este alto índice delictivo está directamente vinculado al manejo de los abundantes recursos económicos provenientes del canon y sobrecanon gasífero y minero, precisando que casi el 40% de los casos provienen de los gobiernos municipales y el 28% de la gestión del gobierno regional.
En esa misma línea argumentativa, el postulante detalló cómo operan estas redes ilícitas en la práctica, advirtiendo que muchos funcionarios públicos utilizan sus conocimientos técnicos para vulnerar sistemáticamente la normativa estatal. Mencionó la detección de esquemas de crimen organizado en licitaciones municipales, donde se constituyen empresas fachada a modo de «carrusel» para ganar múltiples contrataciones millonarias. Además, alertó sobre la preocupante sobrecarga procesal que enfrenta la región, la cual ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en delitos de corrupción, teniendo a su disposición un solo juzgado de investigación preparatoria titular para afrontar los más de 300 procesos ingresados.
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Raíces históricas y el debate sobre la meritocracia
La entrevista también dio espacio para abordar los orígenes sociológicos e históricos de las inconductas funcionales en el Estado peruano. En un alturado diálogo con los integrantes de la JNJ, se analizó el concepto de «venalidad» y el patrimonialismo, recordando las antiguas prácticas virreinales de la venta de cargos públicos y cómo esta falta de distinción entre el patrimonio estatal y el privado sentó las bases de la corrupción estructural contemporánea, citando los estudios del historiador Alfonso W. Quiroz. Martínez Torrico reflexionó que, aunque la forma de acceder a los cargos ha evolucionado hacia la meritocracia, el fondo del problema persiste debido a una marcada flexibilización de los valores éticos en la sociedad actual.
Finalmente, la evaluación concluyó con un interesante debate jurídico respecto a la asignación de puntajes en los concursos públicos para el nombramiento de magistrados. Al ser consultado sobre la bonificación otorgada por el dominio del idioma quechua, el candidato consideró que esta competencia lingüística es fundamental porque cumple la función de acercar la justicia a la población. Ante la interrogante de si este dominio debería dejar de ser una simple bonificación para convertirse en un requisito de postulación obligatorio en jurisdicciones con alta población quechuahablante como Cusco, Puno o Apurímac, el postulante se mostró plenamente a favor; un aporte analítico que los propios miembros de la Junta reconocieron como valioso para sus debates institucionales.
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